México pide formalmente a Israel la entrega de Tomás Zerón dos años y cuatro meses después de su huida
La Cancillería entregó en diciembre las pruebas contra el exdirector de investigación de la vieja Fiscalía por el caso Ayotzinapa y por presuntas corruptelas en compras de equipo
![Tomás Zerón, en una foto en sus años al frente de la AIC, durante el sexenio de Peña Nieto.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/YLRFWJFT6NFPPMU3WMPW4WPXAE.jpeg?auth=b8f7f947503ec0b57b1f800b9e19ad0d580ee9de001b0937bf56848baa93a6e0&width=414)
La Cancillería mexicana ha entregado finalmente a Israel el hatillo documental para iniciar el proceso de extradición de Tomás Zerón. Antiguo jefe de investigación de la vieja Procuraduría durante buena parte del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la actual administración de la FGR busca a Zerón por delitos cometidos en el marco de los primeros meses de la investigación del caso Ayotzinapa, que él dirigió. La dependencia lo busca también por corruptelas en la compra de equipo para la dependencia en los años en que estuvo al mando.
Según información a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó la documentación a mediados de diciembre, dos años y cuatro meses después de la salida de Zerón de México, en agosto de 2019. Entonces, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) viajó a Canadá, para luego refugiarse en Israel, donde pidió asilo y ha permanecido este tiempo. Preguntado al respecto, el portavoz de Exteriores de aquel país, Lior Hayat, se ha limitado decir en un mensaje de WhatsApp que es un “es un tema que está en manos del Ministerio de Justicia”. Un portavoz del Departamento de Justicia de Israel ha añadido que la dependencia no puede comentar sobre una petición de extradición “mientras no este en manos de un juez”. La Cancillería mexicana tampoco ha ampliado información al respecto y fuentes de la dependencia han indicado que no se suelen dar detalles o comentarios sobre los procesos de extradición.
Al menos desde septiembre de 2020, el Gobierno de México sabía que Zerón estaba en Israel, según desveló entonces el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa. En este tiempo, el mandatario ha señalado varias veces la necesidad de que Israel colabore en la entrega de Zerón. En septiembre pasado, informó de que había mandado incluso una carta a su primer ministro, Neftalí Bennett, pidiendo la extradición. “Israel no puede ser refugio de torturadores, con todo respeto. Ningún país, pero Israel menos, es un asunto de su historia, es un asunto moral”, dijo a los medios.
La cantidad de tiempo que han empleado las autoridades mexicanas en armar el paquete de documentos y entregárselo a sus pares israelíes ha generado críticas. La unidad de Asuntos Internacional de la FGR, autoridad en casos de extradición, estaba encargada de traducir las acusaciones elaboradas en las áreas que han trabajado en las carpetas de investigación que aluden a Zerón. Fuentes ministeriales señalan que “la pandemia y las rutas diplomáticas” estuvieron detrás de la tardanza.
No está claro cuánto podría demorar ahora el proceso o incluso si llegará a buen puerto. México e Israel carecen de tratado de extradición, pero mantienen una buena relación comercial y diplomática. En su petición a las autoridades de aquel país, México alude a criterios de “reciprocidad internacional”, según las mismas fuentes, que permitieron en su día la detención del industrial Kamel Nacif en Líbano, acusado de tortura y secuestro en el caso de la periodista y escritora Lydia Cacho en México. “Ya hay contacto con las autoridades ministeriales de Israel en torno a esto. Están en proceso de análisis las imputaciones que hicimos llegar”, señalan dichas fuentes.
El documento que ha mandado Cancillería responde al nombre de “sworn affidavit suporting the formal extradition request” o declaración jurada con fines de extradición. Este diario ha leído parte del documento, integrado por las acusaciones contra Zerón y las pruebas que sustentan dichas acusaciones. Son cientos de hojas que narran al detalle los casos que la FGR imputa al exdirector de la AIC, brazo investigador de la Fiscalía. Entre ellos figura, por ejemplo, la acusación de tortura a Felipe Rodríguez, alias El Cepillo, presunto criminal que habría participado en el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa y la desaparición de 43, en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Ayotzinapa como principio y fin
Al mando de la AIC, Zerón encabezó las investigaciones del caso Ayotzinapa desde octubre de 2014, apenas unas semanas después del ataque. Según la actual administración de la FGR, Zerón coordinó la construcción de una narrativa falsa sobre lo ocurrido, la famosa verdad histórica, etiqueta que trató de imponer la vieja Procuraduría, entonces liderada por Jesús Murillo Karam. Según los investigadores que tomaron el caso tras el cambio de guardia en la FGR, esa versión se habría construido a base de torturar detenidos y manipular evidencia.
La verdad histórica señalaba que el grupo criminal Guerreros Unidos, con presencia en Morelos y Guerrero, había atacado a los estudiantes en Iguala, un pueblo serrano, de gran importancia para el tráfico de opio en la región. Policías municipales de Iguala y otros pueblos cercanos formaron parte de la ofensiva. El día del ataque, los estudiantes habían acudido a Iguala a tomar autobuses para acudir días más tarde a las marchas en conmemoración de la matanza de Tlatelolco en Ciudad de México. Ante la toma, la red criminal se puso en marcha.
El motivo nunca ha quedado claro, pero el resultado fue terrible: asesinatos, desaparecidos y un gran armazón político criminal para ocultar la verdad. Parte de ese armazón lo habría construido el propio Zerón. En octubre de 2014, el jefe de las investigaciones viajó a uno de los escenarios clave del relato que entonces se construía, el río San Juan. Según Murillo Karam y Zerón, la red criminal había asesinado a los muchachos, quemado sus cuerpos en un basurero y luego había arrojado los restos al río. En aquel viaje, Zerón llevó a un detenido, integrante de Guerreros Unidos, para que le indicara supuestamente en qué lugar habían arrojado los restos. Ese viaje nunca constó en el expediente, solo fue descubierto tiempo después, gracias a reportes de prensa. Al día siguiente de la visita clandestina de Zerón y el detenido, los investigadores hallaron supuestamente en el río, sin testigos, huesos de uno de los 43, Alexander Mora.
La visita clandestina de Zeron y el hallazgo de los huesos de Mora son brechas que han permitido al actual equipo de investigadores deshacer la verdad histórica. Para ellos, el hallazgo de los huesos de Mora en el río fue un montaje. Estudios independientes realizados durante estos años ya habían rechazado además la idea de la gran hoguera en el basurero. En todo caso, es el presunto montaje del río San Juan lo que integra la segunda acusación contra el antiguo líder de la AIC. Un caso de “ocultamiento de información” que podría resultar en “delitos contra la administración de justicia”, según una fuente familiarizada con las pesquisas.
En estos años, la FGR ha presentado al juez otras acusaciones que trascienden al caso Ayotzinapa y que integran igualmente la solicitud de extradición. Las pesquisas apuntan en este caso al presunto mal manejo del presupuesto en sus años. En septiembre de 2020, en la presentación del informe sobre los avances en el caso Ayotzinapa, el fiscal general, Alejandro Gertz, dijo: “[Zerón] se robó más de 1.000 millones de pesos del presupuesto de la fiscalía con la anuencia de sus superiores (...) sustrajo [el dinero] con varios cómplices, de manera fraudulenta y con la anuencia de sus superiores, como pago por sus infamias”.
El fiscal se refería a varias compras o licitaciones de obra presuntamente fraudulentas. En concreto, a la adquisición de vehículos y material de espionaje, plataformas digitales y pagos por la construcción del Instituto de Capacitación y Profesionalización de la vieja Procuraduría en Querétaro. Todo, como había dicho Gertz, por más de 1.000 millones de pesos.
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