El Constitucional de Costa Rica aprueba la polémica reforma fiscal del Gobierno

La controvertida reforma fiscal que impulsa el Gobierno de Costa Rica para sanear las finanzas públicas dio hoy un paso clave hacia su aprobación definitiva en el Congreso. La Sala Constitucional dio por bueno el procedimiento legislativo que permitió el 5 de octubre una primera votación favorable para el proyecto, a pesar de la oposición de sectores de trabajadores estatales que mantienen en pie la mayor huelga en un siglo en este país centroamericano acostumbrado a un alto bienestar social.

En una inusual conferencia de prensa, a las 23.00 horas de este viernes, el presidente Carlos Alvarado celebró la decisión: "Ahora tenemos la posibilidad de un segundo debate para abrir una etapa de estabilidad económica (...) Es un paso importantísimo para la generación y las generaciones futuras. Me siento emocionado". A su lado, la ministra Aguilar repitió que el efecto inmediato más importante será la confianza que puedan sentir inversionistas. La previsión es dar votación definitiva en esta última semana del mes noviembre.

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Con una votación unánime los magistrados del alto tribunal dejaron a punto de ratificación una reforma fiscal considerada por las autoridades “indispensable” para evitar que crezca el déficit fiscal (7% del PIB) y el endeudamiento del Gobierno central (54% del PIB). A diferencia de lo ocurrido en 2006 y 2011 con sendas reformas fiscales que se frustraron en la Sala Constitucional, en esta ocasión la propuesta queda encaminada para convertirse en ley en la Asamblea Legislativa, donde hay un apoyo mayoritario reflejado en la votación inicial del 5 de octubre, de 35 votos contra 22.

Con el aval constitucional se espera que la próxima semana los diputados oficialistas y los aliados de la oposición ratifiquen la reforma y lancen una señal de alivio a los mercados financieros, como pretenden el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. El objetivo del Gobierno de Carlos Alvarado es que este paso genere más confianza en financistas y reduzca la presión sobre el tipo de cambio, las tasas de interés y la inflación, indicadores que se han alterado en el último mes, en medio de un clima de incertidumbre y pesimismo para el consumo y la inversión.

La reforma fiscal aportaría al Gobierno en el primer año poco más de 400.000 millones ($660 millones), un monto que equivale solo al 1,5% del PIB y que resulta insuficiente para equilibrar las finanzas, pero indispensable para dar señales positivas ante los mercados desconfiados, según Hacienda y economistas independientes. Así podrá recoger nuevo financiamiento para afrontar en diciembre pago de salarios, de aguinaldos y de préstamos, entre otros. Podría en el 2019 evitar recortar la inversión que caracteriza a este país de índices de bienestar superiores al promedio de América Latina.

El proyecto fiscal consiste en esencia en una ampliación de los contribuyentes sujetos al impuesto de ventas (13%) y al incremento en impuestos a las rentas, además de topes al gasto estatal y a beneficios salariales que recibe una parte de los trabajadores públicos.

El intento por limitar los beneficios de los empleados estatales (superiores a los que gozan los del sector privado) fue uno de los detonantes de la huelga que comenzó el 10 de septiembre con efectos fuertes en la prestación de servicios y que cumplió este viernes su jornada 74. Es ahora la huelga más extensa desde finales de siglo XIX, aunque la mayoría de los sindicatos han dado un paso al lado y la resistencia la dan sobre todo grupos de maestros. Miles de estudiantes han quedado sin posibilidad de concluir su curso lectivo. Parece poco probable el retorno de los educadores a las aulas ahora que el plan fiscal queda al borde de su aprobación.

Alvarado (un joven de discurso progresista de 38 años que tomó el poder hace solo seis meses tras unas elecciones azarosas) y su ministra de Hacienda, Rocío Aguilar (una abogada cercana a tareas financieras que inspira confianza en empresarios), insisten en que la reforma fiscal es el primer paso para arreglar un desbalance que ha crecido durante casi dos décadas. La comparan con un medicamento por desagradable y necesario. Si no se toma, sería imposible para Costa Rica mantener las prestaciones estatales para las familias de menos recursos y evitar que la cifra de pobreza sea mayor que el 21% actual, mencionan las autoridades como parte de una fuerte campaña informativa que han impulsado para promover el proyecto fiscal. Las opiniones negativas sobre el Ejecutivo, sin embargo, pasaron de 42% a 55% en dos meses, según una encuesta de la Universidad de Costa Rica (UCR) publicada el pasado miércoles.