Exlíderes del PRI redoblan sus denuncias ante las autoridades electorales para impedir la reelección de “Alito”

El incipiente huracán en las entrañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que han desatado las reformas que le abren la puerta de la reelección a Alejandro Alito Moreno, ha tomado fuerza. Exlíderes de la agrupación política han elevado la presión sobre las autoridades electorales para que declaren inconstitucionales y, por tanto, improcedentes las modificaciones estatutarias aprobadas en la Asamblea Nacional del 7 de julio. Los exdirigentes: Dulce María Sauri, Enrique Ochoa, Pedro Joaquín Coldwell; a los que se suman militantes como: Aurelio Nuño, Fernando Galindo y Fernando Zendejas; así como una veintena de exgobernadores emanados del tricolor, entre ellos José Natividad González, de Nuevo León y José Reyes Baeza, de Chihuahua, han presentado sendos recursos ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en un intento desesperado por invalidar los cambios a los documentos básicos del partido y desactivar la reelección de Alito.

Los exdirigentes han entregado este miércoles a la Dirección de Prerrogativas y Partidos del INE un documento que contiene una larga lista de consideraciones para declarar inconstitucional la reforma que permite la reelección de la presidencia y de la secretaría general a nivel nacional y estatal del PRI hasta por tres periodos consecutivos. Las voces críticas al desempeño de Moreno en la conducción del partido —con 10 entidades que gobernaba perdidas y una bancada legislativa reducida—, han enlistado una serie de presuntas ilegalidades que se cometieron desde la planeación de la asamblea, al siguiente día de la elección del 2 de junio.

Las posibles faltas al debido proceso se han sustentado en diversos ejes, principalmente en la ilegalidad de las dos convocatorias: la de la Asamblea Nacional Ordinaria y la que da inicio al proceso de renovación de la dirigencia. De acuerdo a la ley, estas reuniones no pueden realizarse hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva las impugnaciones y valide la elección presidencial, algo que no ha ocurrido todavía. A los argumentos se suma el poco tiempo que consideran se les dio a los consejeros para reflexionar sobre las reformas a 16 artículos de los documentos básicos publicadas la noche el 6 de julio, horas antes de la asamblea. El corto periodo de reflexión, dicen, contraviene lo que dicta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que antepone el respeto al principio de deliberación democrática en la expedición de una norma.

Los priistas han lanzado dardos por todos los flancos. A la serie de presuntas ilegalidades agregan que los cambios estatutarios no han sido avalados aún por la misma autoridad electoral, por lo que no tienen efecto legal e invalida el proceso de renovación que inició este miércoles con solo dos fórmulas inscritas para participar: Alito y Carolina Viggiano, dirigentes del partido desde agosto de 2019, y Lorena Piñón y Cuauhtémoc Betanzos, para la presidencia y la secretaría general, respectivamente.

Los exlíderes, en su calidad de consejeros y militantes del PRI, no han dejado cabos sueltos para fundamentar sus consideraciones y han rematado recordando los principios que dieron origen a la creación de la agrupación. “Uno de los pilares fundamentales sobre los que está construido nuestro partido, a partir de la Revolución Mexicana, es el principio de no reelección” se lee en el documento en el que piden que la asamblea, y en consecuencia los cambios estatutarios, sean declarados inconstitucionales. Este recurso se suma a dos más que también han presentado ante el Tribunal Electoral con el mismo objetivo, pero en ese caso aludiendo a la protección de los derechos de la ciudadanía.

Este martes los exgobernadores que integran el Frente Amplio Renovación por México, ala disidente del PRI, echaron mano de la figura del amicus curiae para presentar su inconformidad sobre las reformas al artículo 178 de los Estatutos priistas. Sus argumentos coinciden con los expresidentes: ponen sobre la mesa la presunta ilegalidad de la convocatoria a la asamblea. La demanda se encamina hacia el mismo objetivo, echar atrás la reforma, designar una nueva dirigencia interina conformada por expresidentes y pesos pesados para iniciar con el análisis de la situación del partido que ha quedado bastante reducido tras los comicios del 2 de junio.

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