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La ley de plazos minimiza las muertes por abortos clandestinos en Uruguay

Entre 2001 y 2012, antes de la legalización de la interrupción del embarazo, las cifran oficiales estiman que fallecieron 31 mujeres. Ahora, esta tasa es casi cero

Seis años después de la aprobación de la ley de plazos que legalizó el aborto, Uruguay casi ha erradicado las muertes de mujeres por interrupciones de embarazo clandestinas. Además, la mejora de la atención a la salud reproductiva ha disminuido los embarazos no deseados y las autoridades constatan una clara mejora de la salud materna y neonatal. Con un promedio de 815 abortos mensuales, las estadísticas muestran que el número de intervenciones es estable. De 2013 a 2016 solo se registraron tres muertes por abortos inseguros.

Una manifestación en Montevideo en apoyo a la legalización del aborto en Argentina, este miércoles.
Una manifestación en Montevideo en apoyo a la legalización del aborto en Argentina, este miércoles. AP

Uruguay autoriza desde 2012 la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas. Solo este país, Cuba y Guyana tienen una ley de plazos en Latinoamérica. Entre 2001 y 2012, antes de su aplicación, las cifras oficiales estiman que fallecieron 31 mujeres por abortos clandestinos en Uruguay. Desde la aprobación de la ley, esta tasa es casi igual a cero. 

La legalización fue la respuesta política a una demanda social —la mayoría de la población, de unos 4,5 millones de habitantes, aprobaba la medida—, pero el proceso de despenalización había empezado más de una década antes, cuando los médicos del principal hospital materno-infantil del país —el Pereira Rossell de Montevideo— se enfrentaron a varios casos de muertes por aborto ilegal en poco tiempo y decidieron poner en marcha un sistema de prevención en el límite de legalidad.

El pilar del cambio fue la construcción de un sistema estadístico, basado en datos hospitalarios, que permitió definir el alcance del problema y hacer un seguimiento continuado. Uruguay se ha destacado en la región por ese esfuerzo en acumular información fiable, que ha permitido abrir un debate documentado sobre la interrupción del embarazo. Después, equipos de ginecólogos, obstetras, parteras y psicólogos (principalmente en el Pereira Rossell) empezaron a orientar a las mujeres que querían abortar para que lo hicieran de manera segura.

Así, generalizaron el uso del misoprostol, utilizado para tratar las úlceras, pero declarado medicamento esencial por la Organización Mundial de la Salud por sus propiedades para inducir el aborto evitando las hemorragias. Los médicos uruguayos no lo podían recetar, pero explicaban cómo utilizarlo y recibían a las mujeres en sus consultas en el proceso de interrupción del embarazo.

Objeción

La compra del fármaco debía hacerse en el mercado negro, algo que fue cada vez más fácil en todo el país. El uso del misoprostol (o cytotec) es desde hace varios años algo generalizado en muchos países de Latinoamérica donde la interrupción del embarazo está prohibida.

Entre 2008 y 2011, por primera vez en la historia de Uruguay, no se registró ninguna muerte por interrupción clandestina del embarazo, lo que le valió al sistema de prevención uruguayo el reconocimiento internacional y varios premios. Además, el esquema de actuación ha sido copiado por otros hospitales de Latinoamérica. A pesar del rechazo de la ley de plazos en Argentina, donde el Senado tumbó el jueves el proyecto, desde 2007 en las policlínicas de la provincia de Buenos Aires se aplica el protocolo uruguayo con el beneplácito del Ministerio de Salud. Así, en esa zona de Argentina, las muertes maternas por aborto inseguro se redujeron de 32 a 11 entre 2011 y 2014, según un estudio de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia.

No obstante, la implementación de la ley que permite el aborto dentro de las 12 primeras semanas no ha sido un camino de rosas en Uruguay. Un 30% de los médicos del país se han declarado objetores de conciencia y rechazan participar en los procedimientos. La cifra alcanza el 40% en los departamentos del interior de Uruguay, lo cual afecta especialmente a las mujeres de las zonas rurales. En el departamento de Salto, todos los ginecólogos y obstetras se han declarado objetores de conciencia, lo que obliga al Ministerio de Salud a desplazar especialistas desde Montevideo para atender a las mujeres que desean abortar. 

Un ejemplo de éxito para una región que persigue el aborto

A. Arego

Alrededor del 90% de las mujeres en edad de reproductiva en América Latina y el Caribe vive en países con leyes de aborto restrictivas. En seis —El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua, República Dominicana y Surinam—, la interrupción del embarazo está completamente prohibida. Otros ocho Estados lo permiten casi exclusivamente para salvar la vida de la mujer, y solo unos pocos ofrecen excepciones en casos de violación (Brasil, Panamá y Chile, por ejemplo) y anomalías fetales graves. Solo en Uruguay, Cuba, Guyana y en Ciudad de México es legal. El ejemplo uruguayo salió a relucir durante el debate en el Senado argentino. En Argentina, 43 mujeres murieron por complicaciones en abortos clandestinos durante 2016 y 50.000 tuvieron que ser hospitalizadas, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Salud. En México, donde está prohibido en el resto del país, 33 mujeres han muerto en abortos clandestinos en lo que va de año. Por su parte, en Uruguay los datos oficiales cuentan tres muertes. El país es seis años después de la aprobación de la ley el segundo de América con la mortalidad materna más baja del continente, solo por detrás de Canadá, según datos de la Organización Panamericana de la Salud de 2017. Si hace 25 años el aborto era la causa del 40% del total de las muertes de uruguayas, en los últimos diez años las cifras cayeron a un 8%, apunta la revista Gynecology Obstretics.

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