Morena confía en su poder en los Estados para acelerar el blindaje de las reformas a la Constitución

El bloque oficialista en la Cámara de Diputados, formado por Morena y sus aliados, ha echado mano nuevamente de su mayoría calificada para aprobar las enmiendas a la Constitución que blindan cualquier cambio al texto constitucional, incluida la polémica reforma judicial. Seguros de su poder a nivel nacional, la apuesta del Gobierno y de los pesos pesados de Morena es que los congresos locales avalen la enmienda en tiempo récord para hacer la declaratoria de constitucionalidad este mismo jueves. El objetivo es frenar las órdenes de suspensión que pesan sobre la reforma judicial, principalmente el fallo de la Corte, que se perfila a desactivar, en parte, la elección de jueces, ministros y magistrados por voto popular.

Solo falta el visto bueno de, al menos, 17 congresos estatales. Morena y sus aliados gobiernan en 24, por lo que el éxito de la enmienda parece un mero trámite. El nudo de la reforma es que en el futuro no se podrá impugnar mediante amparo, controversia o acción de inconstitucionalidad las reformas avaladas por el parlamento. El debate ha llevado una decena de horas, pero ha quedado cerrado en la Cámara de Diputados la noche de miércoles. Morena ha logrado la mayoría calificada con 340 de sus 362 legisladores, aunque una veintena de morenistas coinciden con las voces críticas de la oposición sobre la inviabilidad de la enmienda.

En el salón de plenos del recinto legislativo han resaltado las protestas de la oposición, el único recurso al que pueden recurrir las disminuidas bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano frente a la aplastante mayoría oficialista. Los panistas se han vestido de luto acompañados a pie de tribuna con lápidas y veladoras. “Descanse en paz el Poder Judicial. Murió víctima del autoritarismo”, se leía. “Les traje la Constitución, no para que la lean, porque ya sabemos que no la leen, para que le pongan un altar de muertos, porque la están matando”, lanzó la diputada panista Annia Gómez. La respuesta vino de la ministra en retiro, exsecretaria de Gobernación y diputada federal, Olga Sánchez Cordero, quien antes proclamó respeto y consideración a los ministros de la Corte, pero negó que la reforma viole o limite los derechos de la ciudadanía. “La Ley de Amparo prohíbe categórica y literalmente la procedencia del amparo contra reformas a la Constitución y lo que estamos haciendo hoy es constitucionalizando este artículo”, repitió en línea con el discurso de defensa de Sheinbaum.

El proyecto de “supremacía constitucional”, como le ha llamado el oficialismo, enmienda los artículos 105 y 107 de la Carta Magna para poner un blindaje a cualquier modificación futura de los Congresos por venir. El decreto aupado por la presidenta Sheinbaum dispone en sus artículos transitorios la retroactividad de la reforma, es decir, aplica a los procesos en curso, llámese amparos, controversias o acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma judicial. Estos cambios a la Constitución procesados de manera exprés buscan frenar una posible invalidación parcial de la enmienda al Poder Judicial, como se perfila en el proyecto que el Supremo mexicano discutirá el próximo martes.