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La ley de seguridad de Boris Johnson agita las calles del Reino Unido

Más de 700 académicos y 150 asociaciones arremeten contra la propuesta legal. Manifestaciones como la de Bristol ponen en guardia al Gobierno

Rafa de Miguel
Ley de seguridad Reino Unido
Operarios de limpieza, este lunes, en la comisaría de Bristol atacada por los manifestantes.PAUL CHILDS (Reuters)

Las protestas contra la nueva Ley de Policía, Delitos, Condenas y Tribunales de 2021 impulsada por el Gobierno de Boris Johnson han elegido un eslogan de brevedad y eficacia tajante: Kill The Bill (Mata la ley), en homenaje a la película del cineasta estadounidense Quentin Tarantino. Downing Street sabe que cuenta con apoyo popular para un texto que endurece la respuesta policial y penal frente a una “era del descontento” que ha agitado las calles del Reino Unido. Más de 150 asociaciones por los derechos humanos y 700 académicos y juristas han cuestionado “el alarmante control que se otorga al Estado sobre el derecho de reunión y protesta” y piden la supresión de amplias partes de la ley.

Todo comenzó en abril de 2019, el “abril del levantamiento”, cuando de la nada surgió un grupo llamado Extinction Rebellion. Reclamaba una respuesta drástica del Gobierno frente a la amenaza del cambio climático, y se granjeó pronto la simpatía de los ciudadanos y los políticos. Sus protestas y actos públicos eran pacíficos. Se encadenaban a puentes, paralizaban el tráfico. Se especializaron en un tipo de actuaciones para las que la Ley de Orden Público de 1986 no tenía una respuesta clara: las “manifestaciones estáticas”. Alteraciones de lo cotidiano sin principio ni final, sin punto de partida ni llegada. Un desafío a la paciencia de las fuerzas de seguridad. La directora de Scotland Yard (como se conoce popularmente a la Policía Metropolitana), Cressida Dick, justificaba la necesidad de una revisión legal que se empeñó personalmente en promover: “Debe servir para hacer frente a unas protestas donde la gente no es manifiestamente violenta ni provoca serios desórdenes, pero que tienen la clara intención de poner de rodillas a la policía y paralizar la ciudad, y están preparadas para usar los métodos necesarios”.

La nueva ley, acelerada por el Gobierno en su tramitación en la Cámara de los Comunes, permitirá a la policía imponer una hora de inicio o de término a cualquier manifestación; establecer un límite de ruido a partir del cual se considere alterado el orden público; aplicar su mandato incluso a una sola persona que proteste en la calle, e imponer multas de hasta 2.900 euros a los que se nieguen a obedecer. Pero la medida que invierte de modo absoluto el marco legal es la obligación de los manifestantes de conocer de antemano las posibles restricciones. El principio clásico de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Hasta ahora, la policía británica estaba obligada a demostrar fehacientemente que había reclamado a los manifestantes que cesaran en su protesta antes de acusarles de actuar ilegalmente. “Exigimos al Gobierno que abandone esta ley y que se implique con la sociedad civil y los actores más relevantes para estudiar entre todos cómo puede protegerse el derecho a la protesta”, han reclamado profesores de Derecho de las universidades de Oxford, Cambridge, Durham o York.

Durante la elaboración del proyecto, el clima social del Reino Unido ha cambiado. En junio pasado, el movimiento Black Lives Matter sorprendió al Gobierno de Johnson en medio de una pandemia que reclamaba toda su atención. La policía optó por mirar hacia otro lado e incluso mostrar solidaridad con un asunto que había despertado rencores e injusticias latentes. Algunos agentes hincaron su rodilla en el suelo ante las protestas. Cuando la multitud derribó la estatua del histórico comerciante de esclavos, Edward Colston, en la ciudad de Bristol, aquellos que reclamaban la restauración del orden público se lo pensaron dos veces antes de inflamar su discurso.

A continuación llegaron las protestas contra unas medidas severas de confinamiento que comenzaban a agotar la paciencia de la ciudadanía. Otra prueba de estrés para una policía a la que el Gobierno exigía cada vez más mano dura frente a las concentraciones multitudinarias en tiempos de distanciamiento social. La chispa final estalló el 13 de marzo. Cientos de mujeres habían acudido a la vigilia organizada en un parque de Clapham, al sur de Londres, para rendir homenaje a Sarah Everard, la ejecutiva de 33 años secuestrada y asesinada por un agente de policía cuando volvía sola a su casa. Fue una minoría la que, al llegar la noche, plantó cara a unas fuerzas de seguridad atrapadas en órdenes contradictorias. Instruidas para mantener la calma, pero empeñadas, finalmente, en dispersar una reunión que se había tolerado a lo largo de la tarde. Las imágenes de mujeres empujadas al suelo y esposadas indignaron a la ciudadanía, sin distinción ideológica.

Miles de personas protestaron frente al Parlamento al día siguiente, y la tormenta perfecta comenzó a formarse cuando la casualidad reveló que los diputados reunidos en Westminster debatían una mastodóntica ley de seguridad minuciosa en el control del derecho a manifestarse, pero que apenas incluía medidas de protección de las mujeres y niñas frente a la violencia de género. “No es este el momento de aprobar precipitadamente medidas muy poco pensadas que imponen controles desproporcionados sobre los derechos de expresión y protesta”, proclamó el diputado laborista David Lammy. “Es hora, más bien, de unir al país e impulsar la necesaria protección de las mujeres frente a la inaceptable violencia, las violaciones y el acoso sexual. Y de acabar con las actitudes misóginas que apuntalan estos abusos”, denunció Lammy, el portavoz de Justicia de la oposición. El caso Everard permitía al líder del Partido Laborista anunciar el rechazo de su grupo a una ley más preocupada en proteger estatuas que mujeres. Pero Keir Starmer pudo comprobar que caminaba sobre un fino alambre. Los disturbios de Bristol del pasado domingo, cuando una minoría de manifestantes convocados bajo el lema Kill the Bill arrasó una comisaría del centro, incendió varios vehículos policiales y provocó heridas a una veintena de agentes, han reforzado la posición del Gobierno de Johnson y puesto en apuros a los laboristas.

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“Las próximas semanas van a ser muy difíciles para la policía”, advertía Andy Marsh, comisario jefe de la región de Avon y Somerset y responsable del operativo desplegado en Bristol, quien resumía en sus predicciones el temor generalizado a que la agitación en la calle vaya en aumento de cara al verano.

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Sobre la firma

Rafa de Miguel
Es el corresponsal de EL PAÍS para el Reino Unido e Irlanda. Fue el primer corresponsal de CNN+ en EE UU, donde cubrió el 11-S. Ha dirigido los Servicios Informativos de la SER, fue redactor Jefe de España y Director Adjunto de EL PAÍS. Licenciado en Derecho y Máster en Periodismo por la Escuela de EL PAÍS/UNAM.

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