San Luis Potosí busca castigar a los violadores con castración química

El Estado de San Luis Potosí se ha enterrado en un polémico debate sobre la castración química a los violadores convictos. Una iniciativa que cuenta con el apoyo del gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona (Partido Verde), llegó la semana pasada al Congreso local, donde podría ser aprobada en los próximos meses. En la Cámara legislativa, no solo será avalada por la formación oficialista en alianza con Morena y PT, sino que algunos miembros del PAN y PRI han anticipado que votarán a favor de esta medida que consideran “de seguridad”. La propuesta busca medicar a los condenados por este delito con fármacos que le reduzcan drásticamente la libido. El gobernador, un defensor de “la mano dura”, ha justificado la iniciativa bajo la idea de que la gente está harta de las violaciones y que a aquellos que las cometen “no se les puede tratar como personas” ni deben tener derechos humanos.

“La gente ya está hasta la madre de los violadores y más los violadores que además asesinan a sus víctimas, por lo que un castigo ejemplar es la castración”, ha dicho respecto del tema Gallardo Cardona. “Se seguirá insistiendo en el tema y esperemos que la Comisión de Derechos Humanos recapacite y vea que hace falta un apretón fuerte a estas gentes”, ha agregado. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha sido de las pocas voces en contra de la medida, junto con Gabino Morales, delegado federal de los programas del Bienestar en San Luis Potosí. “Hay otros mecanismos de prevención y de sanción, no creo que la castración sea el mecanismo adecuado. Yo en lo personal no estoy de acuerdo, pero por supuesto esto no significa que esté a favor de quienes cometen estos actos, al contrario, estoy de acuerdo en que se revisen los mecanismos de prevención y de sanción”, ha dicho Morales.

El tema salió a debate cuando lo propuso el gobernador Gallardo Cardona tras la violación y feminicidio en septiembre pasado de Chuyita Rodríguez, una niña de 14 años de un municipio en San Luis Potosí. “Estamos mandando una iniciativa al Congreso Local donde vamos a exigir, no a pedir, a exigir que capemos, en San Luis Potosí se va a capar a todos los violadores”, dijo el gobernador en un video difundido en aquel entonces. “Ser más severos en los castigos contra violadores está en nuestras manos como potosinos, esto es lo que se necesita que la gente vea que no solo va a la cárcel, sino que va a ser castigado para que no sigan haciendo más daño al salir de prisión”.

El caso de la niña Chuyita Rodríguez ha servido de motivo para impulsar esta ley, según señala el propio proyecto, presentado por el Partido Verde junto al PT. “Las malditas herencias han dejado desprotegidas a las personas que han sufrido esos delitos en un afán siempre de apadrinar a los delincuentes bajo el escudo de los derechos humanos, como si estos fuesen absolutos”, relata la primer página de la iniciativa. Además de la castración química, el proyecto establece tratamiento psicológico o psiquiátrico para los violadores y sube las penas de prisión para este delito, que antes estaban entre ocho y 18 años, a 10 y 20 años de cárcel.

La castración química está pensada principalmente para aquellos presos de este delito que sean liberados antes de tiempo por buena conducta, explica la propuesta. “Con esta medida se evitará la reiteración de la conducta de las personas sentenciadas, evitando la puesta en riesgo para la víctima, el ofendido y para la sociedad”, dice el proyecto de ley. Las páginas, sin embargo, no detallan cómo sería el tratamiento médico.

El diputado local José Luis Fernández Martínez, líder de la bancada verde en el Congreso local, explica a este periódico que ya han conseguido los votos necesarios para sacar adelante la propuesta. Se necesitan 14 votos a favor para que se vuelva ley, y han conseguido 15 hasta el momento: siete del Verde, tres del PT, tres del PRI, uno de Morena y uno del PAN. Sin embargo, Fernández Martínez asegura que buscan hacer una convocatoria amplia de parlamento abierto para que el tema sea debatido en la cámara con todos los actores sociales para congregar así un fuerte apoyo a la iniciativa. Según el diputado, quieren “darle voz a las víctimas y familiares de víctimas”. Está previsto que el proyecto sea debatido la próxima semana en comisiones.

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