Menos aranceles y costos en autopistas: el Gobierno redobla su plan para intentar contener una inflación desbocada

La Administración de López Obrador ha relajado la carga fiscal y tributaria en la importación de alimentos para intentar contener una inflación desbocada que ya rebasa el 8,76% en México. Este lunes el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha dado a conocer una nueva apuesta para contener la escalada de precios. Una versión remasterizada del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) -presentado en mayo- que cuenta, una vez más, con el respaldo de empresarios y comerciantes. El mandatario ha reconocido que pese a los esfuerzos iniciales y el subsidio a las gasolinas no han podido detener la inflación. “En alimentos, aun cuando no ha sido mucho el incremento, sí nos está afectando, nos está llevando a que se pierda poder de compra, poder adquisitivo en las familias, lo que es la economía popular y la inflación afecta más a las personas de menos ingresos, entonces tenemos ese desafío”, ha declarado el mandatario este lunes. El acuerdo tendrá vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y hasta febrero de 2023.

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ha reconocido que a pesar del subsidio a las gasolinas que el Gobierno lleva aplicando desde marzo pasado y que ha cobrado una factura de más de 300.000 millones de pesos, la escalada de precios en alimentos continúa. El funcionario federal ha afirmado que mientras la contribución de energéticos a la inflación anual de 8.76% en la primera quincena de septiembre es de 0.62 puntos porcentuales, la de alimentos es de 4.2 puntos porcentuales. Para intentar contener el alza en alimentos, esta Administración otorgará a las empresas firmantes del acuerdo una licencia única universal que alivia la carga fiscal y de trámites para la importación y distribución de alimentos o insumos. “Así se les confía (a las compañías) la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian las normas sanitarias de inocuidad y calidad. Durante la vigencia del acuerdo, la autoridad suspenderá la revisión de toda regulación que se considere que impide o encarece la importación de alimentos y su movilidad dentro del país, eso incluye aranceles y otros requisitos para su ingreso”, ha detallado.

La Secretaría de Hacienda en conjunto con Economía han acordado, durante la vigencia de este nuevo acuerdo, cerrar la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio utilizado para el envasado de alimentos. De acuerdo con las cifras de la dependencia dirigida por Ramírez de la O, actualmente, el precio máximo de la canasta básica es de 1.129 pesos. Con este nuevo acuerdo se busca una reducción del 8% para alcanzar los 1.039 pesos promedio, un precio que deberá estar vigente hasta febrero de 2023.

En el anuncio en Palacio Nacional estuvo la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y representantes de empresas como Soriana, Chedarui, Bachoco, Grupo Gruma-Maseca, Sukarne, Grupo Sigma Alimentos, entre otros. López Obrador ha lanzado una serie de halagos a las compañías firmantes del acuerdo calificándoles como “empresarios de dimensión social” y ha añadido de que el convenio sigue abierto para las compañías que se quieran adherir. El Gobierno, además, congelará las cuotas de autopistas concesionarias hasta el 28 de febrero próximo y mantendrá su subsidio a gasolinas mediante la renuncia a cobrar el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS).

Aunque desde mayo pasado el Gobierno intentó meter el freno al alza de los alimentos, los esfuerzos no han bastado. Hasta la primera quincena de septiembre, los productos agropecuarios registraron un aumento, por ejemplo, el jitomate aumentó 5,57% en 15 días, o la cebolla se elevó al 4,38%. En el precio de las tortillas de maíz, el producto clave de la alimentación mexicana y uno de los medidores más exactos sobre el encarecimiento fue del 1%. Frente a la escalada de precios, el Gobierno ha vuelto a sentarse con los empresarios y ahora sí, prometen, este nuevo pacto de precios se verá reflejado en los bolsillos de los mexicanos.

Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) advierte como un punto de riesgo el que las autoridades dejen a las empresas firmantes la responsabilidad de supervisar y garantizar la inocuidad de los insumos y alimentos importados. “La preocupación del sector agropecuario es de que puedan entrar plagas o enfermedades que puedan afectar a la producción nacional”, refiere. Otro punto a considerar, añade Anaya, son las repercusiones comerciales binacionales ahora que México decidió unilateralmente dejar de exportar maíz blanco y frijol a mercados como Estados Unidos.

Para Anaya, es factible la meta del Gobierno federal de reducir el coste de la canasta básica en un 8%, no obstante, señaló que el pacto de precios del Ejecutivo solo consideró a las grandes tiendas de autoservicio y dejó a fuera a otros canales de venta como las tiendas de abarrotes o tianguis, puntos de venta que surten a muchos municipios remotos del país.

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