Detenido un represor chileno que estaba prófugo en Argentina

El coronel chileno Sergio Francisco Jara Arancibia, prófugo de la justicia desde hace un año, cayó en Argentina. La policía lo detuvo en Mar del Plata, la principal ciudad balnearia de Buenos Aires, donde se había refugiado para huir de una condena de 18 años de cárcel por dos homicidios cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Las autoridades argentinas lo entregarán cuanto antes a Santiago.

“El detenido será extraditado a Chile y puesto a disposición de la Justicia para su debido proceso”, difundió el ministerio de Seguridad argentino en una nota de prensa. Jara Arancibia era el prófugo más buscado de Chile desde que el año pasado abandonara su país por un paso fronterizo no autorizado. La policía argentina dio con el paradero del hijo del militar, y a partir del seguimiento de sus movimientos pudo dar con el prófugo.

El hijo de Jara Arancibia viajó “desde la ciudad de Buenos Aires hacia Salta y Jujuy [en el extremo norte argentino] y nuevamente hacia la Capital Federal para luego trasladarse hacia Mar del Plata", informó el ministerio de Seguridad. La detención se produjo finalmente el domingo pasado, sin violencia ni armas, en una calle transitada del balneario. "Las tareas de inteligencia criminal y la cooperación entre Argentina y Chile fueron claves para determinar su paradero", destacó el ministerio.

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“Permaneció por décadas en la impunidad”, explica la abogada Carmen Hertz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso chileno y víctima del régimen. Hertz detalla que Jara Arancibia formó parte del llamado Comando de la muerte, como se conoció a un grupo de militares de Ejército que actuaron al comienzo de la dictadura en las provincias de Los Andes y San Felipe, al norte de Santiago de Chile. “Detuvieron, torturaron y asesinaron a funcionarios de responsabilidad del Gobierno de Salvador Allende y leales a la Unidad Popular (1970-1973). En julio de 2017, la Corte Suprema confirmó su condena a 18 años de prisión por el homicidio de Rigoberto Achú Liendo y Absalón Wegner Millar, ambos de 31 años, que tenían tres y dos hijos, respectivamente”, agrega la parlamentaria.

Achú era dirigente del Partido Socialista y jefe de Desarrollo Social de San Felipe y fue detenido en septiembre de 1973, en las horas posteriores al Golpe de Estado. Wegner, en tanto, fue tomado prisionero en noviembre. Era médico psiquiatra y durante el Gobierno de Allende se desempeñó como director de Salud de la misma localidad y director de un hospital siquiátrico de la zona. A fines de 1973 ambos fueron acusados de tener armas ocultas, sacados de la cárcel y trasladados al regimiento, donde supuestamente serían interrogados. Pero cuando estaban de camino a la prisión, a solo 40 metros de la puerta, fueron acribillados por la espalda, lo que fue observado por testigos.

El Ejército afirmó en su momento que habían intentado fugarse, pero la Comisión Rettig, que en 1991 certificó las muertes y desapariciones cometidas en dictadura, consideró inverosímil la versión: Achú se encontraba en mal estado de salud a causa de las torturas sistemáticas que se le aplicaron desde el 12 de septiembre, cuando fue detenido, y no podía moverse con facilidad. Se estableció que Wegner, en tanto, nunca eludió a las nuevas autoridades militares luego del Golpe de Estado y que incluso siguió viviendo en la zona, por lo que no resultaba creíble la versión de un intento de escape.

De acuerdo a Hertz, una de las principales abogadas de Derechos Humanos del país, “Jara Arancibia fue detenido en virtud de una colaboración de la Interpol, la Policía Federal de Argentina y la Policía de Mar del Plata”. “Pero existen otros cuatro criminales de lesa humanidad prófugos”, informa la parlamentaria comunista. “Uno de ellos es Ricardo Lawrence, un exoficial de carabineros que fue integrante del comando de exterminio de la DINA, la policía secreta de Pinochet. Conocido como Cachete grande, perteneció al cuartel Venecia, uno de los centros de mayor sadismo. Una se pregunta cuál ha sido la acción concreta y real del Estado chileno para ubicar a estos genocidas”.