La ira por los 10 años de Ayotzinapa se topa con el muro de Palacio Nacional

La lluvia no se oye en el zócalo de Ciudad de México. Cae constante y repiquetea, pero no se escucha. Está tapada por los gritos de justicia, por los puños en alto, por la herida que ruge: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. Miles de personas han marchado este jueves por los 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La ira se ha ido fraguando durante una década sin respuestas. Entre la tristeza y la rabia, una sensación impregna la protesta de este aniversario: el tiempo apremia. Faltan días para que se acabe el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien prometió esclarecer el caso. La investigación, encargada por el presidente, llegó hasta que tocó al Ejército. De ahí no pasó más. Este jueves se ha deslizado un último símbolo: un Palacio Nacional que espera blindado, sordo, ante el reclamo de justicia.

La tarde de un 26 de septiembre de hace 10 años, decenas de estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa llegaban a Iguala, Guerrero. Buscaban hacerse con unos autobuses para ir a la marcha que conmemoraba la matanza de Tlatelolco, en Ciudad de México. Lo consiguieron, pero fueron interceptados cuando trataban de salir del pueblo por un enjambre mezclado de policías y criminales. Cazados, acorralados, desaparecidos desde entonces. Una tarde de hace justo 10 años se vio por última vez a 43 alumnos humildes de México. Desde entonces, los buscan sus familias, los esconde el Estado.

“Aquí seguimos los necios de siempre porque nos asiste la razón”, ha dicho este jueves Hilda Legideño, madre de José Antonio, frente a Palacio Nacional, “quisiéramos retirarnos, pero no podemos porque nos falta un hijo”. Como ella, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel: “Nuestros hijos fueron desaparecidos por el Estado. Nosotros seguiremos adelante porque el derecho a la verdad y a la justicia está por encima de todo”. También Mario González, padre de César Manuel: “A estos 43 padres de familia no nos van a detener esos pedazos de bloque, si tenemos que brincarlos los vamos a brincar”, en referencia a los muros de concreto que el Gobierno había instalado en las calles aledañas al Zócalo.

Esta ha sido la primera marcha desde que los familiares rompieron oficialmente el diálogo con López Obrador. Desde la tarima, las familias han cargado contra el presidente a quien acusan de haberlos traicionado por proteger al Ejército. “Exigimos que los militares entreguen los folios donde está la información faltante de lo que ocurrió esa noche”, ha insistido Hilda Legideño. Por el camino al Zócalo, se repiten las pintadas recordando los 800 documentos que la Secretaría de Defensa Nacional tenía sobre el caso. Por el camino, se repiten los gritos: “¡Fue el Estado!”.

Las investigaciones han demostrado que todas las corporaciones de seguridad —municipal, estatal, federal y militar— estuvieron presentes esa noche en Iguala. Que el Ejército tenía agentes de inteligencia en los dos principales escenarios de donde se llevaron a los muchachos, que estaban monitoreando en tiempo real a los criminales que se los llevaron, también que se habían infiltrado en la Normal Rural de Ayotzinapa. De los 142 procesados por el caso, hay alrededor de 60 policías locales, 17 militares, también el antiguo jefe de la policía de Guerrero. Decenas de servidores públicos están en la cárcel. Algunos, como los policías de Iguala, Cocula y Huitzuco, por la participación activa en la desaparición; otros, como los generales que comandaban los cuarteles militares de la zona, por su presunta colaboración con el grupo criminal Guerreros Unidos.

Los investigadores asumen actualmente que, en colaboración con las fuerzas de seguridad, Guerreros Unidos secuestró a los muchachos, los separó en grupos y los mató. Que lo hicieron en diferentes lugares y que sus restos acabaron quemados, reducidos a pequeños fragmentos, que fueron deshechos en ácido. Que los asesinos repartieron lo que sobró en diferentes lugares, minas abandonadas, barrancas, pozos. No hay certeza de quién exactamente, dentro del entramado criminal y estatal, hizo qué. Tampoco dónde quedó cada estudiante.

En esta década, solo se han encontrados trocitos de hueso de tres de los normalistas. El primero, de Alexander Mora, apareció en el río San Juan, como parte de la simulación creada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto de que los 43 habían sido quemados en el basurero de Cocula. Ya en la Administración de López Obrador, se encontró como agujas en un pajar, en la barranca de la Carnicería, a unos cientos de metros de los otros escenarios, unos trocitos que correspondían a Jhosivani Guerrero y Christian Rodríguez. Eso ha sido todo. Unos gramos frente a la ausencia.

Abel García. Adán Abraján. Abelardo Vázquez. Alexander Mora. Benjamín Ascencio. Antonio Santana. Bernardo Flores. Carlos Iván Ramírez. Carlos Lorenzo Hernández. Christian Rodríguez. César Manuel González. Cutberto Ortiz. Christian Colón. Emiliano Gaspar. Doriam González. Felipe Rosa. Everardo Rodríguez. Israel Caballero. Giovanni Galindes. Jhosivani Guerrero. Jesús Jovany Rodríguez. Jorge Álvarez. Jonás Trujillo. Jorge Antonio Tizapa. Jorge Aníbal Cruz. José Ángel Campos. Jorge Luis González. José Eduardo Bartolo. José Ángel Navarrete. Julio César López. José Luis Luna. Luis Ángel Abarca. Leonel Castro. Magdaleno Rubén Lauro. Luis Ángel Francisco. Marco Antonio Gómez. Marcial Pablo. Mauricio Ortega. Martín Getsemany. Miguel Ángel Mendoza. Miguel Ángel Hernández. Saúl Bruno. Detrás de cada nombre, un grito: “¡Presentación con vida!”.

Este jueves, desde instancias internacionales como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o el Equipo Argentino de Antropología Forense, a decenas de organizaciones de derechos humanos de todos los Estados de México, han reclamado a las autoridades del país esclarecer qué ocurrió con los jóvenes. El encargo no es menor. No lo logró López Obrador, quien en este aniversario ha llegado a decir: “Hicimos todo por encontrar a los jóvenes y a nadie se le protegió. Queríamos saber todo, se complicaron las cosas, están enredadas, complicadas por intereses, pero la verdad siempre se abre paso y la justicia tarda pero llega. Hay que seguir adelante. Eso es lo que puedo decir”.

La estafeta pasa ahora a Claudia Sheinbaum, a quien el presidente ya ha comprometido: “La próxima presidenta es una mujer muy sensible y le va a dar continuidad a la investigación”. También la han mencionado los familiares, los estudiantes: “No descansaremos hasta saber qué ocurrió, gobierne quien gobierne”.

Apúntese gratis a la newsletter de EL PAÍS México y al canal de WhatsApp y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país.