La Fiscalía acusa a Tomás Zerón de desviar 85 millones de dólares en sus años en la PGR

El investigador del ‘caso Ayotzinapa’, prófugo de la justicia, habría amañado contratos con cargo a una partida del presupuesto ajena a los controles habituales

Tomás Zerón, en una conferencia de prensa en 2014.
Tomás Zerón, en una conferencia de prensa en 2014.Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro

El primer investigador del caso Ayotzinapa, Tomás Zerón, enfrenta nuevas acusaciones de la Fiscalía mexicana, según ha desvelado este miércoles el portal Animal Político. Los investigadores le acusan del desvío de 1.102 millones de pesos -85 millones de dólares de la época- de la partida del presupuesto de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) destinada a gastos de seguridad pública y nacional, en 2013 y 2014. En julio, EL PAÍS informó de que otra dependencia de la PGR desvió 102 millones de pesos de la misma partida en el mismo periodo.

En los años en que ocurrieron presuntamente los desfalcos, el máximo responsable de la Procuraduría era Jesús Murillo Karam. Cuadro veterano del PRI, Murillo apenas duró dos años como procurador, precisamente por el cuestionado manejo de la investigación del ataque y desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, en Iguala, en el Estado de Guerrero.

Retirado de la política, Murillo no ha salido al paso de las acusaciones de desvío de recursos durante su mandato. En julio, a la luz de la publicación que hizo este diario, personas de su entorno dijeron que el exprocurador no sabía nada del asunto.

Zerón, que oficialmente actuó bajo el ala de Murillo en la PGR, es prófugo de la justicia. Huyó a Canadá en agosto de 2019 y de ahí voló a Israel. Antes de conocerse las nuevas acusaciones contra él, la dependencia ya le había incriminado por su actuación en las investigaciones del caso Ayotzinapa. La fiscalía le acusa de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia.

En septiembre, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, dijo sin dar detalles que los problemas de Zerón con la justicia trascendían en realidad al caso Ayotzinapa. “Se robó más de 1.000 millones de pesos del presupuesto de la Fiscalía con la anuencia de sus superiores”, denunció Gertz entonces. “Sustrajo [el dinero] con varios cómplices, de manera fraudulenta como pago por sus infamias”, añadió el fiscal. Hasta hoy no se conocían más detalles de ese presunto desfalco.

El dinero salió de la partida de gastos de seguridad pública y nacional, un rubro del presupuesto reservado a las dependencias del ramo de seguridad: el Ejército, la Marina, la Policía Federal, el órgano desconcentrado que administra las cárceles y la antigua PGR entre otros. Esta partida se usa para actuaciones que implican urgencia, riesgo o confidencialidad, como operaciones encubiertas, investigaciones delicadas, cuestiones de asuntos internos, etcétera. La fiscalización de esta partida se dificulta porque los funcionarios que la emplean no justifican el gasto de manera tradicional, con facturas o recibos. Solo se justifica de manera interna, con documentos de difícil acceso denominados actas circunstanciadas.

Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el uso de esta partida aumentó exponencialmente comparados con los últimos años de su antecesor, Felipe Calderón. El Gobierno federal gastó en seis años 52.000 millones de pesos, la mayoría, más de 40.000, desde la secretaría de Gobernación, que entonces controlaba a la Policía Federal, las cárceles federales y el CISEN, el aparato estatal de inteligencia. En el caso de la PGR, el gasto fue de 6.817 millones de pesos. Destacan los dos años que estuvo Murillo Karam al frente, con Zerón bajo su mando. En 2013 y 2014, la PGR gastó 1.793 y 1.615 millones de pesos respectivamente, mucho más de lo gastado en años anteriores y posteriores. De ese, dinero, la Policía Federal Ministerial, bajo el mando de Zerón, gastó 1.362 millones de pesos.

Según Animal Político, el desvío de fondos ocurrió a partir de la firma de tres contratos amañados, dos con empresas mexicanas y otro con una firma de Gibraltar. Los contratos con las compañías mexicanas eran para adquirir “plataformas tecnológicas de intervención de comunicaciones” y vehículos donde instalar esas plataformas. El contrato con la empresa de Gibraltar era para comprar “sistemas y equipos para la intercepción de comunicaciones”.


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