El Gobierno rechaza ampliar los recursos del INE para organizar la revocación de mandato

La tregua entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Gobierno no ha durado ni un día. Horas después de que el organismo solicitara a la Secretaría de Hacienda salvar la consulta sobre la revocación del mandato de Andrés Manuel López Obrador con 1.700 millones de pesos, la primera respuesta ha sonado a portazo. No solo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha advertido este jueves durante la conferencia de prensa matutina de que no hay más presupuesto disponible, sino que el Ejecutivo ha llamado a la autoridad electoral a aplicar nuevos recortes a sus finanzas. El plan de austeridad alternativo presentado por el titular de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, arroja un ahorro de 2.972 millones.

Los recursos del INE y el referéndum revocatorio, con el que el presidente busca reivindicarse de nuevo en las urnas, son un rompecabezas hecho de fragmentos que sí tienen que ver con rubros de gastos e ingresos, pero también de muchas piezas políticas. El pulso con el órgano autónomo se intensificó en los últimos meses precisamente a cuenta de esa votación, aunque la inquina del mandatario y de Morena viene de lejos y se remonta a la cancelación de candidaturas de la formación, empezando por la de Félix Salgado Macedonio, antes de los comicios del 6 de junio. El Congreso, dominado por el partido oficialista, recortó el presupuesto del árbitro electoral, cuya respuesta fue aplazar ese proceso -previsto para abril- con el argumento de que iba a ser imposible organizarlo con un déficit de 2.300 millones. La justicia, sin embargo, le ordenó reanudarlo con el apoyo de Hacienda y ayer el Instituto acordó pedir formalmente esa ayuda.

A falta de pronunciamiento oficial del secretario Rogelio Ramírez de la O, la primera reacción ha sido un jarrón de agua fría. “El presupuesto público de la Federación está muy comprometido”, ha afirmado el titular de Gobernación, que esta semana sustituye a López Obrador en las mañaneras mientras el presidente se recupera de covid-19. “Hay que garantizar los programas sociales, el gasto en salud, el gasto en educación, y también que hemos analizado que no hay precedente en la historia de los presupuestos públicos que se haya otorgado una ampliación presupuestal a los órganos autónomos. De tal manera que esta es una respetuosa sugerencia, una invitación al INE a que lo revise y en todo caso pudiese adoptar las medidas de austeridad. Sin embargo nosotros vamos a esperar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esperará de manera formal que le llegue alguna notificación si el INE decide hacerlo”.

Ese plan de austeridad, aplicado a las dependencias gubernamentales y a otras instituciones públicas, consiste en esencia en una reducción de sueldos, en la supresión de seguros médicos, ahorros en los gastos de operación de todo tipo y fideicomisos. Según los cálculos del Ejecutivo, con esos ajustes el INE podría recabar 2.972 millones. El consejero presidente de la institución, Lorenzo Córdova, se opone a la propuesta al considerar que no tiene “sustento técnico mínimo” y “seriedad”. En definitiva, en su opinión, está diseñado por alguien que no conoce el funcionamiento del organismo. También el consejero Ciro Murayama ha rechazado el proyecto de ahorro del Ejecutivo. “La austeridad mal entendida puede devenir en austericidio”, ha afirmado en un video difundido en sus redes sociales.

El secretario de la Función Pública, sin embargo, lo enmarca en lineamientos generales de la Cuarta Transformación. “La política de austeridad republicana combatió el dispendio, la suntuosidad y la frivolidad a expensas del erario. Promovió un ejercicio de los recursos públicos que asegurara la generación de ahorros sin comprometer objetivos nacionales ni las metas institucionales. Los entes públicos redujeron sus estructuras orgánicas y ocupacionales en plazas de mando, de enlaces y gabinetes de apoyo en un 30%. Se redujeron los sueldos empezando por el presidente de la República”, ha desgranado Salcedo Aquino. “Es con ese ánimo que se presenta con todo respeto el siguiente ejercicio”.

“La revocación va, a la espera de la respuesta que nos dé la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, manifestó el miércoles Córdova, que en diciembre también presentó ante la Suprema Corte una controversia constitucional para frenar la celebración de la consulta. Uno de los riesgos en caso de que esa dependencia conceda un monto menor al solicitado es que el Instituto se vea, por ejemplo, obligado a instalar menos casillas, que por ley deben ser las mismas que en las últimas elecciones federales del 6 de junio, al menos 161.000.

Detrás de la disputa, en cualquier caso, se configura también una batalla del propio López Obrador con los órganos autónomos. No solo con el Instituto Nacional Electoral, porque a esta convulsión se suman también las presiones políticas al Banco de México o al Instituto de Transparencia. El presidente busca cimentar su legitimidad con un referéndum. La pelota de la revocación de mandato está ahora en el tejado del árbitro.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país