La víctima es lo que menos le importa a la justicia mexicana

Llevo año y tres meses batallando para conseguir justicia para mi hermana, Cecilia Monzón, ciudadana, política, activista feminista y abogada penalista; asesinada a tiros en plena calle el 21 de mayo de 2022 en el Estado de Puebla. El camino de los dos procedimientos relativos a su caso, uno por violencia familiar y otro por feminicidio, contra los distintos responsables (tres imputados en el procedimiento de feminicidio y un imputado en el procedimiento de violencia familiar), se encuentra en este momento en el mismo punto: pendiente de juicio oral.

El proceso sigue y los imputados están en la cárcel, lo que podría generar la percepción de que a las víctimas (mi hermana, mi sobrino, mi familia y yo) se nos está escuchando. Sin embargo, no es la verdadera sensación con la que vivo después de haber estado 75 horas en la audiencia intermedia por feminicidio que concluyó este 19 de agosto de 2023 en la madrugada, esto comporta una revictimización extrema en mi caso puesto que supone atar día y noche en cada cita y no sólo eso, sino además estar a merced de la defensa de los acusados quienes básicamente han alargado la audiencia intermedia de forma indebida, todo lo que ha podido. Aunque hemos estado presentes en todas las fases, es decir investigación, vinculación y ahora, etapa de audiencia intermedia, la realidad es que el sistema mexicano está diseñado para privarnos de nuestros plenos derechos como víctimas.

Recientemente el Fiscal de Puebla, Don Gilberto Higuera, declaró respecto al caso de mi hermana -palabras más, palabras menos- que la Fiscalía está “al lado de las víctimas” pero que no nos representa en el “nuevo” sistema penal acusatorio. Y razón no le falta, las víctimas trabajamos con esa Fiscalía, buscamos sumar, reforzar y afinar todo lo que nuestra representación letrada encuentra necesario, pero nuestra herramienta jurídica ante los tribunales, la “acusación coadyuvante” no nos permite la plena defensa de nuestras garantías procesales.

Ser parte de esa “acusación coadyuvante” de la acusación de Fiscalía -la “oficial”- comporta además que las defensas de los imputados constantemente intenten desacreditarnos en audiencia, a mí o a quien ostenta la representación legal de las víctimas, alegando que no somos el Ministerio Público. Esto definitivamente no pasaría si en lugar de “coadyuvar” las víctimas en México tuviesemos una acusación particular autónoma a la de la de Fiscalía; esto es, si en lugar de cercenar nuestros derechos como víctimas, la ley nos permitiera ir directamente al Juzgado y presentar nuestro escrito de acusación, proponiendo nuestras pruebas, determinando el delito del que se acusa y también la pena que se pretende y los daños, en su caso con verdadera independencia de lo que diga Fiscalía.

Ser la acusación coadyuvante es como correr un maratón coja, se puede llegar a la meta, pero requiere mucho más esfuerzo y dedicación. El problema, endémico es que la víctima es lo que menos importa en los procedimientos penales mexicanos, la revictimización ocurre día a día. Como ha sucedido en nuestro caso, por ejemplo, con los ataques de la defensa para dejarnos fuera del procedimiento judicial o en su esfuerzo de ir a por nosotros, dentro y fuera de cámara durante el desarrollo de la audiencia intermedia. Si bien la acusación coadyuvante permite corregir algunos defectos y manifestar detalles técnicos respecto a la acusación de Fiscalía, no es ni mucho menos lo mismo que acusar directamente y con independencia de lo que diga Fiscalía.

He dicho muchas veces que mi hermana seguiría viva si su denuncia por violencia familiar hubiera llegado a los tribunales, antes de que su presunto feminicida y expareja, Javier López hubiera tenido la oportunidad de tramar el feminicidio que me ha llevado a convivir con la justicia mexicana. Pero llegar al Juzgado se convierte en una odisea para las víctimas desde el primer minuto en que deciden plantear una denuncia, esto sucede, incluso para una abogada como mi hermana, experta en el ámbito penal que denunciaba ante Fiscalía y ante el público lo que ocurría. Ella, al igual que el resto de las víctimas de México, fue robada del derecho a acceder directamente a los Juzgados de lo Penal para ejercitar su acción.

Mi hermana y cualquier víctima de delito grave en México, debería haber podido acudir al Juzgado Penal a interponer una acusación particular con las pruebas que ella misma había recabado. A partir de su acusación, hubiera sido tan simple como que se diera traslado a Fiscalía para la investigación adicional que fuera necesaria y para que esta formulase la acusación que considerase oportuna en nombre del Estado. De esta forma, habría una verdadera autonomía de las víctimas, quienes gozaríamos de plena potestad para el ejercicio de la acción penal, sin que fuera necesario pasar por la revictimización de acreditar frente a Fiscalía que existe un caso que merece su atención y sin que la intervención de las Fiscalías pudiera impedir el acceso a la justicia; y también, no nos engañemos, sin que las defensas pudieran menospreciar las aportaciones de las víctimas, evitando la revictimización máxima que llegamos a experimentar quienes nos atrevemos a plantar cara al sistema.

Ser víctima de un delito grave en México significa ser víctima dos veces, una por los hechos mismos, y otra, de la suerte, porque el sistema no da herramientas suficientes para que una víctima pueda defender sus propios intereses con autonomía a lo largo del procedimiento. Porque sí, una puede tener la oportunidad de exigir justicia y contar con Ministerios Públicos comprometidos, como parece estar ocurriendo ahora mismo en el caso de feminicidio de mi hermana, pero sabemos que no es la realidad cotidiana de México y eso debería bastar para repensar el sistema.

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