México prohíbe el maíz transgénico para masa y tortilla, pero lo permite para consumo animal: las claves del nuevo decreto presidencial

El Gobierno de López Obrador publicó in extremis un nuevo decreto que abre las fronteras comerciales al maíz transgénico para uso de forraje e industrial y solo lo cierra para el consumo humano. Ante una inminente disputa comercial con Estados Unidos por el grano genéticamente modificado, la tarde de este martes, la Administración federal mexicana ha emitido un nuevo documento con una precisión que no estaba presente en el anterior decreto, expedido en diciembre de 2020. Con los cambios sobre las importaciones de maíz y el empleo del glifosato, México pretende evitar una nueva batalla comercial con EE UU en el marco del Tratado de Libre Comercio (TMEC). Washington amagó hace días con elevar el conflicto si su contraparte no explicaba con argumentos científicos el veto al maíz transgénico.

El asunto no es menor, México es el principal cliente de EE UU en este grano, el año pasado adquirió más de 15 millones de toneladas de maíz transgénico. Hasta el momento, el Gobierno estadounidense no se ha pronunciado sobre las modificaciones redactadas por el Ejecutivo mexicano horas antes de que se venciera el plazo dado por Washington para obtener los argumentos científicos en los que el Gobierno mexicano basó su veto al maíz transgénico. “Este decreto elimina toda la incertidumbre que tenía el anterior, que no era claro ni preciso. Lo que sí queda claro para el sector pecuario e industrial es que sí se va a permitir la importación del maíz, principalmente amarillo, para este sector”, refiere Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GMCA).

El especialista, no obstante, refiere que aún está en el aire si Estados Unidos quedará conforme con esta respuesta o pedirá más razones sobre este veto parcial que siguen manteniendo las autoridades mexicanas al maíz transgénico. “Aunque importamos mucho más maíz amarillo, el maíz blanco que importamos, entre 600.000 y un millón de toneladas, lo traemos de Estados Unidos o Sudáfrica y este sirve para abastecer el mercado del sureste o la península mexicana, si no se permite el maíz genéticamente modificado para la península o el sureste, seguramente veremos el efecto en los precios en esta zona, ya que mover maíz blanco nacional a ese mercado resultará más caro”, pronostica.

Además de permitir la importación de maíz genéticamente modificado para uso industrial, el nuevo decreto establece un periodo paulatino para la prohibición total del glifosato —el herbicida más utilizado en el mundo— del 14 de febrero al 31 de marzo del 2024. En el decreto original el plazo límite era el 31 de enero de 2024. En paralelo, el presidente establece que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) integrará un protocolo de investigación conjunta para que se realice un estudio sobre el consumo del maíz genéticamente modificado y los posibles daños a la salud.

Alejandro Luna Arena, socio de Santamarina + Steta, asegura que México tomó una decisión técnicamente correcta porque no contaba con los fundamentos científicos para ganarle a EE UU en un panel de controversias comerciales. Además, aseguró, el Gobierno de López Obrador mostró cierta capacidad de negociación que no había mostrado en otros conflictos y solo queda mal ante un pequeño grupo de consumidores y ecologistas. “Las negociaciones tras bambalinas le funcionaron a Estados Unidos, en tanto se pospuso la entrada en vigor, parcialmente, de la medida y, por otra parte, consiguieron que un 90% de las importaciones de maíz que compra México no entrará dentro de lo que era el alcance del decreto”, zanja.

A lo largo de su Administración, el Gobierno de López Obrador ha ido cambiando su postura sobre el maíz transgénico. En diciembre en 2020, el Ejecutivo emitió un decreto en el que fijaba el 31 de enero de 2024 como la fecha límite para la utilización del glifosato y vislumbraba en esta fecha la sustitución total del grano de maíz genéticamente modificado, sin embargo, ante el reclamo de productores de ambos lados de la frontera, meses más tarde, las autoridades federales anunciaron que se extendería este plazo hasta 2025. No obstante, a EE UU el aplazamiento le pareció insuficiente y arremetió con llevar el caso ante un panel comercial del TMEC. Ahora, el nuevo decreto parece blindar, al menos, los millones de toneladas de maíz importados para forraje y uso industrial. La Administración mexicana aguarda la respuesta de Washington.

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