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Los pagos de empresas energéticas a la CFE aumentan un 67% con López Obrador

Las centrales particulares con contratos previos a 2014 abonaron el año pasado casi 8.000 millones de pesos a la paraestatal por la transmisión eléctrica

Jon Martín Cullell
Un parque eólico de Iberdrola en México
Un parque eólico de Iberdrola en México.

Las empresas energéticas con contratos previos a 2014 pagaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2021 un 67% más que en 2018, antes del cambio de Gobierno. El año pasado estos pagos a la paraestatal por el uso de la red de transmisión alcanzaron su máximo en un lustro: 7.922 millones de pesos, unos 390 millones de dólares, según datos obtenidos por este periódico vía una solicitud de información. Pese al incremento, el Ejecutivo sigue acusando a las empresas de pagar poco, uno de los argumentos centrales para promover una reforma constitucional que limitaría la participación privada en el sector.

La tendencia es clara. Los pagos a la CFE de las empresas con contratos previos a 2014, cuando entró en vigor la reforma energética de Enrique Peña Nieto, han aumentado de forma sostenida desde 2017. Ese año, la paraestatal cobró 4.122 millones de pesos por transmitir la energía producida por esas centrales particulares y al siguiente, 4.750. En 2019, al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el monto subió a 5.248. El mayor salto se produjo en 2020, cuando la CFE reporta haber cobrado 7.326 millones de pesos, un 40% más que el año anterior.

Las cantidades se refieren solo a lo pagado por los “contratos de interconexión legados”, firmados antes de la reforma energética de Peña Nieto. Dentro de estos contratos figuran los 239 esquemas de autoabastecimiento, por el que las centrales privadas venden su energía a fábricas y comercios. El modelo representa alrededor del 12% de la producción total del país, según el Gobierno. Pese a que este periódico solicitó el monto abonado por cada empresa, la CFE considera en su respuesta que se trata de información “confidencial” y que revelarla podría dañar su “ventaja competitiva” frente a otros actores del mercado.

La factura pagada por las empresas por la transmisión está en el centro del debate actual sobre el futuro del modelo eléctrico, pero es un tema netamente técnico. Desde que se abrió el sector a los generadores privados en los años 90, las empresas con un contrato de autoabastecimiento pagan una tarifa a la CFE por el uso de la red. En los 2000, el Gobierno decidió incentivar la inversión privada en energías renovables reduciendo la tarifa de transmisión para las centrales eólicas y solares.

De todos modos, la tarifa se actualiza cada cierto tiempo en función de la inflación y otras variables. Además, cuando terminen su vigencia, las plantas en autoabastecimiento tendrán que incorporarse al mercado eléctrico creado por la reforma de Peña Nieto y pagar las tarifas de transmisión regulares, sin incentivos.

Pese a su vigencia limitada, el Gobierno ha centrado la atención en estos esquemas y ha afirmado que las empresas no pagan nada o que el monto es demasiado bajo para cubrir lo que realmente cuesta la transmisión, sobre todo en el caso de las tarifas blandas ofrecidas a las renovables en su día. El autoabasto, han dicho las autoridades, le costó a la paraestatal 49.606 millones de pesos en tres años, entre otras cosas por las tarifas bajas, que la CFE considera un subsidio. “Las empresas no quieren dejar de robar”, declaró el presidente López Obrador hace algunos meses.

El incremento repentino de los pagos privados en 2020 y 2021 coincide con la decisión por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de subir las tarifas de transmisión para que las plantas renovables paguen entre cuatro y ocho veces más. Aunque la decisión fue denunciada por las empresas como ilegal y los tribunales suspendieron su aplicación, en algunos casos la CRE ha ganado la batalla y los jueces han negado los amparos. El experto Víctor Ramírez apunta a una segunda posible explicación para el aumento de los ingresos: la entrada en operación de nuevas centrales. “La masa es mayor y por eso han incrementado las aportaciones a CFE”, señala.

En cualquier caso, los analistas señalan que el Gobierno exagera el impacto de las tarifas pagadas por las centrales en esquemas de autoabastecimiento porque estas representan una pequeña parte del total de centrales privadas en operación. La transmisión es una actividad sobre la que la paraestatal tiene el monopolio y una de las áreas donde esta obtiene mayores ganancias. En 2021, ingresó casi 21.000 millones de pesos por “servicios de transporte de energía”; un 40% más que el año anterior.

El consultor Pablo Zárate señala que el incremento de los pagos a la CFE en los últimos años es un “movimiento significativo”, aunque hay que enmarcarlo dentro del total de sus ingresos por transmisión. “Los pagos de los contratos de interconexión legados son relativamente chiquitos de cara al total de utilidades. Da cuenta que el discurso sobre autoabastecimiento no es un asunto tan grande como la CFE lo ha querido pintar”. El experto Víctor Ramírez coincide: “Se está sobredimensionando. Los autoabastecimientos son proyectos que tienen un plazo de vida y que van a ir desapareciendo de aquí a menos de 20 años”.

La reforma constitucional que está siendo discutida en el Congreso retoma los argumentos repetidos desde el inicio por el Gobierno sobre la transmisión y que va un paso más allá del simple incremento de las tarifas aprobado por la CRE. La iniciativa propone cancelar todos los contratos firmados por privados y que la CFE renegocie las condiciones, incluidos los pagos por el uso de la red de transmisión.

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Sobre la firma

Jon Martín Cullell
Es redactor de la delegación de EL PAÍS en México desde 2018. Escribe principalmente sobre economía, energía y medio ambiente. Es licenciado en Ciencias Políticas por Sciences-Po París y máster de Periodismo en la Escuela UAM- El PAÍS.

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