La familia de un exdiputado del PRI por Sinaloa no aclara si renuncia a su fortuna embargada en Andorra
La viuda del dirigente Lara Aréchiga declara a la juez que desconoce tener a su nombre cuatro cuentas millonarias en el principado
La familia del que fuera entre 2009 y 2012 diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el Estado mexicano de Sinaloa, Óscar Javier Lara Aréchiga, no aclara si renuncia a la fortuna que su pariente amasó en Andorra, según las declaraciones judiciales de su viuda y sus tres hijos ante la justicia de este país europeo a las que ha tenido acceso EL PAÍS.
Lara Aréchiga, que falleció de un cáncer en 2017 con 66 años, ocultó y movió más de 51 millones de dólares [unos 46,8 millones de euros] en siete cuentas en Andorra y mediante un opaco entramado financiero en Panamá y las Antillas Holandesas. Pese a su óbito, la Justicia andorrana ha embargado su millonaria fortuna e investiga por blanqueo a sus familiares en la denominada Operación Culiacán, en referencia a la capital de Sinaloa.
Beatriz del Carmen Teresita Esquer de Lara, de 72 años, viuda del priista, zanjó con un “no quiero contestar” a la pregunta sobre si renunciaba a la fortuna de su marido. La esposa del político se expresó así en la declaración que prestó el pasado noviembre ante un juzgado de Andorra. Una pregunta del fiscal del caso cuya respuesta eludieron todos los familiares investigados.
Esquer de Lara se presentó ante la jueza como un ama de casa con estudios de Administración de Empresas y Pedagogía. Indicó que era receptora de una pensión y arrastraba una trayectoria vinculada a “tareas sociales”. Aseguró que se enteró de que su esposo estaba encausado por blanqueo en el principado por “la prensa española” y que ni ella ni sus hijos gestionaban las finanzas familiares. “Yo solo me encargaba de mis hijos. No sabía que [su esposo] había enviado dinero en Andorra hasta que no salió todo esto”, expuso.
Pese a figurar con su marido como titular y cotitular de cuatro cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), la viuda del priista afirmó que desconocía tener dinero en el principado ni haber contratado ningún producto financiero en ese país. “No recuerdo haber firmado ningún documento relacionado con Andorra. Yo firmaba los documentos que me daba mi marido. Confiaba en él, siempre ha sido una persona muy recta”, indicó esta mujer, que tuvo cuentas cifradas en la BPA.
Esquer de Lara también dijo desconocer el origen de la fortuna andorrana de su marido, que era licenciado en Economía y tenía un postgrado de Harvard. Expuso que el diputado había trabajado “durante muchos años en un banco”, en alusión al Banco del Noroeste de México (Banoro) en Sinaloa, y que fue asesor financiero de empresas.
Ingresos de casas de cambio
La viuda negó tener constancia de la relación del priista con las casas de cambio, unos establecimientos que, según los investigadores andorranos, son usados por tramas corruptas para blanquear capitales. La mayoría de los ingresos millonarios procedían de varias casas de cambio mexicanas que a su vez abrieron cuentas en la BPA. Y rechazó que el fallecido mantuviera nexos con el Cartel de Sinaloa, tal y como apuntó un informe de la Policía del principado que citaba como fuente a la DEA (la agencia antidrogas de EE UU). Sus hijos también negaron esos supuestos vínculos cuando este diario reveló las notas confidenciales de la DEA.
La esposa de Lara Aréchiga admitió conocer al Grupo Viz, el conglomerado empresarial pilotado por el que fuera presidente municipal de Culiacán (2008-2010), secretario de Desarrollo Económico de Sinaloa (2005-2007) y diputado por este Estado del PRI (2003-2004), Jesús Vizcarra Calderón. Este último no está imputado en la causa.
La DEA vinculó a esta corporación con una trama de blanqueo de cocaína ligada al narco Ismael Zambada García, El Mayo, cofundador junto a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, del Cartel de Sinaloa. El Mayo, de 76 años y natural de Culiacán, fue detenido el pasado día 25 en El Paso (Texas) en una controvertida operación.
A preguntas de la magistrada andorrana, Esquer de Lara admitió conocer al contador público Óscar Enrique Loaiza Guerrero, con el que su marido “tenía una relación de negocios” y al que fuera gobernador de Sinaloa entre 1999 y 2004, Juan Millán Lizárraga, que ocultó —al menos— 4,5 millones de dólares en Andorra.
El hijo del exdiputado Óscar Javier Lara Esquer declaró en el juzgado andorrano que su padre siempre fue “muy reservado” con sus negocios. Dijo que su progenitor trabajó durante 28 años como banquero, que fue socio minoritario de una institución financiera con una red de entre 400 y 500 sucursales. Y que sus ingresos procedían de su actividad empresarial y su etapa de funcionario (el exdiputado fue también secretario de Finanzas de Sinaloa).
Al igual que su madre, Óscar Javier Lara Esquer expuso que no sabía si su padre o su familia manejaba cuentas en Andorra.
Siguiendo esta estela, en su declaración ante la juez Stephanie García y el fiscal, Beatriz del Carmen Lara Esquer, hija del priista, también afirmó que no tenía conocimiento del opaco entramado financiero que manejó su padre en el principado y en otros países blindados por el secreto como Curazao (Antillas Holandesas). Y eludió responder a la pregunta del representante del ministerio público sobre si renunciaba al patrimonio de Andorra. “No puedo contestar”, zanjó. Admitió que aceptó la herencia de su progenitor y que le dijeron que le correspondía una casa. También matizó que tenía 13 años cuando el exdiputado abrió su entramado financiero andorrano, en 2007.
José María Lara Esquer, otro de los hijos encausados por blanqueo del exdiputado fallecido, se presentó en su declaración como un administrador de empresas con estudios de postgrado. Y, al igual que su familia, aseguró desconocer los negocios de su padre y su fortuna en Andorra. Indicó que, tras la muerte de su progenitor, en 2017, aceptó su herencia y que entonces conoció la existencia de las cuentas en el país pirenaico.
Todos los miembros de la familia Aréchiga aseguraron desconocer la existencia de la fundación panameña Hazare, que acumula 15,6 millones de dólares (14,4 de euros) embargados por las autoridades andorranas y en la que el exdiputado figuraba como beneficiario. Otra de las sociedades opacas y off shore que utilizó el exdiputado se llamó Riana International B. V. (hoy investigada por blanqueo de capitales). Dependía de la mercantil Riana N. V., en las Antillas Holandesas, de la panameña Riana Development Inc y esta, a su vez, de la Fundación Hazare en Panamá, la gestora de fondos familiares creada por la propia BPA.
Este periódico no ha conseguido recabar la versión del letrado andorrano de la familia Aréchiga.
Tras la declaración de los familiares, la juez acordó pedir una comisión rogatoria (petición de auxilio judicial) a México para volver a interrogar por videoconferencia a José Luis Lara Aréchiga. La magistrada también tomará declaración a otros investigados como María del Carmen Prieto de Lara, Cuauhtémoc López Montes de Oca, Óscar Enrique Loaiza Guerrero, Emma Salazar de Loaiza, Juan Sigfrido y Enrique Millán Lizárraga y Tomás Rendón Fernández.
El entramado de Lara Aréchiga en el principado registró transacciones por valor de 51 millones. El expolítico figuró desde 2007 en este tinglado con su esposa y su hermano José Luis Lara Aréchiga, que tuvo dos cuentas en la BPA que canalizaron 17,8 millones de dólares desde 2007.
EL PAÍS desveló en 2017 que el que fuera diputado priista por Sinaloa ocultó en Panamá y Antillas Holandesas una sociedad con la que movió 16,8 millones. Lo hizo a través de una firma gestionada por la compañía holandesa de servicios fiduciarios BK Group, cuyo departamento de cumplimiento (prevención de blanqueo) cuestionó estas inversiones.
Junto a Óscar Lara Aréchiga, este diario ha desvelado, entre otras, las cuentas en la BPA de dirigentes del PRI como del exgobernador del Estado de México Alfredo del Mazo; el exdiputado Francisco Arroyo Vieyra; el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado; o la senadora Sylvana Beltrones, hija del expresidente de la formación tricolor Manlio Fabio Beltrones.
investigacion@elpais.es
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