Condena a los señalamientos de López Obrador contra organizaciones civiles

La receta fue la habitual. Primero, hablar de casos o investigaciones reales sobre corrupción para generar un clima de desconfianza. Segundo, sembrar confusión mencionando a organizaciones y personas que nada tienen que ver con la corrupción o que precisamente se dedican a combatirla. Y tercero, señalarlas públicamente por ejercer derechos constitucionales e incomodar al poder. Andrés Manuel López Obrador aplicó de nuevo esa fórmula el miércoles al intentar intimidar a los integrantes del consejo consultivo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Mostró las fotos de los asesores externos de la ONG presidida por Amparo Casar para descalificar sin argumentos algunos de ellos. Doce miembros de ese comité han condenado este viernes el enésimo ataque del presidente.

“Nos preocupa la intención y los efectos perjudicales de este señalamiento público realizado por López Obrador”, lamentan los firmantes del documento, entre los que se encuentran el exministro de la Corte José Ramón Cossío, el escritor y periodista Héctor Aguilar Camín, la politóloga Edna Jaime o el economista Enrique Cárdenas. El mandatario mostró además una fotografía de hace años, “por lo que algunos de los aludidos ya no forman parte de ese consejo”. En cualquier caso, lo más grave es el intento de jefe de Estado de presionar a ciudadanos que ejercen un derecho constitucional. “Formar parte de asociaciones civiles para impulsar causas de interés social es un derecho y en muchos sentidos un deber cívico”, señala el escrito.

El artículo 9 de la Constitución consagra que “no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”. Los colaboradores de la organización recuerdan que “las democracias se constituyen en tejidos sociales fuertes con los que la ciudadanía se organiza y participa. Así que las expresiones del presidente contradicen su declarada vocación democrática”.

Cossío, que ya en otras ocasiones sufrió el acoso público de López Obrador, manifiesta su preocupación por tres razones. En primer lugar, “que sea una asociación de la sociedad civil la que sea atacada”. Una organización que, recuerda, también formuló denuncias que afectaron a las Administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Además, las diferencias de posiciones entre el presidente de la República y unos ciudadanos que están ejerciendo un derecho de asociación no deberían suponer ningún problema. “En tercer lugar, el país tiene una cantidad enorme de problemas como para que el presidente le dedique tanto tiempo a un grupo”, continúa el jurista, quien enfatiza que las juntas del consejo asesor están lejos de la imagen que trata de trasladar el mandatario. “Cuando nos reunimos no estamos conspirando ni planeando nada contra López Obrador”.

Los miembros del comité consultivo de Mexicanos contra la Corrupción participan además de forma “voluntaria, gratuita, consultiva, apartidista y temporal”. “Es resultado de nuestra convicción que combatir a la corrupción es una tarea que debe involucrar a toda la sociedad. Las declaraciones del presidente en un contexto en el que denota -como jefe de Estado- a personas específicas constituye un acto intimidatorio que atenta contra el ejercicio de nuestras libertades y derechos fundamentales, así como de las y los ciudadanos de este país”, condenan los firmantes.

Edna Jaime, directora de México Evalúa, ve con inquietud “que se señale la participación de cualquier ciudadano en organizaciones de la sociedad civil”. “Me preocupa, porque parece que fuera algo anormal, cuando es un derecho y algo favorable para la sociedad mexicana”, continúa. La politóloga, que participa en varias iniciativas -este año es vicepresidenta del Foro de París sobre la Paz, por ejemplo- indica que “los modelos de gobernanza exitosos no excluyen a la sociedad civil”. De hecho, hacen todo lo contrario. Y, al igual que Jaime, muchos de sus representantes participan por su compromiso ciudadano, sin recibir dinero.

López Obrador, sin embargo, lleva meses poniendo en la diana a organizaciones como MCCI y a su fundador, Claudio X. González, por supuestos donativos del Gobierno de Estados Unidos a través de la agencia de cooperación internacional USAID por sus siglas en inglés). El presidente llegó a llamar “golpista” al empresario por impulsar una plataforma que reunió a fuerzas opositoras. En realidad, el jefe del Ejecutivo no ha ocultado nunca su molestia con esta y otras reconocidas organizaciones civiles -como Artículo 19, dedicada a la defensa libertad de prensa- por fiscalizar al Gobierno.

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