Morena pide a la Fiscalía penas de cárcel para el INE

La ofensiva contra el Instituto Nacional Electoral (INE) ha tocado un nuevo techo. El grupo parlamentario de Morena presentó este jueves una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los seis consejeros del órgano electoral que votaron a favor de posponer la consulta para el revocatorio de mandato. El partido en el Gobierno les acusa de abuso de autoridad y de excederse en sus funciones. Las penas previstas alcanzan los siete años de prisión pero la consecuencia más inmediata de la denuncia sería el desafuero de los seis consejeros. Es decir, más de la mitad del INE —cuenta con 11 miembros— quedaría fuera de juego.

Una vez recibida la denuncia, el balón está ahora en el tejado de la Fiscalía, que tendrá que decidir si la acepta y, en su caso, solicitar al Congreso el desafuero de los consejeros para que puedan ser juzgados. Morena y sus aliados cuentan con una mayoría suficiente en la cámara de Diputados como para sacar adelante el desafuero. De los cinco consejeros que no han sido denunciados, cuatro ellos han sido nombrados con el apoyo de Morena durante la pasada legislatura.

Al margen de si prospera o no la denuncia, inédita en la historia parlamentaria mexicana, el choque entre el INE y el Gobierno ha entrado en una nueva fase. Desde el inicio del sexenio, el órgano electoral ha sido una de las dianas favoritas de Andrés Manuel López Obrador en su cruzada contra las instituciones que considera parte de una especie de antiguo régimen. Desde las acusaciones de gastos y sueldos excesivos a denuncias de bloqueo de la consulta para enjuiciar a los expresidentes. La reforma de la legislación electoral es, de hecho, una de las prioridades del Gobierno, que ha deslizado incluso la posibilidad de integrar el INE en el Ejecutivo.

El arranque de este nuevo conflicto llegó el viernes de la semana pasada. Cuando cinco consejeros —Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Dania Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz y Beatriz Claudia Zavala— tomaron la decisión de aplazar la consulta alegando falta de recursos a raíz del recorte de más de 2.300 millones de pesos asestado por el último presupuesto del Congreso. La consulta, prevista para el 10 de abril, es la gran baza del presidente para continuar marcando el paso a través de su fórmula de la campaña electoral permanente.

Además de las andanadas retóricas diarias, Morena impugnó la decisión tanto al Tribunal Federal Electoral como a la Suprema Corte. El miércoles por la noche, el máximo tribunal mexicano falló de manera exprés y preliminar a favor de anular la suspensión decretada por el INE. La decisión, en todo caso, no es definitiva. Habrá que esperar a la vuelta de las vacaciones cuando el 11 de enero será debatida por los 11 magistrados de la Corte.

Las dos juezas de la Corte insistieron en que el INE cuenta con 1.503 millones de pesos para organizar la consulta, por lo que hay “un indicador de viabilidad financiera”, y que con estos recursos debe seguir adelante con todas las etapas del proceso. Por su parte, el responsable del INE, Lorenzo Córdova, estimó que para la organización del referéndum se requieren más de 3.830 millones de pesos. Tras el fallo provisional de la Corte el órgano electoral comunicó que acataba la decisión y, a falta de que se resuelva el fondo del asunto, reanudaba su trabajo con el presupuesto disponible.

Los avances en la organización de la revocación de mandato han seguido su curso pese al bloqueo temporal del INE. Una propuesta que requirió una modificación en la Constitución y una ley que lo regulara. La campaña se encuentra de momento en la primera fase: recolectando las 2,8 millones de firmas necesarias para la solicitud de la medida esta semana. Y con la decisión de la Corte, los funcionarios del Instituto están obligados de momento a continuar con su parte, que comenzará una vez que se recabe el apoyo suficiente.

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