El Gobierno de López Obrador abrirá el expediente del ‘caso Ayotzinapa’ durante dos meses a los padres de los 43 normalistas

Los padres de los 43 normalistas desaparecidos tendrán acceso durante dos meses al expediente del caso Ayotzinapa. Así lo anunció este viernes el Gobierno de México en una carta dirigida a los familiares y divulgada a través de un comunicado. Las autoridades aseguraron que la decisión de abrir los archivos fue una instrucción directa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, ante las “reiteradas solicitudes” que han hecho los interesados y en un intento por recuperar la confianza de las familias en las investigaciones para esclarecer el crimen, cometido en septiembre de 2014.

“Reiteramos la permanente disposición al diálogo directo y al trabajo coordinado, ya que este Gobierno tiene un compromiso con la verdad y la justicia, y más aún, no tiene nada que ocultar”, se lee en la misiva, firmada por Félix Arturo Medina, presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y subsecretario de Derechos Humanos desde octubre pasado. El plazo que ha fijado el Gobierno es del 4 de enero al 4 de marzo. “Es importante que los procesos no se alarguen por tiempo indefinido”, justificó la comisión sobre la decisión de dar sólo dos meses.

La promesa de las autoridades es dar “apertura inmediata de los archivos que consideren necesarios y contribuyan al avance de las investigaciones y la localización de sus hijos”. Las familias y sus representantes legales se han quejado de que la información que se les ha presentado ha sido parcial y minimiza el papel del Ejército en la noche de la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero.

Los familiares pidieron en septiembre pasado más de 800 documentos en poder de las Fuerzas Armadas y acusan que no se los han facilitado. En julio, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que realizó investigaciones en paralelo para esclarecer el crimen, acusó al Gobierno de bloquear el acceso a información relevante para encontrar a los normalistas y llevar ante la justicia a los responsables. “El Estado y sus instituciones tienen la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos”, señaló el GIEI en su mensaje de despedida.

“Estamos conscientes de que ustedes han manifestado la exigencia de que el Gobierno entregue información que refieren ‘no se ha entregado’, así como de ampliar las búsquedas concernientes en diversos archivos, entre ellos, de la Secretaría de la Defensa Nacional”, reconoce la comisión. El organismo ha subrayado, sin embargo, que ha habido “total transparencia”.

El tono del documento da cuenta también de que el distanciamiento entre los familiares de los 43 normalistas y el Gobierno es patente. Las autoridades señalaron que decidieron enviar una carta, debido a que las familias supuestamente no acudieron a dos reuniones de seguimiento que estaban agendas: una el 24 de noviembre y otra el 15 de diciembre. Este mes, López Obrador cuestionó el papel del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una organización jesuita que ha acompañado en los últimos nueve años los esfuerzos de los padres para encontrar a sus hijos, y los acusó de facilitar la liberación de una persona implicada en la desaparición de los estudiantes. “Sus juicios de valor y descalificaciones obedecen a su encubrimiento del Ejército”, reviró el Centro Prodh, uno de las voces más críticas de la estrecha relación entre el presidente y las Fuerzas Armadas.

El anuncio de la apertura del expediente llega con la intención de cerrar la brecha entre las familias y el Gobierno, a las puertas del último año de la Administración de López Obrador y en el que se cumple una década de los hechos violentos que marcaron la desaparición de los estudiantes. La herida por uno de los mayores crímenes de Estado que se han cometido en México en tiempos recientes sigue abierta.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país