El caso de cinco productores de café arrastrados hasta la cárcel en Veracruz: “Su único delito ha sido pelear por unos precios justos”

El viernes 26 de mayo la policía entró a golpes a casa del viejo productor cafetalero Minervo Cantor en Ixhuatlán del Café, un pueblo de Veracruz, y le arrastró hasta la cárcel. Aquel día detuvieron también a cuatro compañeros suyos: Cirio Ruiz González, Viridiana Bretón, Crisanto Valiente y Abraham Cabal. Están acusados de provocar un incendio en enero de 2022 en las instalaciones de la empresa multinacional Agroindustrias de México (AMSA), cuando el precio al que vendían el kilo de café bajó drásticamente, amenazando sus negocios. Los familiares de los detenidos acudieron a la audiencia el pasado 31 de mayo con pruebas de que los detenidos no estuvieron allí en el momento del incendio, pero el juez ni siquiera les dejó presentarlas. Ahora están en prisión preventiva por un delito que a todas luces no cometieron y que ha escalado los peldaños de la vergüenza hasta llegar al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, que ha prometido ayudarles.

Eran las 7.30 de la mañana del 26 de mayo y Minervo esperaba, sentado tranquilamente a la mesa de la cocina, el café que le estaba preparando su esposa Maricruz. Nunca se lo llegó a tomar. De repente, en la sala había cinco uniformados dispuestos a detener a Minervo, cuenta por teléfono su esposa, que se enfrentó a ellos y les pidió la orden de detención o algún papel que les diera derecho a estar allí. Como respuesta, dos policías la golpearon —tiene fotos de los moretones— mientras otros dos se llevaban a Minervo. La mayor de sus hijas, de 11 años, salió de su habitación y empezó a gritar al ver la situación. El quinto policía la encerró en su cuarto mientras el resto arrastraba a Minervo hasta la camioneta que tenían aparcada fuera. Arrancaron justo cuando otro de sus hijos, de 8 años, salió de la casa y empezó a correr detrás del vehículo. No les alcanzó. En otra de las habitaciones se quedó llorando una niña de 3 años, la tercera hija de la pareja.

Ni Maricruz ni los familiares del resto de los detenidos aquella mañana tuvieron mucho tiempo para pensar en lo que acaba de suceder. Había que pasar a la siguiente fase, intentar sacar a sus esposos y hermanos de la cárcel en la audiencia que tendría lugar la semana siguiente. No tenían razones para estar muy preocupados. La mayoría de ellos tenían pruebas suficientes para demostrar que los detenidos no estaban en el lugar del incendio. Cirilo Ruiz, hermano del detenido Cirio, de 64 años, asegura que tienen conversaciones de WhatsApp que demuestran que este ya se encontraba en su casa, trabajando como presidente del Consejo Regional del Café. Este organismo se encarga de informar sobre los precios internacionales del café de cereza (recién recogido de la planta), el que venden los productores de la región de Ixhuatlán. Lo hace para que los compradores —entre los que se encuentra AMSA, filial de la multinacional ECOM Trading—, no manipule a los agricultores con precios menores a los de mercado. Maricruz, la esposa de Minervo, asegura que tiene un vídeo de su marido en casa aquella tarde, justo antes de que empezara el incendio.

Sin embargo, cuando llegaron a la audiencia, el juez les impidió presentar estas pruebas, aunque sí admitió las de la empresa denunciante. AMSA presentó a varios de sus trabajadores que aseguraron haber visto a los productores aquella tarde en el lugar de los hechos portando armas de fuego y cócteles molotov. Presentaron también un vídeo en el que se veía a los involucrados, pero en un contexto que no tiene nada que ver con la quema de una nave industrial. Estaban en una mesa de negociaciones, junto con un representante de la empresa y otro de Ixhuatlán, para intentar llegar a un acuerdo por los precios de compra del café cereza. A principios de enero, durante las semanas de mayor cosecha de la planta, los compradores bajaron el precio de compra de 17 pesos —el precio medio a nivel internacional en aquella época— a 12 pesos el kilo de café. Los productores salieron a manifestarse para protestar porque de ello depende la solvencia de sus negocios cada año. Al final del juicio, los detenidos fueron vinculados a proceso y el juez decretó la prisión preventiva por un delito de estragos, es decir, causar un daño de grandes proporciones que pone a otras personas en peligro.

Francisco Faus Sotelo, director de operaciones de AMSA en México, tiene una interpretación opuesta a la de los productores cafetaleros detenidos. “Nosotros somos la víctima”, asegura al principio de su llamada con este periódico. Faus explica que ellos no tienen poder de decisión sobre el precio al que compran el producto, y que las naves que tienen en Ixhuitlán del Café tienen una capacidad limitada para almacenar y tostar el café cereza que le compran a los agricultores. Los productores acusan a Faus de estar detrás de las irregularidades que llevaron a su detención violenta en el mes de mayo, pero el lo niega, y asegura que no han intervenido desde que presentaron la denuncia por el incendio de su nave industrial. “Presentamos una denuncia por los daños contra nuestro beneficio, pero ahora le toca a la Fiscalía hacer las investigaciones correspondientes”. La Fiscalía de Veracruz, que mantiene encerrados a los productores, no ha contestado a las llamadas.

“El único delito que han cometido fue pelear por los precios justos del café”, se defiende Maricruz, que ha protagonizado, junto con otros familiares, protestas para exigir la liberación de los productores y que la empresa retire los cargos que les mantienen retenidos. El 27 de mayo, en la Plaza Lerdo, en Xalapa, protestaron junto con académicos y defensores del medio ambiente de la región. Raúl Arias Lovillo, antiguo rector de la Universidad Veracruzana, dijo a La Jornada que acudió a la protesta porque Cirio Ruiz, uno de los detenidos, “tiene cuarenta años de trabajo defendiendo a los pequeños productores cafetaleros, siempre ha sido muy solidario con las causas sociales. Su hermano, Eligio Ruiz, que también estuvo allí, considera las detenciones un “acto de intimidación para que nadie se defienda del abuso del mercado, para que nadie proteste contra quienes castigan el precio del café”. Este miércoles, por fin, el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez manifestó su disposición al diálogo y a trabajar en una ruta que permita su liberación. Los familiares solo piden que sus detenidos puedan llevar el proceso en libertad. “Tenemos pruebas de su inocencia, podemos ganar el juicio, pero no hace falta que estén en la cárcel hasta que se resuelva todo”, dice Maricruz.

La esposa de Minervo está preocupada por sus hijos. El mediano, de ocho años, tiene pesadillas por las noches y pregunta por su padre a cada rato, quiere saber cuándo va a volver. Maricruz no sabe qué decirle. “Le digo que pronto, pero lo cierto es que no sé cuándo va a volver”, se lamenta. “No son más que unos pobres campesinos, mi marido siempre ha estado en casa y los niños no se acostumbran a su ausencia”. Maricruz habló con este periódico un 22 de junio, sobre las ocho de la tarde, después de haber estado visitando a su marido en la cárcel, que está a dos horas y media de trayecto en carro desde su casa. Se la nota cansada, de repente se derrumba. “Les digo que estamos luchando contra un monstruo, que esto es una pesadilla y que todo va a pasar, trato de ser fuerte para ellos, pero a veces no sé cómo hacerlo porque ni yo tengo fuerzas”. Pero bueno, “es una pesadilla que va a pasar”, se repite la señora constantemente, aunque su marido esté cerca de cumplir un mes encerrado.

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