El INAI ordena a Pemex informar sobre la contaminación en el agua de Benito Juárez
La comisionada Julieta del Río Venegas considera que las autoridades no pueden clasificar información sobre el agua porque la salud de miles de personas está en juego
El Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ordenó a Petróleos Mexicanos (Pemex) que informe a un particular sobre las sustancias que contaminan el agua en la Alcaldía Benito Juárez. El INAI tomó esta decisión después de que Pemex respondiera a la solicitud realizada por un particular que era incompetente para dar esa información. Tras analizar el caso, el INAI concluyó que la empresa sí es competente para responder y que deberá hacerlo en el plazo de 10 días hábiles.
La comisionada responsable del dictamen, Julieta del Río Venegas, considera que ni Pemex ni otra autoridad pueden clasificar o reservar información sobre el agua: “El acceso al agua es un derecho constitucional y el Estado debe de garantizar su uso buen uso y que esté en buen estado. Está en juego la salud de miles de personas y la Ciudad de México no puede clasificar la información tres años”, esto último en alusión a la decisión que tomó el Sistema de Aguas de la capital de clasificar la información durante ese tiempo. “El interés de conocer la información es mas fuerte”, agrega en entrevista con este diario.
La empresa estatal lleva trabajando en el problema desde que el Gobierno de Ciudad de México reconociera que el agua de Benito Juárez estaba contaminada con una sustancia “de la familia de los aceites y los lubricantes”, lo que apunta directamente a Pemex. Desde entonces, las autoridades dieron a conocer que Pemex haría análisis del agua junto a Sacmex, Conagua y el Instituto Mexicano del Petróleo. “Existen indicios, como son las múltiples notas periodísticas y los pronunciamientos de autoridades como el Jefe de Gobierno y el propio titular del Poder Ejecutivo Federal, que dan cuenta de la competencia que tiene Petróleos Mexicanos para conocer de la información que se está solicitando”, señala la comisionada en su resolución.
Tres días después del anuncio del Gobierno pudo comprobarse la presencia física de Pemex en la zona contaminada, cuando las autoridades dieron a conocer la clausura del pozo Alfonso XIII, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, supuesto origen de la contaminación. El vínculo con Pemex volvía a aparecer porque la paraestatal tiente varios ductos que pasan muy cerca de la zona contaminada. Días después, la petrolera declaró públicamente que descartaba una fuga procedente de sus ductos.
Sin embargo, más de un mes despué, ni Pemex ni ninguna autoridad que hizo pruebas del agua ha dado a conocer qué sustancias encontraron en el agua, aunque análisis independientes apuntan a la presencia de hidrocarburos de cadena corta y media, así como sustancias como cloroformo, dicloroetileno y bromoformo, entre otras. Todas ellas tóxicas y cancerígenas. Por su parte, las autoridades han insistido en que el problema ha sido resuelto y que el agua está limpia otra vez aunque los vecinos siguen denunciando mal olor y turbiedad.
Julieta del Río explica que más de 100 personas se han acercado a los órganos de transparencia como el INAI o la plataforma de transparencia de la Ciudad de México para conocer la información que las autoridades están ocultado. “La información solicitada es de interés público y tiene una relevancia social muy importante porque los ciudadanos tienen derecho al agua limpia y libre de contaminantes”. Asimismo, la comisionada subrayó la importancia que tienen los organismos de transparencia en el país. “El INAI tiene una utilidad más allá de las obras y los contratos, tiene una utilidad social para defender los derechos de los ciudadanos”.
La resolución del INAI llega un día después de que un juez federal concediera un amparo a un grupo de vecinos con el que se obliga a Sacmex a hacer públicos los análisis sobre las sustancias que encontraron en las más de 4.000 muestras que se recogieron en el último mes. Mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando para conocer la información que las autoridades se niegan a compartir.
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