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El INE se aprieta el cinturón y pide a Hacienda salvar la revocación de mandato con 1.700 millones de pesos

El organismo electoral recorta su presupuesto para organizar la consulta a la espera de la respuesta del Gobierno

Francesco Manetto
Lorenzo Cordova
Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral, en la sala de sesiones del consejo general del INE, en diciembre.Gladys Serrano

La disputa entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Gobierno ha quedado resuelta, al menos por el momento, gracias a una solución intermedia. La autoridad electoral mexicana, que en diciembre se negó a organizar la consulta sobre la revocación del mandato de Andrés Manuel López Obrador debido a un déficit de más de 2.300 millones de pesos, ha aceptado este miércoles seguir adelante con la ayuda de la Secretaría de Hacienda. El Consejo General del organismo ha solicitado 1.738 millones a esa dependencia y ha aprobado un nuevo ajuste a su presupuesto. Aun así, no todo está escrito, puesto que el Ejecutivo tiene que dar una respuesta antes del 31 de enero y el presidente ya advirtió de que Hacienda solo apoyará al Instituto si esos recursos no afectan a los programas sociales.

“Quiero ser claro: esto no es lo ideal, pues el margen de maniobra del INE se acota. Estamos colocando el ejercicio de revocación de mandato en una zona de cuidado que, si bien es manejable, de ninguna manera es deseable”, ha afirmado el consejero presidente del árbitro electoral, Lorenzo Córdova. La resolución, aprobada por unanimidad, es consecuencia de una sentencia del Tribuna Electoral, que hace dos semanas ordenó no interrumpir la convocatoria, prevista para el 10 de abril. Las palabras de Córdova, sin embargo, destilan amargura por dos razones. En primer lugar, porque el referéndum se llevará a cabo con 3.300 millones, 500 menos de lo contemplado inicialmente, lo que según su criterio supone un serio inconveniente para el desarrollo del proceso. Y en segundo lugar, porque este pulso ha trascendido una dimensión administrativa o presupuestaria y se ha convertido en un choque frontal con el Ejecutivo y Morena, el partido que lo sostiene.

Detrás de la decisión del INE hay un clima de profundas tensiones con López Obrador e incluso una denuncia por abuso de autoridad -presentada por la bancada oficialista en la Cámara de Diputados y después retirada- contra el propio Córdova y seis de los 10 consejeros de la institución. El presidente ya ha hecho de la revocación de mandato un hito de su gestión con el que busca reivindicarse de nuevo en las urnas y legitimar las decisiones de la segunda parte del sexenio. Desde la tribuna de sus conferencias de prensa matutinas no ha perdido ocasión para criticar al organismo electoral, hasta calificar de “antidemocrático” su comportamiento, y ha dejado claro que considera un pretexto el déficit de presupuesto que le impuso el Congreso.

El mandatario llegó a sugerir una revisión de las asignaciones del Instituto y hace días, antes de que sus consejeros votaran, dejó claro que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, tiene que tomar una resolución sobre cualquier solicitud de recursos. “Que vea si puede, si tiene posibilidad, de acuerdo también con las prioridades, porque hay que seguir apoyando a los que lo necesitan, cuánto podría ayudar si es que tiene posibilidad de hacerlo sin afectar a ningún programa”, manifestó López Obrador. Con estas premisas, la guerra abierta entre el organismo y el Gobierno solo ha llegado a una fase de tensa tregua.

“La revocación va, a la espera de la respuesta que nos dé la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, ha insistido Córdova, que en diciembre también presentó ante la Suprema Corte una controversia constitucional para frenar la celebración de la consulta. Uno de los riesgos en caso de que esa dependencia conceda un monto menor al solicitado es que el Instituto se vea, por ejemplo, obligado a instalar menos casillas, que deben ser las mismas que en las últimas elecciones federales del 6 de junio. Es decir, al menos 161.000 colegios electorales. El consejero presidente siempre ha mantenido que quien ponía en riesgo la celebración de la revocación de mandato no es el INE, sino lo que hoy ha calificado de “situación inédita e inconveniente”. La votación se suma este año a las elecciones para renovar las gubernaturas de seis Estados, además de decenas de alcaldías, lo que multiplica el trabajo la institución.

Pero los desencuentros con Morena, que se volvieron irreversibles el pasado mes de abril con la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, no se limitan al dinero. Esta mañana el secretario de Gobernación, encargado de las mañaneras mientras López Obrador se recupera de su segundo contagio de covid-19, ha asegurado que el INE ya había validado todas las firmas de simpatizantes suficientes, casi 2,8 millones, para convocar formalmente la consulta. No es así. El árbitro electoral, ha informado Córdova, “sigue con la cuantificación y verificación de las firmas de quienes promueven la revocación de mandato. Al corte más reciente, se han acreditado 2 millones 140.000 firmas”.

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Sobre la firma

Francesco Manetto
Es editor de EL PAÍS América. Empezó a trabajar en EL PAÍS en 2006 tras cursar el Máster de Periodismo del diario. En Madrid se ha ocupado principalmente de información política y, como corresponsal en la Región Andina, se ha centrado en el posconflicto colombiano y en la crisis venezolana.

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