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El INE pone en pausa la implementación de la reforma judicial por un puñado de recursos en los tribunales

La batalla en los tribunales contra la puesta en marcha la reforma judicial eleva la presión contra el organismo electoral, a cargo de la elección de más de 800 puestos de impartición de justicia el 1 de junio de 2025

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, en las instalaciones del INE.
Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, en las instalaciones del INE.Rogelio Morales (CUARTOSCURO)
Elia Castillo Jiménez

La implementación de la reforma judicial suma contratiempos. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha anunciado una pausa en la organización del proceso electivo programado para el 1 de junio de 2025. La causa reside en 140 órdenes judiciales para suspender temporalmente la implementación de la polémica enmienda constitucional. Guadalupe Taddei, consejera presidenta del organismo electoral, ha sido tajante: “Si el Poder Judicial suspende definitivamente la elección de jueces, el instituto lo acatará”. En tanto, los trabajos encaminados a los comicios extraordinarios permanecerán en receso hasta que haya una resolución judicial en firme. Esto ha puesto al árbitro electoral contra las cuerdas, con el tiempo encima para alistar la elección de más de 800 cargos de impartición de justicia y todo lo que ello implica, incluido el presupuesto millonario que deberá prever en la propuesta de recursos para el próximo año, y que entregará a la Secretaría de Hacienda en los próximos días.

La presidenta del INE ha evitado declarar la suspensión de la organización del proceso. “Recibimos notificaciones [de suspensión] y las estamos respetando, pero también estamos a la espera de la resolución del Tribunal [...] estamos esperando la respuesta”, dijo Taddei en conferencia de prensa. El nuevo tropiezo se da al día siguiente de la publicación de la convocatoria que da por iniciado el proceso para la primera elección de jueces, magistrados y ministros por voto directo en las urnas. " [Esto] nos meterá en un apuro, esta espera, esta calma de no avanzar con actos jurídicos. Al Consejo General sí lo podrá meter en una complicación, pero lo tendremos que resolver”, reconoció la consejera.

La cartografía electoral, el número de casillas, de boletas y el diseño de éstas; así como el número de papeletas, los costos de la elección y la fiscalización son el mínimo de preguntas alrededor de la implementación de la polémica enmienda constitucional. Los recursos suficientes para llevar a buen puerto una elección tan compleja también ocuparán la atención pública los próximos días. Taddei dio en junio una proyección presupuestal sobre el costo del proceso de elección judicial. “Más o menos como una elección presidencial”, dijo. Claudia Sheinbaum ganó la presidencia de México el 2 de junio en una elección que significó 9.500 millones de pesos, de éstos 3.300 fueron prerrogativas para los partidos políticos.

Ante los amparos para suspender la ejecución de la reforma, aunado a la falta de sentencia del tribunal electoral sobre la Impugnación que el INE interpuso para saber si continúa con la organización de la elección judicial, la comisión especial encargada del tema ha optado por parar los preparativos. “No podemos tomar una decisión para continuar ni en comisión, ni en consejo, ni en las áreas”, sostuvo la consejera presidenta del INE.

Las contrariedades se han convertido en el pan de cada día de la reforma al Poder Judicial. Este jueves la jueza de Distrito en Veracruz, Nancy Juárez, ha declarado la suspensión definitiva de la reforma y ha ordenado a la presidenta, Claudia Sheinbaum, y al director del Diario Oficial de la Federación, Alejandro López, que en un plazo no mayor a 24 horas eliminen la publicación de la reforma realizada el 15 de septiembre. La omisión de la presidencia a acatar la suspensión provisional de la reforma emitida previamente a la publicación del decreto ha sido el motivo de este nuevo fallo judicial.

El desacato a la orden judicial tiene consecuencias penales para la mandataria según la juzgadora en su resolución. “Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [...] No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado [...]”, dicta el artículo 262 de la Ley de Amparo que cita la jueza en su fallo. En la cancha del INE, las 140 suspensiones judiciales para frenar la implementación de la reforma al Poder Judicial han surtido efecto. Se ha pausado la organización de los comicios judiciales que, de momento, acumula contratiempos.

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Sobre la firma

Elia Castillo Jiménez
Es periodista mexicana, está especializada en temas de política: Congreso de la Unión, partidos y elecciones. Ha trabajado en distintos medios como Milenio, Radio Centro y El Heraldo de México. Es licenciada en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México.
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