Del bloqueo del INAI al ‘plan b’ electoral: las cuentas pendientes de López Obrador con la Suprema Corte

La tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial comenzó como una batalla soterrada apenas llegó al poder Andrés Manuel López Obrador. Pese a no ser una promesa de campaña, el mandatario se propuso entre sus objetivos prioritarios limpiar el Poder Judicial de corrupción y gastos superfluos. Las fricciones contaron durante los primeros años con un mediador clave: Arturo Zaldívar, el presidente a la vez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura, el órgano de Gobierno de los jueces. Pero con el relevo en la cúspide de la judicatura, el cauce se ha desbocado. La llegada a la presidencia de la ministra Norma Piña, a principios de este año, ha coincidido con una escaldada de la disputa política entre el Gobierno de Morena y los jueces. Y en especial, la Suprema Corte. También ha aumentado debido a que la Corte ha estado decidiendo, y en muchos casos tumbando, varios temas importantes para el presidente López Obrador en los últimos cuatro meses, algunos que incluso llevaba meses sin resolver, como el del control operativo y administrativo a manos del Ejército mexicano de la Guardia Nacional (la corporación creada para las tareas de seguridad interior).

Esta semana, el pasado 8 de mayo, el máximo tribunal del país tumbó una parte del “plan b” electoral del Gobierno de López Obrador, que es un conjunto de reformas a leyes electorales que se presentaron después de que los legisladores oficialistas no pudieran llevar a cabo una reforma electoral a la Constitución por falta de mayoría calificada en el Congreso mexicano. La medida por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha provocado el descontento de la Administración federal y los políticos y militantes de Morena. Desde el presidente López Obrador, que se ha mofado de la ministra presidenta de la Corte y ha instruido a los miembros del gabinete no contestarles “ni el teléfono” a los ministros, pasando por una oleada de críticas de diputados y legisladores morenistas, hasta un plantón permanente de seguidores del mandatario federal a las afueras del edificio de la SCJN. Además, los ministros que han desarrollado los proyectos a analizarse y votar, junto con la ministra presidenta, han sido víctimas de amenazas y acoso en redes sociales.

Muchas de las iniciativas prioritarias del mandatario han terminado en la cancha de la Corte a raíz de impugnaciones contra los procesos legislativos que se llevaron a cabo para aprobarlas en el Congreso mexicano. Los legisladores Morena, el partido oficialista, y sus partidos aliados (Partido Verde y Partido del Trabajo) controlan la mayoría simple en ambas cámaras, por lo que, al no contar con el quórum suficiente para modificar la Constitución, han decidido dar rodeos parlamentarios sin tener el consenso de las demás fuerzas políticas. Esta estrategia de Morena ha provocado una avalancha de impugnaciones al alto tribunal por violación de procedimientos. En algunos casos, las reformas salían adelante en pocos días o incluso horas y sin siquiera leer los dictámenes de las iniciativas.

A la hora, por ejemplo, de estudiar la validez de los cambios a Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por ejemplo, nueve de los once ministros y ministras que integran la Corte fueron duros con la forma en que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores aprobaron los cambios a ambas leyes. “No se llevó a cabo un auténtico procedimiento legislativo de orden constitucional. El conjunto de vicios y yerros en la función legislativa son de tal magnitud que acarrean como consecuencia lo que yo llamaría una perversión de las reglas democráticas. Avalar un procedimiento legislativo con estos rasgos equivaldría a asumir que la mayoría parlamentaria, por el simple hecho de serlo, está por encima de las reglas constitucionales, lo que me parece inadmisible”, sentenció el ministro Luis María Aguilar.

Temas como este, importantes para el Gobierno de López Obrador, siguen y seguirán llegando a la Corte en el último año y medio que le queda a la administración del político tabasqueño. El Alto tribunal mexicano tendrá que resolver en los siguientes dos meses sobre los nombramientos de tres comisionados del Instituto Nacional para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que no se han llevado a cabo por la negativa de los senadores de Morena de hacer las designaciones, que son necesarias para que el organismo opere a su máxima capacidad. El caso se ha llevado hasta la Corte, ya que hacer los nombramientos es una acción establecida en la Constitución.

También podrían llegar una lluvia de impugnaciones contra la aprobación de 20 iniciativas prioritarias para el presidente y su partido. Los senadores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo avalaron en menos de cinco horas 20 reformas, sin leer los dictámenes y sin discutirlos. La mayoría de esas iniciativas llegaron al Senado un lunes y cinco días después ya habían pasado todo el proceso legislativo que normalmente toma semanas.

Con esta rispidez entre el Poder Ejecutivo y la cabeza del Poder Judicial en México se acercan las elecciones de 2024, en las cuales no solo se elegirá al próximo presidente del país, sino que se renovarán los 628 lugares que conforman el Congreso. Y desde ahora, el presidente López Obrador ha comenzado a llamar a sus seguidores (el mandatario cuenta con una alta aprobación que ronda el 60% de la población) para que Morena obtenga tenga la mayoría calificada necesaria para llevar a cabo reformas constitucionales. Entre ellas ha amagado con presentar una iniciativa de la que nunca había hablado: una que permita que los ministros de la Corte puedan ser electos por voto popular. Para justificar su nueva propuesta ha afirmado: “El Poder Judicial está podrido”.

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