“La turbulencia en el Tribunal Electoral era necesaria: era estrellarnos o levantar el avión”

Fue presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) durante apenas seis días tras asumir el cargo en medio de la crisis más profunda sufrida por la institución. El lunes decidió dar un paso al lado para que a partir de septiembre se cierre este ciclo con la elección de un nuevo responsable. El magistrado de la Sala Superior Reyes Rodríguez Mondragón (Ciudad de México, 47 años) sustituyó al frente del tribunal a José Luis Vargas después de que, hace una semana, cinco de los siete integrantes del órgano lo removieran de sus responsabilidades en medio de una accidentada sesión pública. La decisión fue motivada por la pérdida de confianza y por la que sus críticos consideran una gestión unilateral del Pleno. Y a eso se suma una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por supuesto enriquecimiento ilícito. Vargas se resistió, pero se quedó prácticamente solo y finalmente tiró la toalla.

Así empezó lo que Rodríguez Mondragón llama “etapa de turbulencia” y que, en su opinión, ha sido una condición para que el tribunal entre en una fase de reconstrucción institucional. El magistrado recibe a EL PAÍS en el patio de su casa, donde defiende con serenidad la transición que se inició en el organismo, la instancia del poder judicial encargada de dirimir las controversias sobre candidaturas, partidos, coaliciones, financiación y campañas. Sus sentencias repercuten en los equilibrios políticos, así que sus integrantes ya están acostumbrados a los vendavales.

“Desde hace una semana estamos en un una etapa de turbulencia que era necesaria. Porque, siguiendo la analogía, había un avión que ya venía en caída. Para corregir el rumbo, pues, a veces tienes que meterlo en turbulencias y así entramos en una que duró seis días. Era necesario designar o nombrar una presidencia que tuviera como mandato sacar el avión de la turbulencia. Y tenemos, como normalmente sucede en esos casos, dos escenarios: o estrellarnos o levantar el avión. Creo que la opción que tomamos en conjunto, de manera colegiada, la magistrada Janine Otálora y los cuatro magistrados que llevamos a cabo la sesión pública para remover de la presidencia al magistrado José Luis Vargas optamos por que entonces yo condujera el avión”, resume Rodríguez Mondragón.

El magistrado considera clave también la interlocución con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar. Es decir, “conversar con él respecto de las distintas soluciones alternativas”. “Yo recibí la encomienda de sacar al tribunal de esta crisis y lo más pronto posible. Y eso podría haber tomado semanas o días. Y lo resolvimos en seis días, de miércoles a un lunes en la noche. Y para ello fue necesario, después de salir de esa densa tormenta, pasarle el piloto en la conducción a alguien que pudiera llevar a cabo un período de transición más en calma. Y a partir del primero de septiembre se convocará a la elección de una nueva presidencia”, continúa.

- ¿Por eso decidió dar un paso atrás?

- Un paso al lado, hacia el lado. Para atrás hubiese sido estrellar el avión.

- ¿Y lo ve como un paso paso fundamental para legitimar este proceso y cerrar la crisis de alguna manera?

- Fundamental para cerrar la crisis. Legitimar es algo que todavía no sucede, para conseguirlo se requieren procesos, tiempo y reglas y aceptación de los resultados por todas las partes. Y lo que teníamos aquí justo era que dos de nuestros colegas, la magistrada Mónica Soto y el magistrado Vargas, no aceptaban el resultado de la sesión del miércoles pasado, porque estuvieron ausentes. Entonces es natural, cuando hay una sesión colegiada en la que deberíamos participar todas y todos, cuestionar, plantear dudas respecto del proceso y no reconocer el resultado.

Rodríguez defiende que lo sucedió “no fue una decisión más en sesión pública”. “Fue producto de bastante tiempo, pero particularmente de una presidencia de nueve meses en donde tuvimos diferencias públicas notorias, no sólo desde la perspectiva de conducir el tribunal en las sesiones o en la relación entre nosotros. El Pleno tiene facultades para decidir, por decirlo claro, qué día y a qué hora sesionar y qué asuntos se van a ver. Y había actos unilaterales, arbitrarios, en donde se cambiaban los días de sesión, se modificaban o se solicitaba modificar las listas. Entonces, la funcionalidad del tribunal pues no estaba siendo inclusiva”, argumenta el magistrado.

“En un tribunal colegiado, las reglas se deciden por mayoría. Entonces él se mantenía con ciertas posiciones, válidas desde su perspectiva, resolviendo, y nosotros en varios casos no las compartimos. Había varias situaciones institucionales, más allá de lo jurisdiccional, en donde pues no estábamos trabajando en condiciones de equilibrio. Quiero decir que no fue un día lo que detonó todo, sino que fue un resultado de acontecimientos que sucesivamente y públicamente iban denotando la fragilidad de la presidencia de José Luis Vargas. Hubo una pérdida de confianza también a lo largo de nueve meses y lo que pasó fue una especie de moción de censura”. El magistrado confía en que a partir de septiembre las aguas vuelvan a su cauce y el trabajo del tribunal, que tiene sobre la mesa asuntos apremiantes relacionados con las elecciones del 6 de junio, avance.

“Los ánimos ya ahorita están más calmados, amainó la tormenta. La propia dinámica del Tribunal Electoral nos exige enfocarnos en la resolución de los asuntos de controversias de resultados electorales y hay fechas límite. El primero septiembre, por ejemplo, es un día clave porque toma protesta a la Cámara de Diputados y hay que resolver las asignaciones de representación proporcional”, recuerda el juez. El reglamento establece que, tras su renuncia, asuma el integrante de la Sala Superior de mayor edad. La responsabilidad interina recayó en Felipe Fuentes, que será el encargado de “convocar a una sesión en donde se pueda llevar a cabo la elección de la presidencia, que podrá concluir en 2024″.

Sus cometidos, según Rodríguez, serán esencialmente dos: “el primer factor, el más evidente por la coyuntura, es la reconstrucción institucional. Consolidar las mayorías, mantener este trabajo de confianza pública, de legitimación que se fue haciendo durante el proceso electoral. Las encuestas muestran que las instituciones electorales incrementaron en la opinión pública su aceptación, su legitimación. Particularmente el INE, pero el tribunal también gozó de este ascenso como en unos 20 puntos en este proceso electoral [según un estudio de El Financiero], particularmente a partir los registros de candidaturas. Entonces, hay que mantener esa curva de ascenso”.

“La segunda variable”, señala el magistrado, “es que estamos a punto de iniciar procesos electorales para la elección de seis gubernaturas el próximo año”. “Y en el 23, dos gubernaturas más, es decir, antes de la elección del 24 se definen las otras ocho gubernaturas que complementan las decisiones del 2018. Por lo tanto, es en el 23 que vamos a tener una composición del mapa político electoral previo a la elección presidencial de 2024″, agrega antes de recordar el debate público y alentado por las autoridades sobre una reforma electoral. Aunque el juez cree que los tribunales deben ceñirse a resolver controversias. “No nos corresponde a nosotros estar en la agenda pública en estos momentos”, opina a propósito de las opiniones personales.

- ¿Pero sienten las presiones y las ha sentido usted en los últimos días?

- La presión que he sentido desde hace casi nueve años, desde que soy magistrado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, es la de la responsabilidad social y la de la vocación institucional o del compromiso institucional con el Poder Judicial. Es la única presión que yo he sentido en nueve años y más intensamente en estos seis días de la de la turbulencia. Fuera de esa presión nunca he sentido otra. La que yo he vivido es interna, es de mi fuero interno. No he tenido, lo digo con toda sinceridad, nunca una amenaza, una presión, una exigencia, algo que distorsiona la valoración y construcción de soluciones jurídicas para para resolver y en ese sentido solo puedo hablar por mí.

Sin embargo, concede el magistrado, “el Tribunal Electoral, como una institución que resuelve conflictos por el poder político electoral, por la representación, pues siempre tendrá tensiones”. ¿Con quiénes? “Pues, con los partidos políticos, con aquellos poderes públicos que que ahora también litigan. El Ejecutivo es denunciado por el uso de propaganda electoral, el poder legislativo presenta juicios en este proceso. El Tribunal Electoral es un tribunal de derechos políticos”, razona.

- Se lo preguntaba justo porque antes de las últimas elecciones eran presiones públicas. No había nada misterioso. Y público también es ese tuit falso que el presidente le atribuyó a usted. Esa también es una forma de presión.

- Se dan a luz del día, abiertas, son parte ya del discurso político. Y vienen de todos lados, las voces públicas, del legislativo, del Ejecutivo, inclusive hay un contexto de exigencia de la academia. Todo esto genera un contexto de exigencias en donde se ve qué interés tiene cada parte. Porque hay que distinguir las controversias jurídicas, que llegan en demandas, en blanco y negro, de las disputas que se ventilan ante la opinión pública, narrativas, que son disputas también en torno al poder político y la representación electoral. Y esas disputas, sociales, públicas, políticas sí han generado un contexto de presión, en sentido constructivo del término.

Con todo, Rodríguez Mondragón cree que “esta dinámica donde hay intereses externos no es de ahora, es de hace muchos años”. “Es más, la tensión entre derecho y política es connatural a este tribunal. Eso hace difícil la construcción de consenso al interior de un tribunal colegiado. Cuando hay ruido e interferencias los procesos son más lentos, son más difíciles. Nosotros juzgamos controversias y las sentencias las juzga la opinión pública”.

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