El tiempo se acaba para Melissa Lucio en el corredor de la muerte
La ejecución de la mujer, condenada por el fallecimiento de su hija hace 15 años, está programada para este miércoles. Su hijo John, como el resto de sus hermanos, la ha defendido desde entonces: “Mi mamá no es una maltratadora infantil”
–Cuando la vi, sabía que algo andaba mal. Usted sabe que algo anda mal.
–No, señor, no lo sé.
–¡Sabe que algo anda mal!
–No, señor, no lo sé.
Hasta 100 veces Melissa Lucio defendió su inocencia en un interrogatorio que duró cinco horas, hasta las tres de la mañana del 18 de febrero de 2007. Hacía dos horas que su hija Mariah, de dos años, había sido declarada muerta. La intimidación de los agentes le sacó cuatro palabras que fueron consideradas una confesión: “Supongo que lo hice”. El jurado que la sentenció a muerte creyó que Lucio era culpable del asesinato de su hija. 14 años después, el equipo de abogados que la defiende sostiene que la niña falleció por una lesión cerebral dos días después de haber caído por accidente de unas escaleras y que en el juicio se presentaron “pruebas defectuosas” que confundieron al jurado. Los letrados han pedido que se frene la ejecución, programada para este miércoles.
Melissa Lucio, estadounidense de origen mexicano, tiene ahora 52 años. Lleva 14 en la unidad de Mountain View, en Texas. En 2007, ella y sus 12 hijos –después nacieron dos más en prisión– se estaban mudando a una nueva casa en Harlingen, en el condado de Cameron. John, el tercero de sus hijos, ahora de 32 años, recuerda que ese día la niña estaba al cuidado de sus hermanos. Él tenía 17 y vivía con su novia de entonces. “Ellos vieron a Mariah caer de las escaleras. Vieron el accidente”, asegura desde la habitación de un hotel en Gatesville, poblado donde se encuentra la prisión en la que está encarcelada Lucio. Viste una camiseta negra que pide “Free Melissa” (Liberen a Melissa); se refriega constantemente los ojos porque lleva días sin dormir, se toma con las manos la cabeza. La bebé, dice, “se fue a dormir y no se despertó”.
Cuando llegaron los servicios de emergencia, la niña presentaba moretones de la cabeza a los pies. La médica forense que hizo la autopsia en ese momento creyó que se había tratado de un homicidio, según contó en el documental The State of Texas vs. Melissa Lucio, que se estrenó en 2020 y puso el caso en el foco de los medios. En el mismo largometraje, otro experto asegura que “los hematomas son el resultado de una lesión cerebral”. Hasta seis especialistas consultados por la defensa para revisar las pruebas han coincidido con ese diagnóstico. La película también muestra fragmentos del interrogatorio a Lucio. Un hombre le grita y ella responde, ligeramente encorvada, los ojos cansados:
–No pegué a mi hija. No soy así de cruel con mis hijos.
Como el resto de sus hermanos, John ha defendido siempre la inocencia de su madre. “Mi mamá no es una maltratadora infantil. En los informes del Servicio de Protección Infantil no hay nada que diga que ella haya maltratado a sus hijos. Es una mujer que no dañaría a nadie”, afirma. Durante el juicio, la fiscalía argumentó que Lucio había perdido la custodia de sus hijos en algunas oportunidades y que tenía antecedentes de consumo de drogas, pero en ningún momento presentó pruebas físicas que mostraran que la mujer lastimaba a sus hijos. Los testimonios de los niños y adolescentes tampoco fueron tenidos en cuenta en ese momento. “Se suponía que debían darle la mejor representación legal posible y no nos dejaron subir al estrado”, lamenta John.
El equipo de abogados que representa a Lucio interpuso a fines de marzo una petición de clemencia ante el gobernador Greg Abbott y la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas, y días después un recurso ante la Corte de Apelaciones Penal del Estado para que se frene la ejecución y se desestime el caso o se inicie un nuevo juicio. La solicitud ofrece nuevas pruebas con informes de médicos, un patólogo, un instructor de la policía, un psicólogo clínico y un neurocientífico que “refutan todos los elementos de la acusación” contra Lucio, según sus abogados.
El escrito ha sido respaldado por al menos cinco de los miembros del jurado que la condenaron y sentenciaron a muerte, incluida la presidenta, que declaró: “Me ha descorazonado saber que había pruebas adicionales que no se presentaron en el juicio. Sabiendo lo que sé ahora, no creo que deba ser ejecutada”. Además, más de 80 miembros de la Cámara de Representantes de Texas y 20 del Senado, demócratas y republicanos, han enviado cartas al gobernador Abbott para que detenga la ejecución. El fiscal de distrito del condado de Cameron, Luis Saenz, dijo que haría lo que fuera necesario para que a Lucio no le aplicaran la inyección letal este miércoles. La familia pidió incluso al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que interceda.
Sin embargo, hasta ahora “no hay nada que se interponga en el camino de esta ejecución”, declaró una de las abogadas de Lucio, Vanessa Potkin, a medios estadounidenses el miércoles. La letrada, miembro de Innocence Project, una organización que trabajara para “evitar las condenas injustas”, representa a Lucio desde enero. “Si el fiscal del distrito quisiera poner una pausa en esta ejecución para que las pruebas puedan ser litigadas en los tribunales, podría solicitarlo hoy mismo”, ha continuado Potkin, que trabaja con todo el equipo a contrarreloj: “Una mujer inocente se dirige a la muerte”.
Texas es el tercer Estado con más condenados a muerte en el país norteamericano, después de California y Florida. En total, 199 personas de ese territorio aguardan en el corredor de la muerte, según la organización sin ánimo de lucro Death Penalty Information Center. Aunque en los últimos años, diferentes Estados han abolido la pena capital, la medida todavía persiste en 27. El número de ejecuciones se ha reducido en las últimas dos décadas: en 2000 hubo 223 y en 2021, 18. Más de la mitad de los estadounidenses, sin embargo, sigue estando a favor de esta pena, aunque ocho de cada 10 ven “algún riesgo” de ejecutar a personas inocentes, de acuerdo con un informe del centro Pew.
Desde finales de la década de los noventa, 258 mujeres han sido exoneradas, según datos del Registro Nacional de Exoneraciones de Estados Unidos citados por Innocence Project. El 71% de las mujeres exoneradas en las últimas tres décadas habían sido condenadas por delitos que nunca ocurrieron. La defensa de Lucio confía en que la mujer pueda sumarse a esa lista si Texas considera las nuevas evidencias presentadas por sus abogados.
Las nuevas evidencias presentadas por los abogados de Lucio apuntan a que la muerte de Mariah “fue declarada asesinato antes de que comenzara la autopsia”, cuando en realidad se trató de “un trágico accidente”. Diferentes expertos creen que la mujer “fue implacablemente presionada y extensamente manipulada” para confesar que había lastimado a su hija. Los especialistas señalan, además, que haber sido víctima de abusos desde pequeña –una información que no se valoró durante el juicio– la hacía “especialmente vulnerable” a “confesar falsamente”. Los abogados critican que hubo “prejuicios de género” y se “omitió evidencia”. Y un dato más que apuntan: el fiscal de distrito en ese entonces, Armando Villalobos, se estaba postulando para la reelección aquel año y buscaba una “victoria”. Por eso, según la defensa, “buscó dar un ejemplo con el caso de la señora Lucio”. Actualmente, el exprocurador cumple una sentencia de 13 años en prisión federal por soborno y extorsión.
Si las demandas de la defensa no son tenidas en cuenta, Lucio será la primera latina en ser ejecutada. John recorrió el pasado martes 730 kilómetros, casi siete horas en coche, para visitar a su madre. “Ella está bien. Tiene mucha fe, mucha paciencia”, asegura. Desde que se fijó la fecha de su ejecución para el 27 de abril, Lucio no puede pasar los 30 minutos diarios que ocupaba trabajando en el jardín. Ahora, todo el día transcurre en su celda, que está constantemente vigilada por guardias para evitar que intente suicidarse. Su hijo asegura que ese “no es un riesgo”.
La idea de John sobre la pena de muerte ha cambiado. “Me siento mal por las familias de las personas que están en el corredor de la muerte porque mi mamá está allí y es doloroso”, explica. En estos 14 años, la suya se “dividió”. Tras el encarcelamiento, sus hermanos más pequeños fueron puestos al cuidado de otros parientes. Él dejó la escuela y luego el trabajo para dedicarse por completo a ayudar a su madre. El equipo legal le ha dado ahora “esperanzas”: “Me dijeron que hay mucha gente apoyándonos para pedir al gobernador Greg Abbott que mi madre salga del corredor de la muerte”. El lunes, según le informaron, podría haber un pronunciamiento. “Esperamos que el Estado no mate a mi mamá”, ha pedido, “ya perdimos a mi hermanita y perder ahora a mi mamá sería demasiado duro”. Durante la visita más reciente, Lucio le dijo a John que no tiene miedo mientras espera:
–Si pasa, tienes que saber que yo estoy en paz y tú tienes que estar en paz también.
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