Los rostros de los jueces que serán despedidos por la reforma judicial: “No entiendo por qué nos odian sin conocernos. Muchos venimos de abajo”

La jueza Marlene Ángeles Tovar tuvo la idea de ser abogada cuando era una adolescente cursando la secundaria. Solía acompañar a su abuela a la estación de la policía, a la fiscalía, a los juzgados, en busca de ayuda tras la muerte de su hijo. Su abuela, una migrante de Tlaxcala que nunca aprendió a leer ni a escribir, que se ganaba la vida limpiando casas ajenas, que se guiaba en el Metro de Ciudad de México descifrando imágenes imposibles, no encontró en el sistema de justicia un alivio a sus problemas. “Yo veía llorar a mi abuela porque nadie la escuchaba. Un día en la escuela, no sé bien cuándo, me dije: yo voy a ser abogada”, cuenta Tovar, que hoy es jueza de distrito en un juzgado auxiliar con sede en Culiacán (Sinaloa).

Tovar, de 46 años, y su hermano fueron criados por una madre soltera, en una casa que consistía en una sola pieza de muros descascarados, piso de tierra y techo de láminas, según relata en entrevista. Sin recursos, estudió en escuelas públicas y se graduó en Derecho por la UNAM. Eso solo fue el comienzo de otra ardua etapa. Decidió ser jueza y siguió los pasos marcados por la carrera judicial, el sistema escalonado —creado con la reforma de 1994— en el que los abogados ascienden mediante posgrados, cursos de actualización y exámenes. Tovar, como cualquier estudiante criado en un entorno sin opciones, no hizo otra cosa que estudiar. Han pasado 22 años desde que ingresó al Poder Judicial como oficial en un juzgado, el puesto más bajo. Hace dos años se convirtió en jueza de distrito.

Podría haber aspirado a ser magistrada de circuito y luego, quizá, ministra de la Suprema Corte de Justicia. Pero cualquier sueño ha quedado trunco. El próximo año, Tovar y otros cientos de juzgadores federales deberán dejar el cargo por el que lucharon durante años para ser reemplazados por nuevos jueces electos en las urnas por voto popular. Es una consecuencia de la reforma judicial impulsada por Morena, el partido de gobierno, con el argumento de que los jueces son corruptos, privilegiados y serviles a los potentados y los narcotraficantes. La renovación de la judicatura se hará en dos elecciones. En la primera, en junio de 2025, se elegirá a la mitad de los cargos judiciales; en 2027, a la otra mitad.

Para determinar qué cargos irán a la primera elección, el Senado, dominado por el oficialismo, hizo un sorteo con pelotas numeradas en una urna transparente, como si fuese la Lotería. El cargo de la jueza Tovar resultó seleccionado por azar. En total, 386 jueces federales y 464 magistrados de circuito perderán su trabajo en un año. En 2025 también serán elegidos nuevos ministros de la Suprema Corte y los integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina.

“Yo no puedo creer que nos hayan reducido a un número en una bolita”, dice el juez Rafael Quezada, titular de un tribunal laboral con sede en Ciudad de México. “Ese número no tiene nada que ver con la ética, la capacidad, el crecimiento, el aprendizaje, las técnicas adquiridas, la productividad que uno debe tener en los tribunales y los juzgados. Fuimos un número echado a la suerte”, se lamenta. Ningún país en el mundo elige a todos sus jueces por voto popular. México, el mayor país de habla hispana, ha decidido hacer el experimento y se asoma a lo desconocido.

La elección de jueces marca, a su vez, el derrumbe de la carrera judicial, una rigurosa institución con tres décadas de existencia. La convocatoria para postularse a alguno de los cargos judiciales relaja los requisitos para los candidatos, a quienes se les pide únicamente tener título en Derecho, comprobar un buen promedio, tener experiencia en el litigio, escribir un ensayo de tres cuartillas y entregar cartas de recomendación de vecinos y colegas.

El dilema de hacer campaña

Morena incluyó en la reforma una cláusula que permite a los juzgadores participar en los comicios si así lo desean. Quienes declinen presentarse a la elección podrán optar por un retiro anticipado y una indemnización como compensación. Para muchos jueces, hacer campaña es esencialmente incompatible con la labor de impartir justicia y vulnera la independencia judicial. “¿Qué le voy a decir yo a la gente al hacer campaña? ¿Que voy a aplicar las leyes como las tengo que aplicar? ¡Eso siempre lo he hecho!”, razona el juez Quezada, que, pese a las dudas, valora si ir a los comicios para intentar retener su cargo. “Nunca pensé que iba a estar en esta encrucijada donde la pregunta es: ¿en verdad ya no quiero ser juez? A mí me gustaría continuar. Yo estoy viviendo mi sueño siendo juez”, comparte.

La jueza Tovar descarta participar en los comicios judiciales y blande el argumento de la seguridad, en un país en el que cada proceso electoral está marcado por el asesinato de candidatos. “Yo soy de Ciudad de México, pero me mandaron a Culiacán. Y en Culiacán la gente tiene miedo. Se autoimpusieron un toque de queda, y a partir de que oscurece ya nadie sale”, relata. “Culiacán ha vivido épocas de violencia, pero lo que está pasando ahora es impresionante”. Desde hace semanas, el Cártel de Sinaloa libra una guerra intestina, a raíz de la supuesta traición de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán a Ismael El Mayo Zambada. Decenas de personas han sido asesinadas y los enfrentamientos a balazos entre grupos criminales se han multiplicado por toda la ciudad. “¿Cree que yo voy a hacer campaña en Culiacán? ¡A mí me da miedo!”, razona Tovar.

Antonio Ceja, magistrado en un tribunal civil con residencia en Monterrey (Nuevo León), adelanta que declinará postularse como candidato. De 59 años —35 de ellos en la carrera judicial—, Ceja considera que hacer lo contrario significaría legitimar la reforma, dar la razón al oficialismo. “Para mí es una farsa esta elección, porque los partidos políticos y los gobiernos [de los Estados, la mayoría en manos de Morena] van a poner a los candidatos”, observa. “Por dignidad, no podría yo estar en un proceso de elección en el cual no creo. Además, estoy convencido de que eso no va a solucionar el problema, el clamor de justicia que tiene la sociedad en México”, dice.

Contra el prejuicio

El Gobierno de Claudia Sheinbaum —y antes el de Andrés Manuel López Obrador— ha promovido el relato de que el Poder Judicial es corrupto y que no trabaja en beneficio del “pueblo”, pues los jueces retrasan intencionalmente los casos o liberan a los delincuentes. Esa noción monolítica impide ver los pliegues, las superficies rugosas, donde los casos de juzgadores corruptos y privilegiados son excepcionales, a decir de los entrevistados.

“Yo no entiendo, de verdad, por qué nos odian, por qué no quieren conocernos. Si nos conocieran, verían que muchos jueces venimos de abajo”, señala Tovar. “¿Por qué dicen que todos los jueces son fifís, de las élites?”, cuestiona. Fifí es un antiguo término para referirse a la clase privilegiada y que López Obrador volvió a popularizar. “Yo no soy de la élite. Mi mamá a veces no tenía ni para comprar tortillas. ¿De qué están hablando? Nosotros venimos también del pueblo, nos hemos esforzado muchísimo. Yo estoy muy agradecida con el Poder Judicial, porque me cambió la vida”, comparte.

Quezada, de 42 años, es el primero de su familia en laborar en el Poder Judicial y convertirse en juez federal. Le tomó 20 años de trabajo y preparación en la carrera judicial llegar a su actual cargo, en el que lleva apenas dos años. “Soy la primera persona de mi familia que logró su sueño. Entonces, imagínate cómo me afecta esto personalmente”, observa. “Tengo una carrera donde he cuidado mucho mi ética, que mi expediente no esté manchado, donde he procurado tener mucha actualización y mucho aprendizaje para poder hacer bien el trabajo”, detalla.

El magistrado Ceja recuerda que ingresó a la judicatura en 1996, como resultado del primer concurso de oposición en México. Inició trabajando como chofer de un juez, años antes de la creación de la carrera judicial, aún siendo estudiante. Gracias a que pasó el examen se convirtió él mismo en juez y luego en magistrado de circuito, cargo que ha desempeñado desde hace 24 años. “Con esta reforma están truncando un proyecto de vida al que le apostamos desde que iniciamos en el Poder Judicial”, critica. Ceja está sopesando, mejor, jubilarse y dar clases en universidades.

Los entrevistados coinciden en la dureza de la carrera judicial y el esfuerzo que demanda ascender en el escalafón. “Se requieren muchos estudios y muchos desvelos. Yo, para poder ser juez, hasta me tuve que separar un rato de mi familia, me tuve que aislar para poder tener tiempo”, comparte Quezada. La jueza Tovar explica que, al despachar en un juzgado auxiliar —cuya función es aliviar la carga de trabajo en otros tribunales—, tuvo que tomar cursos complementarios en distintas materias: penal, civil, mercantil, administrativa, agraria. “Yo lo único que sé es que mi carrera judicial la destruyeron con una tómbola. No tuvieron compasión”, reprocha Tovar, llorando ya.