La última fase de la reforma laboral arrancará en México con la promesa de eliminar el ‘coyotaje’ y reducir los juicios laborales

Este lunes cerrarán las últimas 66 juntas federales de Conciliación y Arbitraje en operación para migrar al nuevo modelo que se ha venido implementando desde hace tres años en el país

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, durante la presentación del Nuevo Modelo Laboral en Mérida, Yucatán (México), el pasado 23 de septiembre.
Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, durante la presentación del Nuevo Modelo Laboral en Mérida, Yucatán (México), el pasado 23 de septiembre.Martín Zetina (Martín Zetina)

La justicia laboral en México promete dar un giro de 180 grados el próximo tres de octubre. A partir de esta fecha comenzará la implementación de la tercera y última fase de la reforma de justicia laboral en Ciudad de México, Jalisco, Coahuila, Chihuahua, Baja California Sur, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. El nuevo sistema promete a las personas trabajadoras el acceso de la justicia, sin necesidad de intermediarios, y con la conciliación como una figura central en la resolución expedita de conflictos. Con estos instrumentos, la Secretaría del Trabajo confía en que los trabajadores que presenten una demanda laboral ya no tendrán que padecer el viacrucis de expedientes kilométricos y largos y costosos litigios. Por el contrario, bajo este nuevo esquema se espera que en menos de 45 días queden zanjadas cuatro de cinco controversias y de los casos que lleguen ante un juez se resuelvan en menos de seis meses.

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, señala que el viejo modelo, donde las Juntas de Conciliación y Arbitraje tenían un papel central, “el coyotaje” secuestró la justicia laboral en México, en perjuicio de trabajadores y de empresarios y creó distorsiones en el mercado laboral. Desde mayo de 2019 se empezaron a cerrar estas juntas locales para dar paso a los Centros estatales de Conciliación y Registro Laboral. La funcionaria confía en que en este nuevo modelo segará los vicios del pasado como el coyotaje —práctica ilegal en la que un tercero realiza trámites sin tener autorización para ello— o los juicios laborales interminables. “El hecho de que ambas partes estén obligadas a acudir a los centros conciliación dista mucho de lo que sucede actualmente y el hecho de que los trabajadores tengan que acudir a escuchas las propuestas de los empleadores y no necesariamente tengan que ir con un abogado, eso no sucedía antes”, insiste.

La siguiente semana echarán abajo la cortina las últimas 66 juntas de conciliación y arbitraje federales que aún reciben casos en el país. Ahora serán los nuevos centros de justicia laboral los encargados de atender las demandas. En suma, laborarán unos 195 conciliadores federales y 620 locales, mientras que en los tribunales se contabilizan 131 jueces federales y 190 magistrados locales. Más personal administrativo. Solo en esta tercera etapa entrarán en operación 43 Centros estatales de Conciliación y Registro Laboral. Y de manera paralela, las viejas juntas deberán operar para desahogar el rezago de más de 450.000 expedientes pendientes de resolución.

Sobre las denuncias en redes sociales que advierten de que algunos trabajadores de juntas locales han sido cesados de sus labores producto de estos cierres, Alcalde asegura que una alternativa para estos empleados es que se integren a los nuevos centros laborales. “Todas las convocatorias fueron de manera pública y abierta, tanto la ley lo estableció para los tribunales federales como para los centros de conciliación y hubo muchas mujeres y hombres que trabajaban en las juntas que ahora trabajan en los centros de conciliación. Por el otro lado, muchas de estas juntas van a seguir trabajando y van a mantener a sus trabajadores para atender sus asuntos, depende del rezago de cada junta, idealmente el plan es a tres años, pero serán tiempos diversos”, zanja.

“Ahora vamos a ver que cada cuatro de cinco conflictos se van a resolver en menos de 45 días y los restantes, que sí lleguen al poder judicial, se resuelvan en promedio seis meses, eso significa que ya no veremos los eternos juicios laborales que duran años”, asegura la secretaria del Trabajo. Además, añade que en los Estados donde ya se ha implementado se triplicó la cantidad de recursos en beneficio de los trabajadores vía de las conciliaciones, es decir, sí antes, en el viejo esquema, sumando todas las conciliaciones, los laudos, se podía cuantificar en unos 10.000 millones de pesos, se espera que con el modelo se pueda lograr 30.000 millones de pesos por año.

En el balance de los 21 Estados donde ya se aplicó la reforma de justicia laboral, Alcalde reconoce que se ha debido hacer mayor hincapié en la capacitación de los conciliadores, así como en el número de funcionarios para evitar desequilibrios entre la oferta y la demanda. El presupuesto total de todas las instancias que se ha erogado en el conjunto de estas tres fases de la reforma laboral llega caso a los 12.000 millones de pesos, unos 593 millones de dólares, según cifras de la Secretaría del Trabajo. De acuerdo con el Proyecto de Presupuestos, para el siguiente año se contempla un presupuesto de unos 800 millones de pesos, unos 40 millones de dólares. “Esta siguiente etapa significa hacer una evaluación y si es necesario reforzar alguna entidad federativa, tener los recursos necesarios para hacerlo”, concluye Alcalde.

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Sobre la firma

Karina Suárez

Es corresponsal de EL PAÍS en América, principalmente en temas de economía y sociedad. Antes trabajó en Grupo Reforma. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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