Grupo Carso, de Carlos Slim, paga cientos de miles de pesos a las víctimas de la Línea 12 para evitar futuras demandas

El acuerdo reparatorio, al que tuvo acceso EL PAÍS, considera todos los daños sufridos por el colapso del tramo elevado del metro y obliga a los afectados a desistir de cualquier pleito legal contra la compañía

Vista aérea del colapso de los vagones de la Línea 12 del metro, la noche del lunes 3 de mayo de 2021, en la Ciudad de México (México).
Vista aérea del colapso de los vagones de la Línea 12 del metro, la noche del lunes 3 de mayo de 2021, en la Ciudad de México (México).Sáshenka Gutiérrez (EFE)

Grupo Carso, del magnate Carlos Slim, acordó el pago de cientos de miles de pesos para compensar a algunas de las víctimas del colapso en la Línea 12 del metro de Ciudad de México, que dejó 26 muertos y casi un centenar de heridos el pasado 3 de mayo. Así lo confirman los acuerdos reparatorios, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, firmados por los afectados y Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), la empresa que construyó el tramo que se derrumbó. Las sumas de dinero se ofrecen en compensación de todos los daños sufridos y a cambio de que se desista de cualquier demanda o reclamación legal contra la compañía en el futuro.

“Las partes reconocen que la consecuencia de la aprobación y cumplimiento del presente acuerdo reparatorio será la extinción de la acción penal a favor de CICSA, sus afiliadas, accionistas, consejeros, apoderados y empleados, respecto de cualquier afectación, consecuencia o daño sufrido por la víctima, directa o indirectamente, con motivo del suceso”, se lee en uno de los documentos, firmado en enero de este año. En ese caso, la cantidad de dinero pactada para la compensación fue de 450.000 pesos, unos 21.600 dólares al tipo de cambio actual. El cheque fue emitido por Banco Inbursa, también propiedad de Slim.

En el acuerdo, que tiene siete cláusulas, se establece que esa suma de dinero cubre por completo la reparación del daño. Eso abarca el daño moral y físico, la atención psicológica, la asesoría jurídica y los tratamientos psicológicos, terapéuticos y tanatológicos, según sea el caso. También compensa el llamado “lucro cesante”: todos los ingresos que la víctima haya dejado de percibir por el colapso en la Línea 12 tras lesionarse o fallecer. “La cantidad que en este acto se entrega cubre el monto total e integral de la reparación del daño en favor de la víctima”, se subraya en el documento.

CICSA asegura que su participación en el acuerdo reparatorio “no implica, ni debe interpretarse, considerarse o tenerse, como reconocimiento de responsabilidad alguna”. Además, el brazo constructor de Carso —que ganó una licitación para construir un tramo de 235 kilómetros con un presupuesto de más de 18.500 millones de pesos del Tren Maya, una de las obras insignia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador— señala por escrito que sus dictámenes periciales y los elaborados por la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) no son coincidentes.

“Sin perjuicio de lo anterior, CICSA tiene la firme voluntad de coadyuvar con el esfuerzo que ha venido implementando la FGJCDMX y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI) para remediar en forma integral y complementaria el daño sufrido por las víctimas”, se establece. En octubre pasado, Grupo Carso anunció en un comunicado que asumiría los costos de reconstrucción y rehabilitación de la Línea 12, que cubre a habitantes que viven en el extremo suroriente de la capital.

La firma de ese acuerdo reparatorio, en ese caso con el Gobierno y el Sistema de Transporte Colectivo Metro, se hizo en el mismo sentido: “CICSA no causó ni es responsable del lamentable evento del pasado 3 de mayo en la Línea 12 del metro”. El anuncio vino cuatro meses después de que Slim, López Obrador y Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la capital, tuvieran una reunión en el Palacio Nacional sobre lo sucedido.

Estos nuevos acuerdos no se habían hecho públicos y se produjeron justamente con la mediación de la Fiscalía y la CEAVI, que asesora a la mayoría de los afectados por el derrumbe y sus familias. “Al momento, llevamos suscritos acuerdos reparatorios con el 80% de las víctimas directas e indirectas, cumpliendo estrictamente con los estándares internacionales, incluyendo el lucro cesante”, dijo la fiscal, Ernestina Godoy, durante su segundo informe de labores el pasado 19 de enero. Godoy dijo que el acuerdo ponía a las víctimas como prioridad y que garantizaba las medidas de salud, educación y seguridad de los niños y las niñas que quedaron huérfanos.

El cuestionamiento de abogados que representan a otras víctimas es qué pasará con la responsabilidad legal que pueda afrontar Grupo Carso si la mayor parte de las víctimas ya ha firmado documentos que las obligan a desistir de cualquier reclamo. A pregunta expresa de este diario, la Fiscalía no ha aclarado si se refería explícitamente a que el 80% de las víctimas había logrado un acuerdo con CICSA y qué implicaciones puede tener eso en el caso.

Unos días después de que se dio a conocer que ocho de cada diez afectados firmaron acuerdos reparatorios, otros abogados que asesoran a las víctimas al margen de la CEAVI acusaron presiones para “dar carpetazo” al asunto y se quejaron de que el dinero ofrecido no era suficiente. Sheinbaum lo negó: “No hay presión”. “Creo que es algo muy bueno que, además del apoyo que ya se había dado por parte de la Comisión de Víctimas y el seguro del metro, la Fiscalía esté logrando este apoyo adicional”, agregó. El acuerdo dice expresamente en una de sus cláusulas que se firmó de forma voluntaria.

Una persona cercana a las negociaciones asegura que CICSA ofreció entre 400.000 y seis millones de pesos a cada una de las víctimas, dependiendo de su grado de afectación. Consultado al respecto, Grupo Carso no ha confirmado ni negado estos montos. Un portavoz de la compañía respondió que iba a consultar sobre la información publicada por este diario, pero dijo que el tiempo que este diario le había dado para contestar era corto y la compañía evaluará si se pronunciara o no en los próximos días. El titular de la CEAVI, Armando Ocampo, también fue contactado, pero hasta el momento no ha respondido.

En el acuerdo, CICSA también se reserva el derecho de tomar acciones legales contra terceros que resulten responsables del derrumbe y reclamar que sean ellos quienes cubran eventualmente el pago que la compañía hizo a las víctimas en los acuerdos de reparación. En diciembre, la Fiscalía imputó a 10 exfuncionarios por los delitos de lesiones, daño a la propiedad y homicidio culposo en la tragedia de la Línea 12. La investigación oficial determinó que las causas del colapso fueron fallas en el diseño y en la construcción de la estructura, así como una calidad inadecuada de los materiales utilizados. Hasta ahora, sin embargo, no se conoce ninguna acusación formal contra Carso u otras compañías involucradas en la construcción.

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Sobre la firma

Elías Camhaji

Es reportero en México de EL PAÍS. Se especializa en reportajes en profundidad sobre temas sociales, política internacional y periodismo de investigación. Es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es máster por la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS.

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