Sheinbaum envía al Senado la batería de cambios a las leyes secundarias para la reforma judicial

Claudia Sheinbaum ha enviado este lunes al Senado mexicano una batería de cambios a leyes secundarias que detallan cómo va a ser la elección popular de jueces, magistrados y ministros el 1 de junio de 2025. Acompañada de su consejera jurídica, Ernestina Godoy, la presidenta ha especificado los próximos plazos y tareas que corresponden a cada órgano, además, ha hecho hincapié en que la reforma ya es una realidad: “La reforma judicial ya fue aprobada, es constitucional, y el proceso electoral va a iniciar en unos días, después de la aprobación de estas dos leyes”. Las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral quedarán listas el miércoles, según ha anunciado el presidente de la Cámara, Gerardo Fernández Noroña.

Los engranajes para hacer funcionar la compleja reforma judicial ya se han puesto en marcha. El 1 de junio de 2025 se elegirán a los nueve integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a los magistrados del Tribunal Electoral —los puestos que se encuentren vacantes—, los magistrados que conformarán el tribunal de disciplina judicial, y al 50% de los magistrados de tribunales colegiados de circuito y de tribunales de apelación. También a la mitad de los jueces integrantes de los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación. Los restantes se elegirán en 2027. Sobre la elección popular de los juzgadores estatales, ha explicado Ernestina Godoy, habrá que esperar a los plazos que decidan las entidades.

Las modificaciones a las dos leyes que se han enviado este lunes al Senado sirven para “hacer más clara y detallar lo que no viene en la Constitución sobre la reforma al poder judicial”, ha señalado Sheinbaum. En palabras de Godoy, se está preparando un “libro único para toda la elección de los juzgadores” que dará “certeza, legalidad, imparcialidad y transparencia” al proceso. La consejera ha hecho un repaso rápido a lo que suponen estos comicios, que serán organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y por sus órganos locales.

El 16 de octubre el Senado emitirá la convocatoria general para la elección a los tres poderes: judicial, ejecutivo y legislativo. Los Comités de Evaluación, que estarán formados por cinco integrantes reconocidos del ámbito jurídico, se instalarán el 31 de octubre. Cada poder tendrá el suyo. El 24 de noviembre comienza la inscripción de los aspirantes, y en diciembre se verificarán los que cumplen los requisitos para ser elegidos. Después, algunas fechas claves de 2025 serán el 31 de enero, cuando ya se seleccionen los finalistas para los puestos: 10 candidatos por cada puesto de ministro, de magistrado electoral y del tribunal de disciplina; y seis para magistrados de circuito y jueces. En febrero, los listados se depurarán finalmente a tres aspirantes por cada puesto de la SCJN, Tribunal Electoral y de disciplina; y dos para el resto de categorías.

Ernestina Godoy ha explicado que “las personas en funciones tienen el pase automático”, a no ser que hayan declinado presentarse, por lo que el Senado los incluirá en su propuesta. La Cámara Alta enviará el listado definitivo al INE el 12 de febrero de 2025. A partir de ahí, el órgano electoral vigilará que los candidatos no reciban “financiamiento privado o público”, impondrán un tope máximo de gasto propio, organizarán los foros de debate entre los candidatos, administrarán el tiempo en radio y televisión, y también darán validez a la boleta de elección.

La presidenta ha respondido que todavía no hay una cifra exacta de cuánto va a costar esta elección, pero que unas primeras estimaciones calculan unos 5.000 millones de pesos (unos 260 millones de dólares). Sheinbaum también ha lanzado este lunes un mensaje a la Suprema Corte: “Si por alguna razón la Corte no envía las vacantes que son necesarias para la convocatoria, el Senado utilizará la información disponible públicamente para poder realizarla”. También ha señalado que en el caso de que no formen su comité de evaluación (como corresponde a cada poder), ya están establecidos los mecanismos para sustituirla. Hace solo unos días que la Suprema Corte aceptó a trámite una consulta, de un grupo de jueces y magistrados, que busca impugnar la reforma judicial.