Dos senadores de EE UU piden abrir consultas comerciales con México por la prohibición del maíz transgénico

Hay un nuevo frente de tensión comercial entre México y EE UU. Dos senadores republicanos pidieron el lunes a la Casa Blanca abrir consultas al amparo del TMEC contra la prohibición mexicana a las importaciones de maíz transgénico, que debe entrar en vigor en 2024. En una carta dirigida a la representante comercial estadounidense, Katherine Tai, los políticos apuntan a pérdidas multimillonarias para los agricultores y señalan que la medida contraviene las disposiciones del tratado comercial. Tai ya mencionó el asunto hace dos semanas en su primer encuentro con la recién nombrada secretaria de Economía, Raquel Buenrostro.

Los senadores Chuck Grassley, el más veterano entre las filas republicanas, y Joni Ernst señalan en la carta que la prohibición choca con las disposiciones del TMEC que establecen que las reglas sanitarias tienen que estar basadas en “principios científicos relevantes” y que este no es el caso de la medida contra el maíz transgénico. “Pese a las negociaciones con el Gobierno mexicano en los últimos dos años, hay pocas señales de parte del liderazgo del país de que vaya a adherirse a los compromisos del TMEC”, señalan. “Ha llegado el momento de que la Oficina de la Representante Comercial intervenga en este tema”. La petición de consultas que solicitan los senadores es el paso previo al establecimiento de un panel de arbitraje para resolver el conflicto.

La polémica sobre la prohibición al maíz transgénico fue uno de los temas tratados en la reunión entre Tai y la secretaria Raquel Buenrostro a principios de noviembre. En el encuentro, la representante de EE UU señaló “la importancia de evitar una interrupción de las exportaciones de maíz de EE UU y de volver a un proceso regulatorio basado en ciencia para todos los productos biotecnológicos agrícolas en México”, según un comunicado de su oficina. La referencia a un proceso “basado en ciencia” está en línea con lo que ahora dicen los senadores. Por otra parte, a finales de septiembre, el secretario de Agricultura estadounidense, Tom Vilsack, apuntó que iba a buscar “claridad” sobre el impacto de la prohibición. “Necesitamos presionar sobre el tema”, señaló.

La prohibición fue aprobada mediante un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2020. La medida fue aplaudida por organizaciones ambientalistas como Greenpeace, que señaló el riesgo que plantean los transgénicos para la diversidad de cultivos agrícolas y para la salud de las personas. Ante las presiones de EE UU, López Obrador dijo la semana pasada que durante una visita al país vecino le habían pedido seguir comprando maíz amarillo de los agricultores estadounidenses, a lo que él se negó. “Somos un país libre, soberano y no por vender el maíz amarillo nos van a enfermar y vamos a hacer a un lado nuestros maíces nativos”, dijo.

La medida del Gobierno mexicano ha sembrado temor entre los agricultores estadounidenses. Los senadores Grassley y Ernst son de Iowa, un Estado que exporta 16 millones de toneladas de maíz a México cada año, y citan un estudio que apunta a repercusiones multimillonarias: 3.500 millones de dólares de pérdidas para el sector durante el primer año de aplicación y 5.500 millones en el segundo año. Además, citan los senadores, este impacto económico provocaría la pérdida de 32.000 empleos. “El decreto del presidente Obrador no solo es un mal punto de partida, sino que es imposible de implementar”, dicen en la carta. “El 92% del maíz plantado en EE UU está genéticamente modificado”.

La tensión en torno al maíz transgénico no es el único frente comercial abierto entre los dos países. EE UU y México, además de Canadá, ya están en un proceso de consultas de alto voltaje por los cambios regulatorios en el sector energético mexicano. La Casa Blanca ha afirmado que la política energética del Gobierno de López Obrador choca con los compromisos de apertura firmados en el TMEC, al poner trabas a las inversiones de empresas norteamericanas en el sector. Las negociaciones para evitar acudir a un panel de arbitraje iniciaron en verano y debían haber terminado en octubre. Aunque todavía no se ha llegado a un acuerdo, los Gobiernos han decidido mantener las consultas.

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