Escándalos y conflictos de interés en el Tribunal Electoral mexicano

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentra bajo todo tipo de presiones. La sala superior debe calificar los comicios de junio de 2021, las más grandes de la historia de México con la renovación de la Cámara de Diputados y la elección de 15 gobernadores y otros 2.000 cargos. Los siete magistrados que la componen —quienes llegaron al cargo propuestos y votados por los partidos políticos en 2016— pueden anular cualquier proceso y revertir los resultados de las competencias. En los últimos meses, sin embargo, este órgano único en su tipo en el país se encuentra tocado por escándalos de corrupción y acusaciones de conflictos de interés que debilitan la principal fortaleza de un juez, su independencia. La credibilidad de su presidente está en entredicho pues enfrenta señalamientos de enriquecimiento inexplicable. Además, durante los dos últimos años, los magistrados han inclinado aún más la balanza de cercanía partidista con contrataciones de exfuncionarios muy cercanos a la Administración de Enrique Peña Nieto.

“Es tanta la incertidumbre que genera el Tribunal Electoral que no es exagerado decir que hoy es posible ganar en la mesa lo que se perdió en las urnas”, señala Javier Martín Reyes, profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. “La mayoría de sus integrantes ha dictado sentencias insostenibles en términos jurídicos y que evidencian una clara subordinación al poder en turno”, añade el académico.

El miércoles 8 de agosto de 2018, Andrés Manuel López Obrador entró por las puertas del Tribunal como el ganador indiscutible de las elecciones presidenciales. El político arribaba a finiquitar un formalismo, recoger la constancia que lo convertía oficialmente en presidente electo. Quienes estuvieron dentro de la sesión solemne describen la complicidad entre los funcionarios y el régimen que llegaría al poder el 1 de diciembre. “Había quienes estaban cerca de desnucarse con tal de cruzar una mirada con el presidente”, cuenta una persona presente en el acto y que no quiere que sea citado su nombre. Aquella mañana hubo varias peticiones para cambiar la disposición de los asientos. Muchos querían sentarse en los pasillos, cerca de López Obrador o saludarlo en su ingreso o su salida. Comenzaba el eclipse del poder en turno a los jueces encargados de impartir justicia a los partidos.

El nuevo Gobierno llamó pronto a la puerta del tribunal. El sábado 8 de diciembre de 2018, siete días después de que López Obrador jurara el cargo, un grupo de personeros desayunó con la magistrada Janine Otalora, presidenta del Tribunal Electoral. Los interlocutores eran Julio Scherer, el consejero jurídico de la presidencia; Arturo Zaldívar, juez de la Suprema Corte y quien semanas después se convertiría en titular del Poder Judicial, y un senador de Morena, el partido del Gobierno, según han confirmado a EL PAÍS dos participantes del encuentro. Buscaban que Otálora apoyara en la votación, programada para horas más tarde, de un proyecto que invalidaba las elecciones de gobernador de Puebla de julio, donde el conservador PAN se había impuesto a Morena en una cerrada elección. El grupo abandonó el encuentro sin compromiso de Otálora. El voto de la presidenta fue determinante para avalar el triunfo, cuatro votos contra tres, de la panista Martha Érika Alonso, quien falleció en un accidente aéreo 16 días después.

Janine Otálora renunció a la presidencia del tribunal el 23 de enero de 2019. La magistrada lo había presidido desde noviembre de 2016 y aún le restaba más de un año para agotar cuatro años de mandato. La jueza tiró la toalla al reconocer en un comunicado que el país vivía “una nueva época” y que daba un paso atrás para “adaptarse a los cambios” y facilitar la transición del TEPJ. En su lugar quedó el magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien llegó al cargo en la misma fecha que Otálora pero impulsado por la bancada del PRI en el Senado.

La llegada de Fuentes Barrera aceleró un proceso de veloces cambios al interior del organismo. Era un presidente sustituto y debía cubrir los 22 meses faltantes de la gestión de Otalora, ocho de ellos en plena pandemia. Fuentes Barrera realizó 798 movimientos al interior del Tribunal, que tiene 1.535 plazas de trabajo. En solo 18 meses, el interino dispuso cambiar al 51% del personal de la institución de acuerdo a documentos revisados por EL PAÍS. La mayoría de estos ajustes fueron de mandos medios y superiores.

Muchos de los perfiles elegidos por Fuentes Barrera tienen vínculos con grupos políticos. Especialmente con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). No existe ninguna prohibición en la ley para que personas con antecedentes en los partidos políticos desempeñen cargos en el Tribunal, pero las simpatías del magistrado fueron claras. El presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) lo propuso en noviembre de 2015 en una terna para ocupar un asiento en la Suprema Corte de Justicia. La vacante fue resuelta con el polémico Eduardo Medina Mora. “Esta es una de las muchas caras de la partidización del Tribunal. Es gravísimo para un Tribunal que debería ser y parecer lo más independiente posible respecto de los partidos”, considera el académico Javier Martín Reyes, quien fue asesor de Otálora dentro del Tribunal.

Entre las altas aprobadas por Fuentes Barrera estuvo la de Gabriela Chágary Lammel y Vicente Barrera Rodríguez como Directora General de Relaciones Institucionales y asistente del coordinador general de asesores, respectivamente. Antes de llegar al Poder Judicial, ambos formaron parte del equipo de escritores de discursos de Enrique Peña Nieto en Los Pinos.

Luis Raúl Flores Arreola se convirtió en jefe de unidad en la Dirección General de Sistemas. En el Gobierno anterior, Flores fue el secretario particular de Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública (SFP) y Fiscal general durante la Administración priista. Mientras otros colaboradores de Peña Nieto son perseguidos por el actual Gobierno de López Obrador, Gómez fue una de las pocas exfuncionarias que tuvo continuidad en el servicio público federal. Desde enero de 2019 es contralora del Poder Judicial. Otros exempleados de Gómez en la SFP y la PGR también hallaron cobijo en el Tribunal Electoral. Es el caso de Jorge Mier y de la Barrera, quien se desempeñó hasta noviembre de 2020 como Coordinador general de asesores del presidente Fuentes Barrera con un sueldo de 121.000 pesos.

No todos los nombramientos tienen vínculos con el PRI. Entre las altas registradas en 2020 se encuentra la de María Creel Garza Ríos, hija de Santiago Creel, quien fue el secretario de Gobernación (Interior) del presidente Vicente Fox (2000-2006) y uno de los perfiles más destacados del conservador Partido Acción Nacional (PAN). Creel Garza Ríos, quien egresó de la licenciatura en la UNAM en 2015, se desempeña como dictaminadora dentro de una secretaría administrativa con un sueldo de 86.000 pesos mensuales.

Contrataciones y escándalos

Otro cambio se hizo en el área de Protección institucional, encargada de la seguridad, vigilancia y protección de la red del organismo y que tiene uno de los sueldos más altos dentro del Tribunal: 118.800 pesos mensuales. Fuentes Barrera eligió como director general a Otoniel López Treviño, quien tiene experiencia en la materia, pero carece de un título universitario de acuerdo al currículum consultado por EL PAÍS, uno de los requisitos de la normativa interna del Tribunal. López Treviño trabajó, desde enero de 1994 y hasta agosto de 2011 en el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), el centro de espionaje mexicano.

En sus casi 20 años en el Cisen, López Treviño coincidió con el ahora magistrado electoral José Luis Vargas Valdez, quien trabajó en el centro de Inteligencia entre 2007 y 2010. Vargas, quien trabajó también un tiempo bajo las órdenes de Santiago Creel en Gobernación, llegó al Tribunal impulsado por senadores del PRI en 2016. Tenía a su cargo la Comisión de Administración del órgano hasta que en noviembre se dio un enroque. Él tomó el relevo de Fuentes Barrera en la presidencia del organismo y este pasó a encabezar las tareas administrativas.

Los tres meses de Vargas a la cabeza de la institución han estado rodeados de polémicas. En noviembre, el diario Reforma hizo público que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda había acudido ante la Fiscalía meses antes a realizar una denuncia por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El patrimonio del magistrado, quien tiene una larga carrera en la Administración pública y como litigante al servicio de políticos, despertó la sospecha de las autoridades. En seis años, el juez gastó 36 millones de pesos (1.7 millones de dólares) más que sus ingresos declarados. El fiscal de la UIF argumentó que tan solo en tarjetas de crédito el abogado había erogado 29 millones de pesos en el periodo cuando había afirmado haber ganado 16 millones. Vargas rechazó en un comunicado las acusaciones señalando que el origen de su patrimonio “es perfectamente lícito y está plenamente acreditado”.

La cercanía de los jueces electorales y los políticos no es nueva. Los expertos consideran que el pecado original para la actual conformación del Tribunal se cometió el 11 de octubre de 2016. Ese día el PRI y el PAN, los partidos mayoritarios en el Senado entonces, votaron por extender el mandato de cuatro de los siete magistrados. Los partidos de izquierdas, entre los que estaba Morena, se opusieron a la propuesta urdida por el consejero jurídico del presidente Enrique Peña Nieto, Humberto Castillejos. Tras el aval del Congreso, los magistrados Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez pasaron de un cargo de 6 años a uno de 8. Los magistrados Mónica Soto, Janine Otálora y Felipe de la Mata quedaron con el mismo plazo de 9 años. Estos cinco funcionarios calificaron la elección de 2018 y lo harán también de las presidenciales de 2024. Vargas, quien preside el Tribunal, pasó tras la votación legislativa de 3 años a 7 al igual que Indalfer Fernández. Ambos dejarán el órgano en noviembre de 2023.

Para Javier Martín Reyes, especialista en derecho constitucional y electoral, aquella votación lanzó un mensaje claro de los partidos a las y los magistrados. Los políticos podían premiarlos con designaciones y ampliaciones en los plazos, pero también podían castigarlos. “Por desgracia, la mayoría de sus integrantes ha actuado en consecuencia. Los magistrados que antes solían favorecer al PRI ahora juegan a favor de Morena y sus aliados, es decir, la nueva coalición dominante”.

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