Obispos y empresarios nicaragüenses aumentan la presión sobre Ortega

La Conferencia Episcopal de Nicaragua y las principales cúpulas empresariales del país aumentaron este viernes la presión sobre el presidente, Daniel Ortega, para negociar una salida a la profunda crisis política que sacude el país centroamericano y que ya ha dejado casi medio centenar de muertos. En un duro pronunciamiento, los obispos emplazaron al mandatario a que permita “en el menor tiempo posible” el ingreso de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que investigue los hechos violentos de abril, cuando Ortega desató una cruenta represión contra los manifestantes que se oponían a una reforma a la Seguridad Social. La Iglesia nicaragüense también pide al gobernante “suprimir los cuerpos paramilitares y fuerzas de choque” y cesar de inmediato la represión. Los obispos pusieron como límite el mediodía del lunes para que el mandatario —acosado por masivas protestas en las calles— acepte sentarse a una mesa de diálogo.

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El Gobierno de Nicaragua respondió al caer la noche del viernes. La primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo compareció en cadena pública de televisión para leer una carta del presidente Ortega —que lleva sin aparecer en público desde el 30 de abril— en la que afirmaba que “estaba de acuerdo en los puntos planteados” por los obispos y “acogía” las propuestas de la Iglesia, además de estar dispuesto a sentarse a dialogar “lo más pronto posible”. Sin embargo, no daba garantía del cumplimiento de los requerimientos de la Iglesia.

Nicaragua era este viernes un país bajo fuerte tensión. Varias vías de acceso a Managua, la capital, estaban bloqueadas por barricadas levantadas por ciudadanos que exigen el fin del régimen de Ortega. También se registraban cierres de carreteras en las zonas productivas del sur y el centro, una importante región ganadera. Los empresarios valoraron en más de 100 millones de dólares las pérdidas generadas por la crisis. El país cumplió ya 23 días de violencia. El número de fallecidos subió a 49 después de que colectivos armados del Frente Sandinista atacaran la madrugada del viernes a los estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y la Universidad Politécnica. Los ataques dejaron tres muertos y al menos 16 heridos.

La tensión generada por una noche de terror hizo que los empresarios, estudiantes y representantes de organizaciones civiles se unieran para presionar a Ortega. En un comunicado común hecho público este viernes dijeron estar listos para participar en el llamado diálogo nacional. “El diálogo es la única alternativa, la única opción que tenemos en este momento”, dijo Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), quien ha sido invitado para participar, por el sector privado, en una futura negociación con el Gobierno.

Una hora después de que empresarios, estudiantes y los representantes de la sociedad civil emitieran su comunicado, los obispos hicieron pública su posición, la más fuerte desde el inicio de la crisis. Con un lenguaje sumamente cuidadoso, en el que evitaron palabras como “exigencias” o “condiciones”, los obispos dijeron que “seria visto como un gesto positivo” del Gobierno que se “den pasos concretos” a requerimientos que permitan sentarse en una mesa de diálogo.

Entre esos requisitos está “suprimir los cuerpos paramilitares, fuerzas de choque que intimidan, coaccionan y agraden a los ciudadanos”, así como no usar a la Policía Nacional “para ningún tipo de acción represiva”. También “detener de inmediato y de modo absoluto todo tipo de represión frente a grupos civiles que protestan pacíficamente” y asegurar “la integridad física de los estudiantes universitarios”, actores importantes de las manifestaciones que han puesto contra las cuerdas al mandatario nicaragüense.

Además, la Iglesia pide que se “respete la dignidad y libertad de las personas”, incluidos los empleados públicos, “no obligándolos a asistir a eventos partidarios”. El Gobierno ha exigido a todos los trabajadores del Estado a mostrar lealtad al régimen participando en marchas donde se gritan loas a Ortega, bajo la amenaza de echarlos de sus puestos.

Uno de los puntos más importantes del comunicado de la Iglesia es el de permitir “en el menor tiempo posible” el ingreso al país de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), para investigar y aclarar las muertes y “desapariciones de nicaragüenses”. Ortega ha rechazado en varias ocasiones que la CIDH ingrese al país. El mandatario exigió al Parlamento –que él controla– la conformación de una Comisión de la Verdad para que investigue los hechos violentos de abril. Ese ente, sin embargo, ha sido abiertamente rechazada en Nicaragua estar conformada por personalidades afines a Ortega. Para los familiares de las víctimas es inaceptable que “los criminales se investiguen así mismos”.

Este viernes el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, se expresó sobre la crisis nicaragüense. En la red social Twitter, Almagró lamentó las muertes del viernes y el ataque a las universidades y solicitó al Gobierno de Ortega que permita el ingreso al país de la misión de la CIDH. De la misma manera se pronunció el Departamento de Estado de Estados Unidos, que en un comunicado dijo además que “aquellos responsables de los asesinatos y de otras violaciones de derechos humanos en Nicaragua deben ser llevados ante la Justicia”.

Tras la violencia de sus huestes del viernes, los obispos, empresarios y estudiantes ponen en una difícil situación al exguerrillero sandinista, que debe demostrar voluntad política para negociar una salida a la crisis que lo ha puesto contra las cuerdas.