Cuatro días de debate, dudas con el presupuesto y pocos cabos sueltos: la ruta de la reforma judicial

La reforma judicial ha entrado en su fase final. La Cámara de Diputados ha dispuesto hasta cuatro días para el debate del proyecto de gran calado que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, busca dejar como legado a su sucesora, Claudia Sheinbaum. La presidenta electa ha llamado a respetar el proceso y los tiempos legislativos que marca la ley, según ha dicho Ricardo Monreal, coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados. El bloque oficialista formado por Morena y sus aliados, PT y Verde, ha cuidado cada detalle para iniciar el debate este lunes, al siguiente día del inicio de la nueva legislatura, con la intención de alargarlo, de ser necesario, hasta el jueves. El proyecto, que tiene como eje central la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, está siendo revisado por un grupo de trabajo que integran Olga Sánchez Cordero, expresidenta de la Suprema Corte, y Leonel Godoy, diputado morenista. Desde la bancada oficialista, que cuenta con la mayoría necesaria para hacer y deshacer sin negociar con la oposición, anuncian que habrá alguna propuesta de modificación de fondo y de forma al dictamen, pero que a la vez no dejarán cabos sueltos.

No todos los flancos se han cubierto, en todo caso. Del impacto presupuestal, por ejemplo, no hay nada. La responsabilidad se la han delegado al Instituto Nacional Electoral (INE), quien en los próximos días deberá hacer el cálculo correspondiente de lo que implica el año que viene la primera elección de ministros de la Suprema Corte, magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, integrantes del nuevo Órgano de Administración, la mitad de jueces y magistrados de circuito (entre 800 y 900) y las vacantes. La jornada electoral, de acuerdo al dictamen, se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025 y será organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE). La otra mitad se elegirá en 2027, una elección concurrente con los comicios federales para renovar la Cámara de Diputados. Semanas atrás la presidenta del órgano electoral calculó que el costo de la nueva elección será equiparable a una elección presidencial. La del 2 de junio fue de 9.500 millones de pesos.

A un mes de que Claudia Sheinbaum rinda protesta como la primera presidenta de México, la polémica reforma ha provocado ya diferentes tensiones. López Obrador ha puesto en pausa la relación con las embajadas de Estados Unidos y de Canadá tras pronunciarse en contra de la reforma. Los mercado financieros y las patronales también están presionando. El peso acumula una caída de más de un 15% desde las elecciones de junio, que confirmaron el espaldarazo en las urnas al proyecto del Gobierno.

Como parte de su defensa de la reforma, Sheinbaum ha enfatizado que está renunciando a decidir quiénes serán los ministros de la Suprema Corte. “Con esta reforma, si lo ven así, la próxima presidenta está renunciando a nombrar personalmente a los próximos ministros de la Corte. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo sometemos a voto popular. ¿Quiénes van a participar en esta elección? No son los que la próxima presidenta decida”.

Las reservas o propuestas de modificación al dictamen que presentarán las seis fuerzas parlamentarias se cuentan por cientos. Morena hará lo propio y adicionalmente al centenar de cambios que se hicieron a la iniciativa original enviada por López Obrador en febrero, propondrán cambios de fondo. Sánchez Cordero se ha manifestado en contra de algunos extremos del dictamen que a su juicio deben establecerse en una ley secundaria y no en la Constitución. “No tendrían que estar las cartas de recomendación y el promedio de 8 (para aspirantes a jueces). Vamos a ver qué respuesta tenemos del grupo de estudio para ver cuáles se aceptan y cuáles no”, dijo la exministra que ha de presentar sus propuestas en el debate.

La apuesta del bloque oficialista es consumar la aprobación de la reforma judicial la primera quincena de septiembre. En la Cámara de Diputados no tienen freno para hacerlo. En el Senado están a un voto de la mayoría calificada, que se puede remediar con que un par de legisladores se ausenten de la sesión. Todo está listo para que quede aprobada antes del 30 de septiembre, el último día del sexenio de López Obrador.

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