Los planes de López Obrador contra el maíz transgénico en las tortillas provocan nuevos choques con EE UU y Canadá

La cruzada del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para frenar el uso de maíz transgénico de la dieta mexicana libra una nueva batalla. El Gobierno federal prepara la emisión de modificaciones en la norma oficial de la tortilla para vetar el empleo del grano genéticamente modificado en este alimento. “En la elaboración de los productos objeto de esta Norma Oficial Mexicana debe abstenerse el uso de maíz genéticamente modificado como materia prima”, se lee en el proyecto de norma de la Secretaría de Salud que en este momento está en consulta y que prevé sea publicado en el Diario Oficial de la Federación en las próximas semanas.

Aunque el proyecto de norma oficial mexicana aún está en un periodo de consulta y podrá cambiar en su redacción, la iniciativa ya ha generado críticas de parte de Estados Unidos y de Canadá. Los socios de México en el TMEC advierten de que el veto del Gobierno mexicano no cuenta con fundamentos científicos y puede poner en riesgo el comercio internacional. Además, aseguran que existe una falta de precisión sobre el alcance de esta nueva prohibición, así como que México no les notificó oportunamente sobre el proyecto de normativa.

El Gobierno Mexicano argumenta en el proyecto de modificación que la regulación vigente ha sido superada por las condiciones del mercado, que se comercializan productos que no cuentan con las especificaciones que cumplan con la denominación que ostentan y derivado de ello, se presentan en el mercado productos no homogéneos, tanto en especificaciones como en precios. Por otra parte, advierte la Secretaría de Salud, los consumidores no cuentan con información importante para realizar una compra adecuada. Esta nueva normativa, sin embargo, deriva de un proyecto que estaba en consulta pública desde el 2021, pero que no incluía la polémica prohibición sobre la utilización del maíz transgénico en la elaboración de tortillas.

Canadá ha hecho hincapié en que la prohibición en la que se sustenta esta NOM no tiene aún un sustento científico y, por el contrario, defiende el uso de biotecnología para garantizar la seguridad alimentaria y elevar la productividad agrícola. “Las preocupaciones de Canadá relacionadas con la prohibición de México al maíz genéticamente modificado para su uso como materia prima se relacionan con el hecho de que las medidas de México no están respaldadas científicamente y tienen el potencial de interrumpir innecesariamente el comercio de América del Norte”, refiere el Gobierno canadiense por escrito.

En el comentario enviado al Gobierno mexicano este miércoles, Canadá también advierte de que en la nueva NOM-187 existen ambigüedades: no precisa si se aplicará a productos fuera de los sectores de la tortilla, por ejemplo, cereales elaborados con maíz o si la referencia a la harina en el texto solo habla de harina de maíz o harina hecha de trigo u otros granos. “Canadá solicita respetuosamente que México reconsidere sus propuestas de modificación a la NOM-187-SSA1/SE-2023 para permitir que se lleve a cabo el protocolo de notificación adecuado a los socios comerciales; para permitir el periodo estándar de 60 días para comentarios; y para permitir consultas entre funcionarios canadienses y mexicanos que apoyen el compromiso técnico para comprender plenamente las implicaciones de estas medidas”, concluye la Secretaría de Acceso a

Las preocupaciones del Gobierno canadiense se suman a las que esta semana también externó EE UU. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) pidió a México aplazar estas modificaciones, tras considerar que el proyecto tiene irregularidades técnicas y violaciones al TMEC. “El artículo 7.1.1 establece que ya no se permite el uso de maíz genéticamente modificado como materia prima. A Estados Unidos le preocupa que esta medida no se base en la ciencia y amenace con interrumpir el comercio”, menciona. Agregó que el T-MEC obliga a México a utilizar este mecanismo de notificación para medidas sanitarias o fitosanitarias que puedan afectar el comercio internacional.

Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, señala que aún se debe precisar el alcance de la iniciativa y sus distinciones con el fin de evitar confusiones con otras normas. “La norma está muy incompleta, tiene muchas deficiencias. Nosotros, las tortillerías, no importamos maíz. El presidente debería de poner atención, si realmente quiere abonar el tema de salud, a las comercializadoras de maíz, que son las que introducen el grano al país”, zanja.

El representante del gremio alerta de que si el Gobierno quiere realmente frenar el uso de este insumo en las tortillas, deberá verificar y realizar pruebas de laboratorio en las más de 130.000 puntos de venta que operan en el país, asumiendo el coste, porque si este desembolsó se traslada a las tortillerías los precios por el kilo de tortillas, que actualmente oscila en un rango de 22 a 27 pesos por kilo, se encarecerá súbitamente, según su diagnóstico.

Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), explica que los productores, acopiadores y tortillerías, no tienen personal con conocimiento, ni acceso a laboratorios especializados ni a equipos para determinar si los maíces que producen, almacenan, utilizan y procesan están libres o no de los en organismos genéticamente modificados, “Esta norma provocará costos adicionales a la cadena de maíz, harina y masa para la elaboración de tortillas. Para las tortillerías tradicionales, se requerirá de un programa de modernización y el Gobierno federal y local deberá de crear un organismo certificador y auditor para el cumplimiento de la norma”, comenta.

La nueva NOM que regulará el procesamiento de un alimento crucial para la dieta de los mexicanos, sigue en línea con el decreto que el presidente López Obrador emitió desde diciembre de 2020, donde se prohibió el uso del glifosato y del maíz transgénico para la alimentación humana. Frente a la polémica que en ese entonces generó el veto tan tajante, el Gobierno mexicano reculó meses después y permitió seguir empleando el grano del maíz genéticamente modificado para la alimentación de animales y en proceso industriales para alimentación humana, además, concedió un plazo más grande para eliminar el glifosato como herbicida.

Las concesiones del Gobierno de López Obrador no bastaron en ese momento ni a EE UU ni a Canadá, quienes, bajo el amparo del TMEC, iniciaron el proceso de consultas por posibles violaciones comerciales. En este momento están en proceso una serie de consultas entre los tres países para discutir las inconformidades que dicho decreto ha suscitado en los gobiernos canadiense y estadounidense con miras a llegar a una resolución. Sin embargo, si los interesados consideran que no existe un progreso significativo en estas consultas, se tiene la opción de escalar el tema a un panel de solución de controversias.

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