Órganos autónomos: qué son y qué implica la reforma para desaparecerlos

Una de las propuestas más controvertidas y cuestionadas del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido la de eliminar los órganos autónomos en México. Poco antes de terminar su periodo de seis años de Gobierno, el mandatario hizo esta propuesta con el objetivo de que el recorte millonario de presupuesto se destine para financiar el reparto de pensiones y otros programas sociales que impulsa y que han sido un sello distintivo de su Administración. Sin embargo, para la oposición y especialistas, la propuesta podría significar un retroceso democrático, además de abrir la puerta a un mayor control político sobre áreas que requieren neutralidad y autonomía —como el acceso a la información y exigencia de transparencia al gobierno, por ejemplo—.

El 23 de agosto pasado, la reforma propuesta por López Obrador tuvo su primer avance en el Congreso mexicano, al ser aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. El siguiente paso es que sea enviada al pleno para su revisión y votación, donde se prevé que sea revisada por la nueva Legislatura que inicia labores el próximo 1 de septiembre. La conformación del Congreso favorece al oficialismo, pues Morena y sus partidos aliados, el Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), contarán el 73% de curules en la Cámara de Diputados, con lo que alcanzan y superan la mayoría calificada que se requiere para hacer las reformas a la Constitución que el presidente propuso en su llamado Plan C y que incluyen la desaparición de órganos autónomos, la reforma judicial y la reforma electoral, por mencionar algunas.

¿Qué son los órganos autónomos?

Los órganos autónomos en México son entidades públicas que tienen la responsabilidad de llevar a cabo funciones específicas independientes al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De acuerdo con especialistas, estos órganos son fundamentales para la vida democrática del país, ya que su independencia les permite operar sin estar sujetos a las influencias políticas directas, y así garantizar imparcialidad y objetividad.

La defensa de la propuesta de eliminar los órganos autónomos sostiene que algunas de sus funciones podrían ser absorbidas por dependencias del gobierno Federal e incluso por el Inegi, de acuerdo con el dictamen aprobado, lo que permitiría supuestamente un uso más racional de los recursos públicos. Sin embargo, la iniciativa ha generado una fuerte oposición porque la desaparición de estos órganos podría concentrar demasiado poder en el Ejecutivo.

Qué instituciones podrían desaparecer

Las instituciones que se busca eliminar son las siguientes:

• El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
• El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
• El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
• La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
• La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)
• La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE)

La desaparición del INAI

La propuesta de eliminar el organismo encargado de la transparencia en México ha causado especial preocupación. La organización no gubernamental Fundar indicó en un comunicado que la propuesta es “sumamente grave pues su eliminación debilitaría los controles y contrapesos democráticos y pondría en riesgo la efectividad de los derechos humanos que tutelan estas instituciones, como el derecho a la información”. La ONG también criticó la premura con la que se ha aprobado la propuesta, sin suficiente tiempo para analizar a fondo sus implicaciones.

El lunes 26 de agosto, la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río, dijo en entrevista al diario El Economista que al interior de la institución se tiene una propuesta de reingeniería institucional con lo que se podría reducir su presupuesto en 277,5 millones de pesos, sin que se afecte la eficiencia del organismo y sin sacrificar su autonomía.

El dictamen aprobado en la Cámara de Diputados indica que en lugar del INAI, “los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Las leyes en la materia determinarán los principios generales, así como la competencia de las autoridades de control interno y vigilancia u homólogos en el ámbito federal y local para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados”. Detalla que los “sujetos obligados” deberán regirse por la Ley general en materia de transparencia y acceso a la información pública. Para Fundar esto es un retroceso en materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales construidos a lo largo de los últimos 20 años.

El dictamen detalla que las reformas establecen que las facultades y obligaciones de estos entes públicos se transfieren a diversas dependencias del Gobierno Federal y al Inegi, y se otorga al Instituto Nacional Electoral (INE) la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos. Además, explica que se respetarán los derechos laborales de todas las personas servidoras públicas que serán despedidas.

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