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Un juez ordena el arraigo del exfiscal general de Perú

Pedro Chávarry es investigado por ordenar a sus escoltas esconder evidencias que lo vincularían con una organización criminal

El exfiscal Pedro Chavarry, en una imagen de agosto de 2018.
El exfiscal Pedro Chavarry, en una imagen de agosto de 2018. EFE

El magistrado Pedro Chávarry ha sido notificado la mañana de este sábado de una orden judicial que le impide salir de Perú durante los próximos nueve meses, en los que será investigado por encubrimiento. El martes, Chávarry renunció al cargo de fiscal general presionado por las protestas ciudadanas, por las numerosas denuncias por incumplir la Constitución y por las pruebas de su supuesta pertenencia a una mafia del sistema de justicia llamada Cuellos Blancos del Puerto.

La solicitud de arraigo fue realizada por la propia fiscal general interina, Zoraida Ávalos, después de haber recibido el jueves un informe del equipo especial Lava Jato, que investiga posibles actos de corrupción en Perú de la constructora brasileña Odebrecht. Chávarry ha sido imputado por haber ordenado a tres de sus escoltas el pasado 5 de enero violar los precintos de seguridad de una oficina del Ministerio Público para sustraer cajas de documentos con evidencias.

La puerta del despacho del asesor parlamentario de Chávarry, Juan Manuel Duarte, había sido precintada el 4 de enero por el fiscal José Domingo Pérez, del equipo Lava Jato, para buscar pruebas asociadas con la investigación por lavado de dinero que se realiza contra Keiko Fujimori y sus colaboradores. El grupo habría formado en 2011 una organización criminal para blanquear 1,2 millones de dólares procedentes de una caja paralela de Odebrecht para ser utilizados en la campaña presidencial de la líder de la oposición, hija del autócrata Alberto Fujimori.

Cuando el fiscal provincial Pérez volvió el 6 de enero al noveno piso del Ministerio Público a continuar el registro de la oficina encontró los precintos rotos. Pérez pidió ver el vídeo de las cámaras de seguridad, pero le respondieron que estaban desactivadas. Entonces, ordenó precintar la oficina que guarda las grabaciones de las cámaras.

Horas antes de presentar su renuncia, Chávarry aseguró a una radio colombiana que se enteró por la prensa de que sus escoltas habían entrado a la oficina asegurada y que eso se tendría que investigar. Una de las cámaras del circuito cerrado, no obstante, no había sido desactivada. Dos días después, el diario El Comercio publicó imágenes de Chávarry llegando el 5 de enero al noveno piso con uno de los tres escoltas que minutos después rompió el precinto y ayudó a la asesora de prensa del jefe del Ministerio Público a sustraer documentos. Horas más tarde, las imágenes revelaron al fiscal y su personal saliendo del noveno piso cargando una caja grande.

El fiscal José Domingo Pérez aseguró recientemente a EL PAÍS que “lo que estamos viendo es de un nivel delincuencial que no tiene calificación, porque no se espera que eso ocurra en el propio Ministerio Público y sobre todo con personas vinculadas con el (entonces) fiscal de la Nación. Por el riesgo al que se han sujetado, y por poner en peligro su función, probablemente había información que vinculaba a Pedro Chávarry con la organización criminal”.

Desde agosto, Chávarry ha bloqueado, con el apoyo de la bancada fujimorista en el Congreso, una investigación fiscal en su contra por presuntamente pertenecer a Cuellos Blancos del Puerto. El líder de dicha trama, el destituido juez supremo César Hinostroza, ofreció ayuda en 2018 a Keiko Fujimori para evitar que siguiera bajo investigación por lavado de activos. Al parecer, Fuerza Popular no protegerá más a Chávarry. El lunes, la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso, presidida por un fujimorista, pondrá a debate las seis denuncias por infracción constitucional que pesan sobre el exfiscal. 

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