EE UU pone otra vez bajo la lupa los nexos de las autoridades mexicanas con el narcotráfico

La justicia de Estados Unidos ha incluido a otra figura clave de la guerra de México contra el narcotráfico en su lista de pendientes. La detención del general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa en la Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), es el último golpe a un mando gubernamental de alto perfil y ha vuelto a poner en la mira las sospechas de los vínculos que las autoridades mexicanas han tenido con grupos criminales. El nombre de Cienfuegos se suma al de Genaro García Luna, zar antidroga del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), y los de dos de sus subalternos: Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. Mientras los escándalos se multiplican en el país, los acusados no responden en los tribunales mexicanos, sino en la Corte del Distrito Este de Nueva York, a 3.000 kilómetros de la frontera.

“Es un asunto grave, sin duda, porque la acusación, de probarse, va a significar que no había un Gobierno independiente, sino que había, si no un narco-Estado, un narco-Gobierno, eso es gravísimo”, declaró López Obrador el pasado 23 de septiembre en su conferencia matutina. El presidente de México ha capitalizado el juicio a García Luna, quien se declaró inocente la semana pasada, como un arma política contra Calderón, su principal antagonista. “Son instituciones fundamentales para el desarrollo de nuestro país, pilares del Estado y son tan fuertes que ni asuntos como la involucración de un secretario de Defensa en casos de narcotráfico los debilitan”, ha dicho este viernes sobre la captura de Cienfuegos y ha aprovechado para defender la consulta popular sobre enjuiciar o no a sus cinco predecesores: “No podemos seguir con un régimen corrupto, imagínense la vergüenza de que se detenga al que fue jefe de la Policía con Calderón y ahora al secretario de Defensa del pasado Gobierno”.

Los últimos casos demuestran que los escándalos políticos se cocinan en México y el trabajo judicial se concreta en Estados Unidos. La Corte Este de Nueva York no solo ha sentado en el banquillo de los acusados a García Luna, también sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán. Fue en el juicio contra el líder del cartel de Sinaloa que los primeros detalles escabrosos sobre los sobornos, los pactos para hacer la vista gorda y el tráfico consentido de drogas sacudieron México.

Las revelaciones, sin embargo, no quedaron en anécdotas. Se baraja que varios testigos clave en el juicio de El Chapo vuelvan a colaborar para poner tras las rejas al exsecretario de Seguridad de Calderón, en un juicio que amenaza con salpicar al exmandatario. El hermano de Ismael El Mayo Zambada, Jesús El Rey Zambada, socio de Guzmán en Sinaloa, declaró que la organización le había pagado millones de dólares.

El expresidente se deslindó al asegurar que no tenía conocimiento de los crímenes por los que se acusaba a uno de sus hombres de máxima confianza. Además, las pesquisas arrojaron los nombres de Cárdenas Palomino y Pequeño, que han ocupado posiciones de poder en prácticamente todas las oficinas de seguridad federales, sobre todo durante los Gobiernos del conservador Partido Acción Nacional, primero con Vicente Fox (2000-2006) y luego con Calderón.

El caso de Cienfuegos sienta un precedente, incluso, más grave. México no recuerda a otro militar de un rango similar enjuiciado en Estados Unidos. Se trata del golpe más importante al Ejército mexicano desde la detención de Jesús Gutiérrez Rebollo en 1997, considerado el zar antidrogas del Gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), condenado en 2007 a 40 años de prisión por vínculos con el crimen organizado. Rebollo fue señalado por proteger al cartel de Juárez, pionero en el tráfico de drogas a Estados Unidos y uno de los grupos criminales más poderosos en los años ochenta y noventa.

Las acusaciones por narcotráfico han alcanzado ahora a Cienfuegos, detenido a petición de la DEA. Las sospechas de pactos y grupos criminales protegidos ya habían estado presentes en los casi 15 años de guerra contra el narcotráfico, pero la imagen de que algunos actores eran intocables también. EE UU, que detuvo por sorpresa a Cienfuegos en un aeropuerto según las primeras versiones, espera que esa fotografía se haga añicos.

“Siempre hubo sospechas de corrupción, pero nada a lo que pudiéramos hincarle el diente. Era un poco insólito porque México siempre ha puesto a los militares en un pedestal”, ha declarado Mike Vigil, antiguo jefe de operaciones internacionales de la agencia antidrogas, a Associated Press. Ese pedestal ha crecido durante el Gobierno de López Obrador, que ha aumentado el poder del ejército con concesiones y protagonismo en tareas como la construcción de un nuevo aeropuerto en Santa Lucía, a las afueras de Ciudad de México, y la conformación de la Guardia Nacional, de corte castrense.

Esta misma semana una investigación reveló que mientras el bloque gobernante decretaba la extinción de 109 fideicomisos, el Gobierno realizó un incremento histórico a los fondos militares a través de otros cuatro fideicomisos. “Reconozco en él su lealtad a la patria. Agradezco la colaboración del general secretario Salvador Cienfuegos”, escribió López Obrador en Twitter tras anunciar la designación como nuevo secretario de Defensa de Luis Crescencio Sandoval, quien había sido ascendido en 2017 como comandante de la cuarta región militar por Cienfuegos.

En poco más de dos décadas, 12 generales mexicanos han sido detenidos, casi todos por sospechas de vínculos con el narcotráfico y corrupción, según adelantó el semanario Zeta. Vigil, por ejemplo, aseguró que ya había oído rumores desde 2012 sobre Cienfuegos. La desconfianza de la Casa Blanca hacia varias corporaciones mexicanas es un hecho patente, una criba que apenas logra superar la Marina, y que ha sido retratada, incluso, en varias series y películas sobre narcotraficantes mexicanos. Durante el llamado Culiacanazo, el operativo fallido para detener el año pasado a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, revivió la discusión sobre las filtraciones que el ejército hace a los carteles, una acusación que no ha sido demostrada en los tribunales mexicanos, pero que puede tener nuevas revelaciones en EE UU.

No es un problema solo de la milicia. Por los corredores de los tribunales estadounidenses han pasado exgobernadores, narcotraficantes, empresarios, exfiscales y líderes de sectas que se habían escondido en México. La fragilidad del sistema judicial del país, donde la probabilidad de que un delito se resuelva ronda solo el 1%, según la organización Impunidad Cero, ahonda la brecha de la impunidad y de la falta de confianza de los denunciantes en las instituciones.

En el juego de las delaciones a cambio de sentencias reducidas, la incógnita es la cadena de traiciones que llevaron a la captura del exsecretario de Defensa y los indicios que tienen los agentes de EE UU para llevarlo a la justicia, sobre todo al tratarse de una figura en la primera línea del escalafón militar. Al sur de la frontera, la mira está puesta en las elecciones de 2021, un plebiscito masivo en torno a la figura presidencial, y en un Gobierno que ha optado por facilitar el trabajo de sus homólogos estadounidenses. “Hay una colaboración estrecha del Departamento de Justicia y otras agencias con la Fiscalía General de la República”, dijo López Obrador la semana pasada sobre el caso García Luna.