Adrián Alcalá, presidente del INAI: “Es tiempo de que el instituto esté acorde a la nueva realidad del país”

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) camina estos días por lo que podría ser su final. El presidente Andrés Manuel López Obrador busca desaparecer el organismo autónomo, junto a otros seis, con una reforma constitucional que ya pasó por comisiones en el Congreso y espera —sin fecha aún— su turno para ser tratada en el pleno. El comisionado presidente, Adrián Alcalá (Mexicali, 48 años), ha apostado todas sus fichas en la esperanza de que la sucesora de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, cambie de intenciones al tomar posesión el próximo 1 de octubre. El garante de la transparencia en México, que atiende al menos 20.000 quejas ciudadanas cada año, corre riesgo de muerte y entre sus muros de cristal los trabajadores se lamentan. Para negociar la prevalencia, están listos para ofrecer un recorte del 27% del presupuesto. “Es tiempo de que esta institución esté acorde a la nueva realidad política, económica y social de este país. El instituto tiene que modernizarse, tiene que estar más cercano a la gente”, dice Alcalá, sentado en una sala del vistoso edificio durante una entrevista con EL PAÍS.

El instituto ya había salido herido en 2022 de un encontronazo con el partido de Gobierno, Morena, ante la salida de dos comisionados que nunca fueron reemplazados por el Poder Legislativo. En esa ocasión, fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien salió al rescate y les autorizó sesionar sin el quórum establecido. Esta vez, el Poder Judicial también se encuentra tocado por la aprobación de la reforma judicial. Un antecedente que pone sobre la mesa la posibilidad de usar las recién estrenadas mayorías calificadas en el Legislativo para desaparecer finalmente al INAI.

Pregunta. Morena demostró que tiene la aplanadora para aprobar lo que quiera. ¿Estamos próximos a la extinción del INAI?

Respuesta. Desde mi punto de vista, no. Hemos recibido esta semana con agrado las palabras de [Ricardo] Monreal, en el sentido de que la reforma a los órganos autónomos iría en otros tiempos, que habría de buscarse los consensos, todo en referencia a la reforma judicial. No está pausada la iniciativa pero sigue en estudio. Leímos declaraciones de Monreal sobre que habría de resolverse en este periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, Claudia Sheinbaum ha dicho que en el caso de los órganos autónomos, en concreto del INAI, habrá oportunidad de dialogar. Tengo confianza en que vamos a ser escuchados para encontrar la forma en la cual la institución prevalezca.

P. La iniciativa apunta a la extinción, no a un recorte o una reestructuración. ¿Cómo se negocia con eso?

R. Ahorita la iniciativa votada en comisiones lo desaparece. Pero el dictamen es muy ambiguo, tiene muchas lagunas y vacíos. Lo que buscamos es la prevalencia con algunos ajustes, algunas modernizaciones. Buscamos demostrar, con base en evidencia, cómo el instituto sirve a las personas y es relevante para la vida democrática de este país.

P. Sigue poniendo su esperanza en el diálogo después de haber visto lo que pasó con la reforma judicial. ¿Por qué con ustedes sería diferente?

R. Nosotros somos instituciones del Estado mexicano y las instituciones dialogan, trabajan en beneficio de la sociedad. Tenemos la confianza en que vamos a poder ser escuchados porque esta institución es un baluarte de la democracia y las grandes democracias tienen organismos similares al INAI. Hay que garantizar que existan árbitros porque la gente tiene derechos y tienen que estar garantizados.

P. Le envió una carta a Sheinbaum para apelar a lo que usted llama el Plan D, de diálogo. ¿En qué quedó eso?

R. Está caminando, no hemos recibido una respuesta, pero tampoco una negativa. Este periodo legislativo tiene muchos días todavía, hasta el 15 de diciembre. Una vez que la doctora asuma el cargo, habrá que tomar decisiones. Mientras no nos digan que no nos va a recibir, tenemos confianza. Ante la adversidad, está la oportunidad. El INAI no ha dejado de trabajar un solo día en todas las adversidades que hemos presentado a partir de 2022, cuando dos personas comisionadas concluyeron su encargo, y seguiremos en pie hasta el último día.

P. ¿Cree que Sheinbaum va a traer un cambio de retórica hacia el INAI?

R. Sí. Conocemos los antecedentes de la doctora, el trabajo que hizo con el Instituto [de Transparencia] de Ciudad de México y por eso tenemos confianza en que va a haber un cambio de retórica. No ha hecho referencia negativa a esta institución, ha comentado de manera somera que en su momento se determinará lo que pase.

P. Con un Gobierno con amplia mayoría en el Legislativo, ¿aumenta la responsabilidad de los organismos autónomos?

R. La responsabilidad de los órganos autónomos está con la sociedad. Nosotros no revisamos quién está pidiendo la información, ni tampoco si es contra un sujeto obligado determinado o no. No nos beneficiamos de la información que se otorga. Lo que hacemos es proteger los derechos humanos. Somos contrapeso en favor de los ciudadanos, porque tienen derecho a preguntar, a ser respondidos y los servidores públicos tenemos una obligación de rendir cuentas. Esta institución se creó no como una concesión política, sino por una exigencia de la sociedad. Vio luz en junio del 2002 y se instaló en 2003.

P. Dice López Obrador que el INAI es oneroso y usted ofreció recientemente hacer un recorte del 27% del presupuesto. ¿Tiene razón el presidente?

R. No somos una institución onerosa, pero hay áreas de oportunidad de mejora a partir de una autocrítica. Nuestro presupuesto ronda en menos del 1% del Presupuesto de Egresos de la Federación. Más que costoso, yo diría que es una inversión en la democracia. Sí, 1.097 millones de pesos. Podemos hacer ajustes sin poner en riesgo las facultades que tenemos, sería justo lo mínimo para poder trabajar.

P. Ese 27%, ¿en qué lo recortarían?

R. Se habla de que la parte de los datos personales se trasladarían a la Secretaría de Economía. Si eso prospera y mantenemos esta institución, ahí habría una reducción considerable. Pero además en otros gastos como convenciones, comisiones nacionales e internacionales. También en un rediseño de siete comisionados a cinco o tres. Una reducción del número de secretarías, compactando direcciones generales. Las instituciones tienen que adaptarse y modernizarse.

P. Si desapareciera el INAI, ¿podría la Función Pública u otro organismo hacer el trabajo?

R. Lo podría hacer con muchas complejidades porque se necesita una transformación total de la Secretaría o la entidad correspondiente. Función Pública no resuelve derechos humanos. La formación del personal tiene por misión verificar que se realice de manera correcta el trabajo [de una dependencia pública], que cumpla con las metas, con indicadores. No están internalizados para resolver derechos fundamentales. Además, al estar en manos de la propia autoridad, se corre el riesgo de que no se le responda una petición de información pública. El ser juez y parte es una tentación muy grande.

P. Decía que en 2002 nació el instituto como una exigencia social. ¿En qué favoreció a la democracia?

R. La gente hoy está informada, tiene leyes y mecanismos para garantizar la protección de sus datos personales. México se ha fortalecido en el conocimiento público. Antes dependíamos de la voluntad de los titulares del Ejecutivo, de las autoridades, de lo que nos quisieran informar. Ahora la gente conoce, cuestiona y tiene más conciencia. Forma una sociedad más participativa y más activa en los asuntos públicos.

P. Y, sin embargo, el presidente puede pararse al frente de todos y difundir el teléfono de una periodista sin consecuencias, como lo hizo con la corresponsal de The New York Times. ¿Qué pasó con eso?

R. Lo que hicimos fue abrir un procedimiento de garantía de derechos, porque nadie está exento de la ley. Habría que preguntar al Órgano Interno de Control (OIC) de la Presidencia cuál es el seguimiento. El diseño de la ley establece que, respecto de los sujetos obligados de la Administración Pública Federal, se da el cumplimiento de esa resolución a través de los OIC. A propósito del diálogo que estamos solicitando, vemos en esas deficiencias áreas de oportunidad, de mejora para que la institución tenga mayor fortaleza en el cumplimiento de las resoluciones. Porque lo que hacemos ahorita es verificar que se cumpla con la legislación, pero en materia de protección a las personas le corresponde al OIC aplicar la sanción. Entonces se corre el riesgo nuevamente de ser juez y parte. Si eso lo trasladamos al futuro, hay una tentación muy grande de que se corra ese estancamiento frente a una petición de información. ¿Si no existieran los mecanismos de garantía, los servidores públicos cumplirían voluntariamente la ley?

P. ¿No pasa eso con el instituto? ¿Quién vigila al que vigila?

R. Nosotros tenemos mecanismos de control. Nos vigila la Auditoría Superior a la Federación (ASF) y el Senado. Damos cuenta de lo que hacemos y nuestras actuaciones pueden ser revisadas por el Poder Judicial.

P. Entonces, ¿qué pasó con las acusaciones que tuvieron de acoso sexual, laboral y desvío de fondos públicos?

R. Dimos vista al órgano de control, incluso la ASF está siguiendo los procedimientos. Son autónomos e independientes de nosotros, pero además, adoptamos ciertas medidas de autocontrol para mejorar la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.

P. ¿Confía en el OIC del INAI pero no en el de Presidencia?

R. El OIC depende de la Cámara de Diputados, que es quien lo eligió. Ella será la responsable de sus actuaciones. Pero nuestro índice de cumplimiento de resoluciones es muy alto, ronda entre 95 y 97%.

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