El Ejército encabeza la confianza en las instituciones

El Ejército es la institución en la que más confían los mexicanos. La valoración de los militares, concretamente de la rama terrestre de las Fuerzas Armadas, alcanza el 62%, a casi diez puntos de distancia de otro cuerpo encargado de la seguridad pública, la Guardia Nacional, que con el 53% se sitúa en el segundo lugar. Así lo refleja una encuesta de SIMO Consulting para EL PAÍS, que recoge el clima de opinión sobre los principales organismos del país y algunas de las reformas que marcan el debate político. Después el Ejército y la Guardia Nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral, que en los últimos meses han sufrido el hostigamiento de Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, son las dos instituciones que más confianza generan en la ciudadanía.

El elevado grado de aprobación del estamento militar no es nuevo en México, frente al desprestigio de la Policía, a la cola de la clasificación con un saldo negativo del 72%. La paulatina degradación de la situación de seguridad del país, unida a la percepción de elevada corrupción entre los cuerpos policiales, ha ido ampliando esta brecha entre ambas instituciones de la fuerza pública. Pero estos datos coinciden ahora con las atribuciones de enorme calado que el presidente está dando a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Tareas que van de la gestión de obras públicas al apoyo en la campaña de vacunación contra la covid-19. En marzo el Gobierno anunció que ese departamento será responsable de la construcción de varios tramos de uno de los proyectos símbolo de la llamada Cuarta Transformación, el Tren Maya, que conecta la selva Lacandona, en Chiapas, y el Caribe. El Ejército se encargará además de la administración de la obra, beneficiándose de sus ingresos.

La decisión fue polémica porque de esta forma la institución no solo consolida su poder, sino que se convierte de facto en un actor político de primer orden. La concesión sienta un precedente y otorga a Defensa un estatus difícil de revertir en el futuro. En cualquier caso, ese es el camino que quiere emprender López Obrador, que ha optado por fortalecer a la fuerza terrestre mientras se emplea en exponer y desprestigiar a otros organismos ante la opinión pública.

Es el caso del INE y del Tribunal Electoral de la Federación, que mantienen la confianza, respectivamente, del 50% y del 45% de la población, según el estudio de SIMO Consulting. El mandatario emprendió sin ningún disimulo una batalla contra las autoridades electorales, tratando de presionar a jueces y consejeros en pleno proceso de deliberación de algunas sentencias que afectan a Morena. El pulso se intensificó a raíz de la inhabilitación de dos candidatos del partido oficialista por irregularidades administrativas en los Estados de Guerrero y Michoacán. Se trata de Félix Salgado Macedonio, sobre quien además pesan dos denuncias por violación, y Raúl Morón.

Varios dirigentes de la formación intensificaron el acoso llegando a amenazar a estas instituciones con su desaparición o, en el mejor de los casos, una reforma estructural. Según la encuesta, el 45% de los mexicanos es favorable a una revisión del INE que incluya “muchos cambios”, un 16% opina que los cambios deben ser menores y un 29% opta por no tocar el organismo. Solo un 6% apoya la intimidación de políticos como Salgado Macedonio, que llamó a acabar con él.

El consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, también fue blanco de los ataques del presidente y de Morena. En una reciente conversación con EL PAÍS, Córdova consideró ante la posibilidad de una reforma que deberían darse algunas condiciones previas. Antes que nada, “que las reglas sean producto de un debate informado”; en segundo lugar, que la reforma no sea una simple contrarreforma para echar al traste lo conseguido hasta ahora; en tercer lugar, un diagnóstico que ahora no se tiene; y en cuarto lugar, que la mejora del sistema sea fruto de un consenso amplio. Este consenso no parece existir ahora mismo, a la luz de la encuesta. Es posible, incluso, que de abrirse a debate los específicos de una eventual reforma, incluso ese 45% que aspira a un cambio profundo se dividiera en varios grupos según las direcciones que tomase dicho cambio.

Entre las instituciones que menos confianza despiertan en la población figuran la Cámara de Diputados (un 34%) que el 6 de junio quedará renovada al igual que las gubernaturas de casi la mitad de los Estados, y los jueces (un 33%). El presidente también ha entrado en los últimos meses en un cuerpo a cuerpo con la judicatura después de que algunos magistrados suspendieran algunas leyes que se habían convertido en una apuesta personal, de la reforma eléctrica a la de los hidrocarburos o la implantación de un nuevo padrón de telefonía móvil, con el que está de acuerdo menos del 30% de los ciudadanos.

Regular redes sociales: 52% a favor

Un capítulo al margen merece el clima de opinión en torno a las redes, los periódicos y las televisiones. Tanto las plataformas digitales como los medios de comunicación registran un elevado índice de desconfianza. Sin embargo, las redes sociales se sitúan algo por encima de las publicaciones o retransmisiones tradicionales, que siempre han sido blanco constante de los ataques del mandatario. La posición en torno a las plataformas está nítidamente dividida en tres tercios: uno que las aprecia, y otros dos que desconfían algo (32%) o mucho (29%).

Esta fragmentación tiene lugar en un contexto de polarización extrema del debate en las redes, con participación de actores con distintos grados de organización pero con la intención aparente de inundar la conversación con ataques frontales al rival. En esta situación, y particularmente en la suposición de influencias externas, se han apoyado instancias dentro del oficialismo para introducir límites a la libertad de expresión online. Concretamente, Morena amagó, a través del coordinador de senadores Ricardo Monreal, con aprobar una reforma para regular las redes sociales. Finalmente, la iniciativa no obtuvo el visto bueno de López Obrador.

Resulta, sin embargo, que más de la mitad de los encuestados (52%) se muestra a favor de controlar los contenidos de las plataformas. Esta es la segunda reforma más popular, solo superada por la abrumadora mayoría que quiere reducir el número de diputados y senadores. Actualmente, la Cámara baja cuenta con 500 diputados y la alta, con 128. En contraste, solo una tercera parte de la población apoya algunas de las propuestas indefinidas lanzadas por dirigentes de Morena, como que el poder judicial organice las elecciones en lugar del INE o que desaparezca el Tribunal Electoral. En el lado positivo para el oficialismo, un número parecido de encuestados es favorable a la cancelación de proyectos como el Tren Maya o la refinería Dos Bocas.

Metodología. Encuesta de opinión pública realizada por SIMO México a 2.000 casos efectivos, con levantamiento cara a cara, entre el 10 y el 14 de mayo de 2021. La población objetivo fue hombres y mujeres mayores de edad (18 años o más), que tengan credencial para votar vigente, que voten en la sección electoral seleccionada. El margen de error asumido es, +/- 3.46% con un efecto de diseño de 2,5 (calibración por método de ranking por sexo, rango de edad y total por circunscripción), para un nivel de confianza del 95%.

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