El secretario de Gobierno de Oaxaca, sobre el caso de Sandra Domínguez: “Este gobierno no va a proteger a nadie”

Los días pasan sin novedades de Sandra Domínguez, la activista de 38 años que exhibió la misoginia en el poder de Oaxaca, desaparecida el pasado 4 de octubre junto a su pareja. La noticia provocó estupor en todo México, porque muchos habían visto a la defensora de derechos humanos alzar la voz y denunciar a funcionarios públicos estatales y federales que aún continúan en sus puestos. Jesús Romero López, secretario de Gobierno de esa entidad —gobernada por Salomón Jara, de Morena— atiende por teléfono a EL PAÍS, promete transparencia en la investigación y afirma que el Ejecutivo oaxaqueño “no va a proteger a nadie”.

El secretario de Gobierno ha cambiado su tono respecto a la semana pasada, en la que defendió y desligó de la desaparición a uno de sus funcionarios, Donato Vargas, denunciado por la activista en 2020 y 2023. Ahora, Romero López explica que la Fiscalía ha incluido entre las hipótesis aquellas acusaciones que hizo Domínguez en los años previos: “Todas las líneas están abiertas, desde la investigación a cualquier servidor público estatal que pudiera ser señalado y que tendrá que comprobar que no tiene nada que ver en este asunto, como las actividades de su esposo o las actividades de ella, en su despacho como abogada particular y como activista”.

Domínguez desapareció de su casa en María Lombardo de Caso, en el municipio de San Juan Cotzocón, junto a su pareja, Alexander Hernández, sin dejar rastro. La camioneta que usaban regularmente apareció seis días después, a 68 kilómetros, en Playa Vicente, Estado de Veracruz. Los teléfonos, de acuerdo con Romero López, tuvieron actividad en la entidad vecina, y dice —aunque sin dar fechas concretas— que la última conexión que registra el aparato de él es en Nuevo San Martín, unas horas más tarde que la última conexión de ella, en Arroyo Zacate. Entre ambos puntos hay unos 45 kilómetros de distancia. Desde entonces ninguno de los celulares tuvieron actividad.

El número dos del Gobierno estatal cuenta que mantienen coordinación con la Fiscalía, la Comisión de Búsqueda estatal y las autoridades de Veracruz “para determinar a los o las posibles responsables de esta desaparición, como también obtener rastros de la ubicación en la que pudieran estar”. El funcionario asegura que la activista nunca solicitó protección policial ni se contactó con el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos. Una versión diferente a la que da la familia de la abogada. Su hermana, Kenia Domínguez, dijo este martes en entrevista con Radio Fórmula que Sandra tuvo una escolta policial en algún momento, pero ya no contaba con ella.

Domínguez era una figura pública de gran relevancia en el Estado. Había denunciado en marzo de 2020 al precandidato de Morena Humberto Santos, que aspiraba a un asiento en la Cámara de Diputados local de Oaxaca, por haber creado el chat de Whatsapp “Sierra XXX”, donde políticos y candidatos animaban a compartir fotos íntimas de mujeres indígenas, las sexualizaban y se burlaban de ellas. En marzo de 2023, la defensora de derechos humanos volvió a denunciar la creación de un nuevo chat similar al anterior, esta vez con el nombre de “Mega peda”. Donato Vargas, titular de la Coordinación de Delegados de Paz de Oaxaca, fue apuntado en ambas ocasiones.

La semana pasada, Romero López salió a desmentir en conferencia de prensa que Vargas estuviera vinculado a la desaparición de la activista y aseguró que había dos líneas de investigación, ninguna que involucrara al coordinador de Delegados de Paz. “Ese día, recién se había denunciado la desaparición”, justifica el secretario de Gobierno este martes, “hoy hay más líneas derivado a que la Fiscalía tiene nuevos datos”. Tras la denuncia de la familia, la Comisión de Búsqueda se acercó a María Lombardo y comenzó a hacer entrevistas a los vecinos. A partir de lo recolectado, funcionarios del Gobierno de Oaxaca explicaron a este diario que abrieron cuatro líneas de investigación: una por su activismo, otra por su trabajo como abogada particular, una tercera por actividades que realizó su pareja, y una cuarta, que se activa “cada vez que desaparece una mujer”, hace referencia a una posible situación de violencia de género.

Romero López se detiene en los comentarios que recibieron los investigadores en el campo sobre la pareja de Domínguez. “No busco criminalizar con esto a nadie, pero sí forma parte de una línea de investigación que la Fiscalía tiene en su poder”, se defiende antes de dar mayores detalles. “Circula en redes sociales, y se está verificando la información, un video donde esta persona agrede a una mujer y le dispara a una persona integrante de la comunidad lésbico gay, que atendía un bar en María Lombardo”, comenta. Especifica que se trató de dos balazos, pero que la persona está bien. Y luego insiste en que varios vecinos de la zona declararon que el novio de Domínguez “se identificaba y hablaba a nombre de un grupo delictivo”.

La familia denunció la desaparición cuatro días después de que la muchacha dejara de contestar los mensajes. Una fuente cercana a ellos, que prefiere guardar el anonimato, explica que intentaron presentarla en la Fiscalía en ciudad de Oaxaca, pero no les dejaron y les obligaron a ir hasta María Lombardo de Caso. El secretario de Gobierno dice que es algo que le llama mucho la atención y que la Fiscalía va a investigar. “Queremos saber si es por el temor de la familia, si hubo alguna amenaza, o alguna violencia que se pudiera generar en contra de ellos”, menciona. “Puede ser también una omisión del ministerio público, pero eso tendría que explicarlo el fiscal”.

El caso de Donato Vargas

Cuando Domínguez denunció a Donato Vargas y otros funcionarios, incluidos algunos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, “el gobernador consultó a la Fiscalía del Estado cuál era el estatus de esta denuncia”, dice el secretario. La carpeta está clasificada, pero el funcionario admite que tuvo acceso y relata que la acusación es por “una fotografía de Sandra y le ponen un sticker en la cara distinto al de su rostro, ella señala de sentirse violentada y abusada, incluso por comentarios”. La conclusión de la Fiscalía, sin embargo, fue que se trataba de discriminación, entonces reclasificó el delito, y achacó la responsabilidad a otras personas “distintas a las señaladas” por la defensora de derechos humanos.

Consultado sobre otros mensajes, como fotografías de mujeres desnudas, que se enviaron en los chats en los que participó el coordinador de los Comité de Paz, el secretario de Gobierno dice: “Si Donato Vargas generó esos comentarios, hubiera tenido una sanción, en ningún momento se demostró que él fuera el creador del grupo”. Romero López dice que no barajaron aún pedir la renuncia, pero ante la insistencia de pregundas sobre los mensajes machistas, admite: “Desconozco en qué marco participó y si generó comentarios misóginos o sexistas, esa parte no fue notificada a nosotros. Donato Vargas tendrá que responder por sus actos, por estas conversaciones”.

El número dos del Gobierno oaxaqueño defiende a su funcionario a partir de una prueba pericial hecha al teléfono de Vargas que muestra que hace dos años Sandra Domínguez le pidió perdón porque supuestamente “la utilizaron políticamente para denunciarlo a él”. Sin embargo, la última denuncia que hizo la activista contra Vargas fue hace un año y medio.

—¿Qué mensaje manda el Gobierno a las mujeres al dejar a Vargas en el cargo después de la difusión de los chats?

—No es un tema de las mujeres o de Donato Vargas. Es un tema general de violencia hacia las mujeres, que el Gobierno del estado no comparte. Los juicios a priori o desde los medios no los compartimos. Nosotros vamos a actuar conforme a los procedimientos que el propio Gobierno del Estado tiene. Y si se prueba la participación de Donato Vargas como de cualquier otro funcionario en violencias contra las mujeres, tendrán que asumir las consecuencias de eso. Puede ser desde la remoción del cargo hasta la formación en estos valores de nueva cuenta.