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JAN JARAB / Representante para los Derechos Humanos de la ONU en México

“Esto es solo la punta del iceberg”

El Alto Comisonado de los DDHH de la ONU destaca la gravedad de las desapariciones de las "fuerzas federales" en Nuevo Laredo

El representante del Alto Comisionado de la ONU en México, Jan Jarab, durante la entrevista.
El representante del Alto Comisionado de la ONU en México, Jan Jarab, durante la entrevista.

Hace dos meses México recibió por primera vez en su historia una recomendación de la ONU emitida desde Ginebra. El alto comisionado para los Derechos Humanos exigía frenar y esclarecer los casos de las más de 30 personas que fueron supuestamente detenidas y de las que no se ha vuelto a saber nada. Su representante en México explica la decisión.

Pregunta. ¿Por qué es importante este caso?

Respuesta. Primero por la dimensión, son más de 30 desaparecidos que hemos podido documentar, pero sabemos que hay más. Segundo, porque todo sucede en un espacio muy breve de tiempo —entre febrero y mayo de este año— y tercero porque algunas de las víctimas son menores de edad, incluidos dos chicos de 14 años. Una de las desapariciones ocurre en presencia de más de 100 testigos tras un operativo de la Marina y en dos casos más existen videos.

P. ¿Fue la Marina?

R. No nos pronunciamos sobre la autoría de los hechos, no es nuestra tarea. Si son militares es grave pero también lo es que durante meses opere una formación disfrazada de marinos.

P. ¿Hay un patrón común en los casi 30 desaparecidos?

R. Son casos diversos pero ninguna de las desapariciones se produce durante un enfrentamiento sino que ocurren cuando las patrullas de la Marina, según describen los testigos, se llevan a alguien que está caminando por la calle, haciendo la compra o en una situación ordinaria.

P. Hasta que Naciones Unidas no hace la denuncia nadie mueve un dedo.

R. Es un tema grave y uno de los pocos casos sobre los que nos pronunciamos desde Ginebra. En los últimos meses ha habido tres fases. De febrero a mayo, donde no hubo ni avances, ni investigación ni se tomaron medidas. Una segunda fase durante la que hay un compromiso de las autoridades —no es habitual que funcionarios públicos escuchen durante horas los testimonios de las víctimas— y una tercera fase de espera, sin avances ni resultados. Ha pasado mes y medio de espera y es tiempo de ver resultados.

P. Tras su comunicado cesaron las desapariciones

R. Sí y esto coincide con que la Marina mueve a los elementos que estaban en Laredo y los saca de Tamaulipas. Aunque es un gesto de precaución es también indicativo. Tamaulipas tiene el mayor número de desapariciones de México y hay precedentes de desapariciones efectuadas por la Marina y también en Nuevo Laredo.

P. ¿Cuál es el tamaño de la crisis humanitaria que se vive en Tamaulipas?

R. Es un estado donde tenemos gran dificultad para trabajar sobre el terreno. Es la única oficina de México donde por motivos seguridad no nos permiten movernos por tierra. Tiene las más altas estadísticas en desapariciones y casi no hay periodistas ni organizaciones de Derechos Humanos, excepto en Nuevo Laredo. Por eso tenemos algo más de información y creemos que puede ser la punta del iceberg.

P. Las desapariciones se dieron tras la entrada en vigor de la Ley de desapariciones que habilita protocolos de búsqueda.

R. Ese es otro de los motivos importantes para llamar la atención sobre el caso. Sabemos que hay más de 35.000 desaparecidos y objetivamente es muy difícil investigar muchos de ellos. Pero aquí tenemos un caso claro y reciente. Es una prueba de fuego para medir la voluntad y la capacidad del Estado mexicano para buscar, detener a los autores, reparar a las víctimas y prevenir nuevas desapariciones.

P. Impartir justicia es tarea de héroes. Hubo que llevar el caso a Guanajuato

R. Papel de esta jueza [Carla Macías] es admirable. También del comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo [Raimundo Ramos] a pesar de los intentos por desprestigiar a los defensores ya las víctimas. Un estado de derecho no puede aceptar la desaparición como algo normal, tanto de servidores públicos como de particulares