El Gobierno de Costa Rica saca adelante su controvertida reforma fiscal a pesar de las protestas
El Congreso lanza un balón de oxígeno con la aprobación de un cambio de calado en el sistema tributario postergado durante casi dos décadas
La Asamblea Legislativa de Costa Rica ratificó este lunes por mayoría una controvertida reforma fiscal que servirá al Gobierno para empezar a revertir el agravamiento diario de sus finanzas públicas. Una alianza puntual entre diputados oficialistas y opositores de varios partidos permitirá al Ejecutivo de Carlos Alvarado (centroizquierda) cerrar 2018 con un cambio de calado que, aunque no generará recursos inmediatos, sí debería permitir al país latinoamericano recobrar la confianza de los inversores internacionales y desacelerar el preocupante crecimiento de la deuda.
La oposición de varios sectores y la huelga que mantienen activa la mitad de los educadores del sector público no ha impedido al Ejecutivo sacar adelante un proyecto que es solo el principio de un proceso de estabilización financiera, según remarcó la ministra de Hacienda Rocío Aguilar. El Gobierno de Alvarado enfrenta un déficit fiscal del 7% del PIB, una deuda del 54% —baja en comparación con la media de las economías más avanzadas del planeta, pero alta en relación con los estándares emergentes— y la incertidumbre sobre la sostenibilidad de los programas que han permitido al país tico erigir un sistema de protección social envidiable a ojos de otros países de América Latina. Son, todos ellos, trastornos que podrían resultar en un enfriamiento de la economía. Costa Rica creció un 3,2% en 2017, pero corre riesgo de que su ritmo de expansión caiga por debajo del 3% este año y el próximo.
Por eso el Gobierno de Alvarado y las fuerzas políticas y sociales que lo apoyan, incluidos sectores empresariales, respiraron con alivio al ver aprobada la reforma fiscal, más aún después de que las dos tentativas anteriores —en 2006 y en 2012— fracasasen por sendos dictámenes de la Sala Constitucional. En esta ocasión, los magistrados avalaron el proyecto con unanimidad y abrieron la puerta para que los legisladores ratificaran la votación favorable que ya había emitido a principios de octubre. En 2019, el proyecto debería aportar ingresos cercanos a los 660 millones de dólares, casi el 1,5% del PIB.
Con 34 votos a favor y 17 en contra —sobre un total de 57 curules—, el Congreso deja la reforma fiscal lista para su entrada en vigor. Los primeros réditos deberían llegar en el primer trimestre del año que viene, por lo que no permitirá aliviar la urgencia de liquidez de Hacienda para afrontar el cierre de 2018. Mientras impulsa otras reformas adicionales —como la del empleo público—, que también requerirán del visto bueno del Congreso, el Ejecutivo pretende captar más financiamiento extranjero en mejores condiciones para mejorar la estructura y el calendario de repago de su deuda.
Mayor presión fiscal
La reforma tributaria recién aprobada incrementa el impuesto sobre la renta que pagan los sectores más acaudalados, grava las rentas del capital y crea una figura fiscal, el IVA, que también obligará a pasar por caja al sector servicios, hasta ahora exento. También establece límites para el gasto público, que pasa a estar sujeto al crecimiento económico, y frena el incremento de las bonificaciones para un sector de trabajadores estatales. Este último punto resultó crítico para la convocatoria de una de las mayores huelgas de las últimas décadas, que comenzó a principios de septiembre con el apoyo de numerosos sindicatos y que aún mantienen en pie los principales gremios del sector educativo costarricense. El paro impidió la conclusión del curso lectivo en la mayoría de los 6.500 centros educativos públicos de primaria y secundaria.
Para Alvarado esta reforma es un triunfo, a pesar de la baja popularidad que le atribuyen las encuestas: supone el primer cambio de envergadura en el sistema tributario en casi un cuarto de siglo, un periodo de tiempo en el que se ha ensanchado la brecha entre gastos e ingresos y en el que los acuerdos políticos para dar solución al problema han brillado por su ausencia. Las reformas fiscales de 2006 y 2012, a pesar de contar con el visto bueno del Congreso, chocaron con el muro del Constitucional. Esta sí pasó la prueba. El magistrado presidente del tribunal, Fernando Castillo dijo a finales de noviembre que los jueces eran "conscientes" de la situación financiera apremiante que enfrenta el país y que compromete las ayudas sociales que evitan que miles de familias —el 21% de la población— caigan en la pobreza.
“Como presidente, he hecho todo lo que está en mis manos para proteger al país de una crisis fiscal como la que vivimos en los ochentas. Hoy Costa Rica da un paso que da estabilidad y confianza”, dijo Alvarado tras la votación de este lunes. Las principales patronales costarricenses también aplaudieron la votación, pero insistieron en la necesidad de poner en marcha políticas urgentes de reactivación económica para compensar el golpe por la mayor carga tributaria. El joven mandatario progresista mantiene un equipo de Gobierno multipartidista que le ha permitido lograr el apoyo empresarial a su proyecto fiscal y el rechazo de los sindicatos de empleados estatales, que le acusan de haberse entregado a las fuerzas de la derecha. Su respuesta se ha centrado en evitar la necesidad de recortes de los programas sociales que han hecho de Costa Rica un país de desarrollo humano superior al promedio continental.
