Morena vence las resistencias del Poder Judicial y prepara la primera elección de jueces en 2025

La reforma al Poder Judicial en México avanza a pasos pequeños, ante las enormes resistencias que han puesto los propios jueces, sobre los que recaerán las profundas modificaciones institucionales previstas en la enmienda constitucional. El sábado, el Senado hará el primer sorteo en el que definirá qué cargos judiciales —entre jueces de distrito y magistrados de circuito— irán a la primera elección por voto popular, en 2025. Para que dicho sorteo se lleve a cabo, el Consejo de la Judicatura (CJF) acordó entregar al Congreso —como ordena la Constitución— un listado con los nombres de todos los juzgadores, su materia de especialidad y su adscripción. La decisión del CJF ha causado revuelo en el gremio judicial, pues varios jueces habían emitido resoluciones para suspender el avance de la reforma. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho este jueves sobre la polémica: “El llamado es a que acepten que ya hay una reforma constitucional y que no va a haber retroceso en la elección de jueces, magistrados y ministros, por una razón: es una decisión del pueblo de México”.

La reforma judicial, aprobada en septiembre, estableció que en 2025 irán a elección los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (este último reemplazará al CJF). También se elegirá a la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito. En 2027 se votará a la mitad faltante, así como a los magistrados del Tribunal Electoral. El Senado debe seleccionar los cargos a renovarse el próximo año y emitir la convocatoria, dirigida a los abogados que aspiren a convertirse en jueces. En la reforma se asentó que el Consejo de la Judicatura —el órgano administrativo y de vigilancia del Poder Judicial— debe entregar al Senado “un listado con la totalidad de cargos de personas juzgadoras, indicando su circuito judicial, especialización por materia, género, vacancias, renuncias y retiros programados, y la demás información que se le requiera”.

Con base en ese listado, la Cámara alta hará un sorteo para definir qué cargos irán a elección en 2025, por circuito judicial y especialización por materia. De suyo, entrarán los lugares que estén libres por vacancias, renuncias y retiros programados. Los cargos restantes serán seleccionados mediante un sorteo público que llevará a cabo el Senado este sábado. En México hay 32 circuitos judiciales, uno por cada Estado de la República, en los que hay juzgados y tribunales colegiados organizados por materias: administrativa, penal, civil, amparo, trabajo y otros especializados. La insaculación es el paso previo que debe dar el Senado para poder lanzar la convocatoria. Ya avanza a contrarreloj. Tiene hasta el 16 de octubre para emitirla.

Es en este punto donde entra al juego el Poder Judicial. La gran mayoría de la base de trabajadores y jueces se opone a la reforma. Desde hace dos meses la judicatura se fue a paro laboral y los tribunales están paralizados. Cuando ya era un hecho que la enmienda se aprobase en el Congreso, varios jueces concedieron amparos intentado frenar lo inevitable: ordenaron que los legisladores no sesionaran, que el presidente no promulgara la ley, que el Consejo de la Judicatura no entregara las listas de juzgadores. La propia Suprema Corte, donde el oficialismo no tiene mayoría, ha admitido a trámite algunos recursos de los que podría derivar una resolución de alto impacto. Para Morena, se trata de medidas desesperadas desde el Poder Judicial y, más aún, de maneras de desafiar lo que ya es firme en la Constitución.

Las negociaciones en la judicatura

Más allá de la pugna jurídica, las aguas de la política se han movido en lo profundo. Esta semana, el martes, Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte y cabeza del Poder Judicial, se reunió en privado con los senadores morenistas Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López e Ignacio Mier. No ha trascendido de qué se habló en ese encuentro, ocurrido en momentos cruciales de la implementación de la enmienda. Al día siguiente, de manera tajante, la presidenta Sheinbaum desconoció la reunión y reconfirmó que no habría cambio en la postura del Gobierno de que la reforma al Poder Judicial seguirá adelante. Del lado tanto de la Suprema Corte como de Morena se han limitado a afirmar que fue meramente un encuentro de acercamiento, de diálogo, de buena fe.

Todavía la tarde del miércoles no había claridad sobre si el Consejo de la Judicatura entregaría las listas a que le obligaba la Constitución. Por la noche, Noroña, presidente del Senado, dijo ante el pleno que el CJF había hecho una votación y que resolvió sí hacer la entrega. Reforma consigna que, en efecto, hubo una votación dividida de cuatro consejeros contra tres, en una decisión que implica “no atender las medidas cautelares dictadas por los jueces de distrito en las que se ordenó congelar momentáneamente los actos que debe llevar a cabo el CJF establecidos en la reforma judicial”. La ministra Piña, que preside el Consejo de la Judicatura, votó en contra. Los votos a favor fueron de los consejeros allegados al oficialismo. “En total, había más de 70 suspensiones provisionales contra la reforma aprobada el 11 de septiembre, y al menos dos fueron dictadas contra los actos que debía llevar a cabo el CJF para implementarla”, precisa el diario. Este jueves, la asociación federal de jueces y magistrados, la JUFED, ha acusado que la decisión del Consejo de la Judicatura significa “una clara ruptura del Estado de Derecho”.

No todo, sin embargo, significó una derrota para los integrantes del Poder Judicial. En la misma sesión, el CJF aprobó varios alivios en materia de prestaciones laborales para los jueces, funcionarios judiciales y trabajadores, según una circular publicada por el Consejo de la Judicatura. Por ejemplo, se decidió respetar lo que resta del año los salarios de los juzgadores y funcionarios que ganan más que la presidenta de la República, a contrapelo de lo que establece la reforma constitucional. También se acordó que conserven sus sueldos y prestaciones hasta 2025, año en que deben dejar el cargo. Se mantendrá el pago de prestaciones complementarias y apoyos médicos. Se definirá un plan de retiro voluntario para los juzgadores que así lo deseen, y otro para el pago de la indemnización prevista para quienes decidan no participar en la elección del próximo año. También se acordó que el trabajo acumulado en los juzgados debido al paro laboral —en el que se ha mantenido el pago de salarios de los paristas— se desahogue conforme al horario laboral de ocho horas, y no a marchas forzadas.

Toques finales

Con las listas de juzgadores en mano, el senador Noroña ha convocado a la insaculación pública el sábado. En un primer momento, el presidente de la Cámara alta instruyó que una comisión de senadores acometa la tarea. El coordinador del grupo de MC, Clemente Castañeda, protestó por la decisión de Noroña, pues, ha argumentado, la reforma judicial estableció en la Constitución que el sorteo debe efectuarlo “el órgano legislativo”, es decir, el pleno del Senado, no una comisión. Noroña ha reculado. Afirmó que, aunque tiene facultades para delegar comisionados, finalmente la insaculación la hará el pleno, para no dar argumentos al Poder Judicial de que no se cumplió la implementación de la reforma al pie de la letra. El presidente del Senado ha estimado que el sorteo podrá durar hasta 12 horas.

La reforma judicial toca varias bandas, juegan varios actores dentro del oficialismo, y Sheinbaum ha tenido que dar golpes de autoridad para evitar que alguien se salga del guion. El martes, en comisiones del Senado, la mayoría morenista aprobó cambios en leyes secundarias que significaban menoscabar la autonomía de los Comités de Evaluación, los grupos técnicos encargados de calificar a los aspirantes a jueces, filtrar a los más aptos y elaborar las listas finales de candidatos que aparecerán en las papeletas de votación. En los hechos, el Congreso y el Ejecutivo —dominados por Morena— se arrogaban el poder de vetar las listas de los Comités de Evaluación, lo que provocó críticas de la oposición, que advirtió de que esos cambios iban en contra de lo que se aprobó en la reforma y que ya está en la Carta Magna. Este jueves, la presidenta sugirió que esos cambios no le fueron consultados y se expresó en contra. Horas más tarde, Morena en el Senado anunció que metería reversa. Alguien estaba jugando su propio juego.