Una jueza ordena la liberación de ocho militares relacionados con el ‘caso Ayotzinapa’

Una jueza de distrito del Estado de México ha ordenado la liberación de ocho militares vinculados con el caso Ayotzinapa. Los soldados fueron apresados en junio de 2023, luego de que la Fiscalía los relacionara con la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, en 2014. Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz enfrentarán el proceso judicial en libertad condicional.

Acusados de desaparición forzada, los miembros del Ejército deberán cumplir con una serie de condiciones para recuperar su libertad como el pago de una fianza de 50.000 pesos, la firma periódica cada 15 días ante el juzgado, la retención de su pasaporte y la prohibición de acercarse a testigos y víctimas del caso, así como evitar acudir al Estado de Guerrero. Los militares podrían salir esta misma semana del campo militar número 1-A, donde permanecen presos.

En casi 10 años, las familias de los 43 estudiantes han insistido al Gobierno investigar el papel que los miembros del Ejército jugaron en las horas posteriores a la desaparición de los jóvenes. La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) ha apuntado en los últimos años a mensajes intercambiados entre las tropas y los miembros del cartel Guerrero Unidos, por lo que la Fiscalía ha buscado descifrar el papel de los soldados en Iguala y su relación con el grupo del crimen organizado. Los padres de los estudiantes han protestado por la falta de transparencia y disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para explicar las acciones de los militares.

El subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la CoVAJ, Arturo Medina Padilla, ha mostrado en un comunicado su inconformidad con la decisión de la jueza de liberar a los ocho militares. “Una vez más, integrantes del Poder Judicial recurren al procedimiento de los llamados sabadazos, sin ponderar el derecho de las víctimas, las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos en un asunto que implica graves violaciones a derechos humanos”, señala el comunicado. Medina Padilla ha puntualizado que en la nueva orden judicial “no se exonera de los cargos a estos elementos de las Fuerzas Armadas, quienes continuarán sujetos a proceso hasta el dictado de la sentencia correspondiente”.

La Fiscalía General de la República (FGR) también ha expresado su rechazo a la decisión judicial y ha asegurado que los jueces involucrados en la decisión han dado “ventajas indebidas” a los militares. “Ante dicha cerrazón, absolutamente injusta para las víctimas y para el Estado mexicano, dada la gravedad de los delitos que se cometieron en el caso Ayotzinapa, esta representación social federal presentará de inmediato los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas”, señala el Ministerio Público en un comunicado publicado durante la tarde del domingo.

En las últimas semanas, las familias de los 43 estudiantes han sufrido desencuentros con la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. El Gobierno ofreció a los padres abrir solo para sus ojos los expedientes con pruebas del caso, sin embargo, cuando los familiares pidieron la asistencia de un grupo de expertos comisionado a México por la CIDH para revisarlos, el Gobierno se negó. Además, buena parte de las fisuras entre el Gobierno actual y las familias de los estudiantes radican en la necesidad de que el Ejército mexicano entregue documentos y pruebas, que han sido reiteradamente negados por las Fuerzas Armadas. Una negativa que ha sido respaldada por López Obrador.

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