Siete décadas del fin del Ejército en Costa Rica: una decisión rentable

Costa Rica elevó este sábado una efeméride, la de la abolición del Ejército, a rango de fiesta nacional con la certeza de que sus 70 años sin fuerzas armadas han dado mucho más réditos que una imagen internacional de pacifismo o su ya sabida estabilidad política alcanzada a mediados del siglo pasado. Los beneficios de aquella decisión se miden ahora directamente en números, en un progreso apalancado por la inversión social que se elevó después de 1948, según concluye la investigación estadística e histórica elaborada por un instituto de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Los índices de bienestar que mantienen a Costa Rica por encima del promedio latinoamericano se pueden explicar en parte por el crecimiento que tuvo la inversión en educación y salud después la eliminación del Ejército, determina el estudio del Observatorio del Desarrollo de la UCR. La inversión social se multiplicó por cinco —del 2,6% del PIB pasó al 13,4%— en los 25 años posteriores a la decisión concretada en 1948 por el presidente José Figueres, de origen catalán, aunque la promovieron antes otros políticos de la época. Los investigadores apuntan también a una reducción en el presupuesto para seguridad en ese período, después de que el exrevolucionario Figueres, más por estrategia política que por pacifismo o por cálculo económico, firmara el decreto de la abolición. Esta medida fue posteriormente incluida en la Constitución de 1949.

En esos 25 años posteriores a la desmilitarización Costa Rica elevó del 15% a 35% la inversión en educación y pudo triplicar la cantidad de escuelas (2.610 en el año 1974). También pudo aumentar a 29% del PIB el dinero destinado salud y hacer que se triplicara el porcentaje de seguro social de la población (66% en 1974), según los datos recogidos por los investigadores Alejandro Abarca y Suráyabi Ramírez. Ellos analizaron datos de la base de historia económica del centro de estudios latinoamericanos de Oxford y siguieron un método de “control sintético” para poder precisar los efectos atribuibles a la abolición del ejército.

El avance educativo y sanitario, explican, incidió en que la tasa promedio de crecimiento de la economía pasara de 1,33% del PIB antes de 1949 a 2,44% en la segunda mitad del siglo XX. “Este shock es único en Latinoamérica”, apunta el estudio, que señala a Costa Rica como el país con la segunda tasa de crecimiento más alta en este período. Esta expansión sin precedentes coincide, agrega la investigación, con una serie de cambios institucionales realizados en buena medida gracias a la estabilidad política: en estos 70 años el país solo ha sufrido un intento de golpe de Estado (1955), que se acabó resolviendo por la vía diplomática. “Nuestros resultados proporcionan pruebas empíricas sólidas para afirmar que la abolición del ejército de Costa Rica contribuyó significativamente al desarrollo a largo plazo del país”, se lee en el estudio.

El presidente costarricense, Carlos Alvarado, elevó este sábado el rango a la celebración y homenajeó a la figura de “Don Pepe” Figueres, fallecido en 1990. Además, el Presidente reiteró su mensaje político sobre la necesidad de “abolir” el consumo de combustibles fósiles, en la línea ambiental de “descarbonización” que se propuso desde que tomó el poder, el 8 de mayo. También condecoró a la antropóloga y economista Christiana Figueres, hija de “Don Pepe” y líder mundial de la lucha contra el cambio climático.

En un paralelismo con los beneficios económicos que tuvo la abolición del ejército, a pesar de que no eran el propósito, Christiana Figueres participó en el acto oficial mediante una comunición desde India y dijo que la descarbonización de la economía puede traer a largo plazo réditos al desarrollo y las finanzas de los países. Costa Rica se ofrece ahora como sede en noviembre de 2019 para la Cumbre del Clima (COP25), tras la decisión de Brasil de no auspiciarla como estaba programado.

El 70 aniversario de la abolición y la revelación de su impacto en el progreso se cruzan con un momento de incertidumbre en las finanzas públicas y dificultades para sostener la inversión social. Para ello el mandatario impulsó una reforma fiscal que podría aprobarse de manera definitiva esta semana, pese a la oposición de gremios de trabajadores públicos reflejada en la huelga que mantienen miles de educadores del sistema estatal.