Una magistrada toma el mando de la Fiscalía de Perú tras la crisis desatada por el ‘caso Odebrecht’

Zoraida Ávalos ha asumido interinamente el cargo de fiscal general de Perú este martes, después de que Pedro Chávarry entregara su renuncia a la junta de fiscales supremos —la instancia del Ministerio Público que lo eligió en julio—. Las razones que han forzado su dimisión son dos: su intento de entorpecer las investigaciones del caso Odebrecht y las sospechas de que es miembro de una red de corrupción en el sistema de justicia. Ávalos fue la única magistrada que no votó por el ahora exfiscal, cuando ya circulaban audios de conversaciones de Chávarry con el jefe de la organización criminal llamada Cuellos Blancos del Puerto, el entonces juez supremo César Hinostroza.

Chávarry llevaba cinco meses resistiéndose a la presión social y de todas fuerzas políticas, con la excepción de la bancada fujimorista y el partido aprista. Emprendió una batalla personal para mantenerse en el cargo, no obstante, el pasado viernes se enfrentó al mismo organismo que el pasado julio le había elegido, la llamada junta de fiscales supremos, que le pidió que se apartara para acabar con la crisis de credibilidad que rodea a la Fiscalía. Su permanencia se hizo insostenible.

Una de sus últimas decisiones, tomada la noche del 31 de diciembre, fue retirar a los dos fiscales clave del equipo especial Lava Jato, el nombre con el que se conoce la operación contra la corrupción de la constructora Odebrecht en Brasil. Uno de los magistrados a quien apartó, José Domingo Pérez, investiga a los exmandatarios Alan García, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, y a la líder de la oposición y excandidata presidencial, Keiko Fujimori. La medida desató protestas ciudadanas en varias regiones del país durante Nochevieja y el 1 de enero. Desde agosto, además, Chávarry ha bloqueado, con el apoyo de la bancada fujimorista Fuerza Popular, una investigación en su contra en el Congreso por ser presuntamente parte de la red de corrupción en el sistema de justicia, una mafia llamada los Cuellos Blancos del Puerto. Esta trama está investigada por relaciones con el narcotráfico, sobornos y emitir sentencias ad hoc.

Incluso el presidente de Perú, Martín Vizcarra, trató de permitir el relevo del fiscal a través de una ley procedimental que presentó personalmente en el Congreso. Mientras tanto, crecía la presión social. El pasado jueves nuevamente, miles de ciudadanos salieron a las calles en una docena de regiones del país, en la que denominaron Marcha nacional #FueraChávarry.

La nueva fiscal

Hasta que el magistrado cedió. “En aras de la autonomía del Ministerio Público y a fin de evitar que otros entes autónomos se vean igualmente vulnerados inconstitucionalmente, si soy pretexto para que continúen estos actos ilegales contra la institución a la que represento, presentaré mi carta de renuncia al cargo de fiscal de la Nación”, anunció finalmente Chávarry el lunes por la noche, en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter.

Este martes se formalizó la dimisión y asumió la fiscal suprema Zoraida Ávalos. La junta de fiscales supremos, formada por cinco miembros, solo cuenta con un par de magistrados no vinculados con la trama de corrupción del sistema de justicia: el ex fiscal general Pablo Sánchez y Ávalos.

El futuro del magistrado, que al menos por el momento seguirá formando parte de esa instancia, dependerá de lo que finalmente haga la mayoría fujimorista en el Congreso. Tras la dimisión, el presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales, el fujimorista César Segura informó de que el 11 de enero revisarán las cinco denuncias contra Chávarry por infracción constitucional. Segura se negó a hacerlo durante los últimos cinco meses.

Si el Parlamento aprueba las acusaciones de infracción constitucional, estas seguirán sus trámites en el Congreso hasta que Chávarry pierda el aforamiento y tenga que someterse a investigaciones penales.