Zacatecas no encuentra refugio bajo la lluvia de balas

Las balas en Zacatecas no hacen distingos. El territorio está bajo el fuego y muy lejos de esa idea extendida de que “se matan entre ellos”. El juez Roberto Elías Martínez fue tiroteado en la cabeza este sábado cuando salía de su casa en el municipio de Guadalupe, en un atentado de extrema gravedad que le ocasionó la muerte horas después. Y hace nueve días perdió la vida en un enfrentamiento armado contra el crimen José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional, en Pinos. Las autoridades se aprestaron a lamentar lo ocurrido y prometer justicia, lo único que cabe ya esperar. Así lo prometió el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, Arturo Nahle, sobre la muerte del juez. Y el gobernador del Estado, David Monreal, señaló esfuerzos parecidos en su pésame por el militar Urzúa: “No descansaremos en nuestra lucha por pacificar el Estado y hacer frente a la delincuencia, el anhelo al cual el general entregó su vida. Descanse en paz”, dijo.

Zacatecas es uno de los territorios más calientes de la República, lugar de paso al norte. Los cadáveres amanecen sembrados por las calles o colgados de puentes a menudo, en una estrategia que tiene aterrorizada a la población. En ciudades como Fresnillo, el 97% de los habitantes declara sentirse inseguro. Quema de vehículos en narcobloqueos cortan las carreteras y durante horas queda paralizada la vida cotidiana. La muerte sorprende en cualquier sitio y nadie es ajeno a ello: un curso en una escuela para enseñar a los alumnos a defenderse de un posible ataque armado causó polémica este verano. Cuando no matan, amenazan. Eso está erosionando gravemente la vida económica en esta tierra minera. El último informe del Índice de Competitividad Estatal (ICE) relegaba a Zacatecas al puesto 28 de los 32 Estados de la República, tres escalones más abajo que el año anterior. El índice mide la capacidad de generar, atraer y retener talento e inversiones. En la capital muchos negocios se han ido abandonando y los que continúan con su actividad cierran temprano. La noche no es la mejor aliada. La estadística cuenta 67,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, solo detrás de Baja California. El turismo se resiente también en una de las capitales más hermosas de México.

Periodistas asesinados, universitarios secuestrados, cadáveres decapitados arrojados en cualquier cuneta, sangre en el pavimento. No hay un día tranquilo en Zacatecas y de poco parecen servir los contingentes militares que envían al Estado para combatir el crimen. Mientras, el gobernador inaugura el alumbrado navideño, presenta planes de apoyo a las personas con discapacidad o supervisa carreteras en construcción, pero nada puede ocultar la prioridad de la población por vivir con seguridad. El pasado 29 de noviembre, Monreal manifestó su reconocimiento a las fuerzas de seguridad, Guardia Nacional, Ejército y policías, por su labor para “pacificar Zacatecas”. La expresión no deja lugar a dudas, el territorio libra una guerra contra el crimen organizado, que más que atravesar el Estado camino del norte se ha instalado para quedarse. Las autoridades se organizan en torno a la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, pero los resultados nunca son halagüeños. Zacatecas no es más que una muestra del infierno contra el crimen organizado que se vive en numerosos Estados del país.

Monreal presentó recientemente cifras que hablaban de una reducción del 20% en la inseguridad y el delito, aseguró que no se permite la impunidad y se quedó con un pobre consuelo: que el 98% de los homicidios que se registran son de gente foránea, Durango, Jalisco, Sinaloa, Sonora. Incluso de Guatemala y Colombia. “Por fortuna, de nuestra gente muy pocos son los que se han involucrado”, afirmó. Sean de donde sean, el horrendo espectáculo de ver cadáveres colgando de un puente vial o regados por el suelo en una calle cualquiera es el desayuno de los zacatecanos demasiadas madrugadas.

Morenista como el presidente, Monreal se adscribe a la proclama de Andrés Manuel López Obrador, que atribuye el origen de la violencia a las escasas expectativas económicas y de bienestar social de la población. El combate a la pobreza es, por tanto, la estrategia de Gobierno para paliar el horror diario. Los presupuestos, dijo el gobernador, priorizarán las políticas sociales y educativas. Pero la pescadilla no deja de morderse la cola: pocas alternativas tienen quienes viven amenazados y con la muerte pegada a los talones para desarrollar actividades económicas que redunden en empleo y mejoren la vida.

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