Familiares de los sindicalistas condenados por conspiración en Venezuela luchan por su libertad

A inicios de agosto, seis sindicalistas fueron condenados a 16 años de prisión por un tribunal de Caracas por los delitos de conspiración y asociación para delinquir. Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortes fueron detenidos después de participar en varias protestas donde demandaban mejoras salariales.

A los acusados se les señala como parte integrante de una Unidad de Resistencia Popular, creada presuntamente para organizar acciones terroristas “contra el Estado venezolano y la democracia”, como planificar secuestros, promover protestas y sabotear fiestas patrias.

Entre los elementos que sustentan el procedimiento judicial, afirma el informe del fiscal titular del caso, Elín Teodoro León, pesa un procedimiento de la Dirección General de Contrainteligencia Nacional (DGCIM), que accedió a conversaciones privadas de WhatsApp y realizó un seguimiento de sus actividades.

A más de un mes de su sentencia, familiares y activistas han denunciado irregularidades en sus procesos penales. Organizaciones como el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) temen una nueva ola de represión ante las elecciones que se llevarán a cabo el próximo año.

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