La Suprema Corte invalida el acuerdo que declara las obras del Gobierno de López Obrador como seguridad nacional

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional el decreto que clasificaba las grandes obras del Gobierno como parte de la seguridad nacional por vulnerar el derecho de acceso a la información. Con ocho votos a favor y tres en contra —de los ministros Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz— el alto tribunal invalida el acuerdo aprobado por el Ejecutivo que blindaba la información de proyectos claves para la Administración de Andrés Manuel López Obrador como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles o la refinería de Dos Bocas. Con esta decisión, la SCJN da la razón al Instituto Nacional de Transparencia (INAI), que impugnó el decreto y con quien el presidente mantiene desde hace meses una guerra abierta.

La votación de este jueves supone una nueva embestida al Gobierno de López Obrador. El máximo tribunal del país ha dejado sin efecto el acuerdo aprobado en noviembre de 2021 que declaró “de interés público y seguridad nacional” las infraestructuras prioritarias a cargo del Ejecutivo, fueran turísticas, medioambientales, fronterizas, ferroviarias, energéticas o aeroportuarias. El proyecto en la SCJN, a cargo del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, argumentaba que ese acuerdo era inconstitucional, puesto que “su amplitud y su ambigüedad obstaculizan e inhiben el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto de las obras del Gobierno de México”.

Ocho de los 11 miembros del pleno han estado de acuerdo con González Alcántara. El ministro Jorge Pardo Rebolledo votó a favor porque consideraba que el decreto no determinaba cuánto tiempo iba a durar esta protección a las obras del presidente o el ministro Alberto Pérez Dayán porque el acuerdo afecta las competencias del INAI.

Por su parte, los ministros Zaldívar, Esquivel y Ortiz han buscado defender que el decreto no vulnera la función del instituto y que no supone que se reserve toda la información sobre los grandes proyectos. “Esta Suprema Corte no puede invalidar un acto con base en escenarios hipotéticos, presumiendo la mala fe, la incompetencia o la malicia de las autoridades. Así no se ejerce el control constitucional, así no se interpreta la Constitución”, ha enfatizado Zaldívar.

Esta defensa ha llevado a una discusión con el ministro Javier Laynez, quien incluso calificó la posición de sus pares como ingenua: “No quiero adjetivizar, pero es un tanto cuanto ingenuo el ignorar que las consecuencias jurídicas inmediatas de esta declataroria son dos: la reserva de información y la autorización para la adjudicación directa”.

Esta decisión abre un nuevo frente del Gobierno de López Obrador con el poder judicial. En una situación que ha escalado de forma explosiva desde enero, el presidente asegura que ya ha dado instrucciones de no contestar al teléfono que provenga de la Suprema Corte. Mientras, sigue su ofensiva contra los jueces, magistrados y también ministros. Durante cuatro años, Zaldívar ejerció de mediador de las fricciones entre el presidente y el poder judicial. Sin embargo, el nombramiento este enero de la ministra Norma Piña ha descarrillado la situación, con ataques directos a ella y al resto de ministros desde la tribuna de la mañanera.

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